20/03/2026
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ASF REVELA QUE LA SECCIÓN XXII NO PUEDE JUSTIFICAR 28 MILLONES DE PESOS, GASTADOS EN UN CURSO FANTASMA
Sayda Morales Bustamante
La Sección XXII del magisterio oaxaqueño enfrenta un señalamiento directo por el manejo de recursos públicos, luego de que una auditoría realizada por la ASF, señaló la falta de comprobación de 28 millones de pesos destinados a actividades educativas que, en los hechos, no pudieron ser acreditadas.
La observación deriva de la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-20000-19-1473-2025, correspondiente al Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la que se revisó un convenio firmado con la Asociación Civil Sección XXII Oaxaca.
De acuerdo con el informe, los recursos fueron asignados para la supuesta impartición de cursos de “Capacitación en Educación Financiera”. Sin embargo, durante la revisión del expediente, la autoridad auditora detectó irregularidades que impiden validar el uso del dinero.
Dentro de los hallazgos se detectó que no se especificaron los lugares donde se llevarían a cabo los cursos; no se identificó al personal encargado de impartirlos; no existe evidencia documental que acredite que los servicios se realizaron; no se pudo comprobar que los recursos se ejercieron conforme a lo pactado.
Ante este escenario, la auditoría estableció un pliego de observaciones por un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 28,000,000 de pesos, además de las cargas financieras generadas hasta su eventual reintegro.
El señalamiento coloca bajo presión a la dirigencia de la Sección XXII, que ahora enfrenta cuestionamientos no solo en el terreno político, sino en el ámbito del manejo de recursos públicos.
El caso resulta particularmente relevante por el papel que la organización ha jugado históricamente en Oaxaca como actor central en la defensa de la educación pública. Sin embargo, los hallazgos de la auditoría evidencian un contraste entre ese discurso y la administración de recursos asignados.
Mientras el sistema educativo en el estado continúa enfrentando carencias estructurales, falta de infraestructura y limitaciones operativas, un convenio por 28 millones de pesos no cuenta con respaldo documental que justifique su ejecución.
La ausencia de evidencia sobre la prestación de los servicios y el destino del recurso abre un escenario que va más allá de una irregularidad administrativa, al tratarse de fondos públicos cuyo uso no puede ser acreditado.
En este contexto, la dirigencia de la Sección XXII queda obligada a aclarar el destino de los recursos observados y a responder por las inconsistencias señaladas en la auditoría.
Porque cuando se trata de dinero público, la exigencia es clara: cada peso debe estar justificado.
Hoy, esos 28 millones no lo están.
