04/06/2022
*International Commission of Jurists*
*Venezuela: los abogados no pueden ejercer su profesión de forma libre e independiente*
03/06/2022
En un documento publicado hoy, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) llama la atención sobre los numerosos obstáculos y restricciones a los que se enfrentan las abogadas y los abogados en Venezuela al ejercer su profesión.
*Las abogadass y los abogados que actúan de forma independiente son frecuentemente sometidos a acosos, intimidaciones, e incluso, a sanciones penales. Las abogadas y los abogados que actúan en casos de alto perfil, particularmente en casos con contenido político o que involucran violaciones a los derechos humanos, están especialmente en riesgo*.
Como demuestra el documento, el entorno institucional no garantiza adecuadamente la independencia del sistema judicial, ni la protección de los derechos humanos.
«*Venezuela se ha convertido en un entorno hostil para el ejercicio independiente y responsable de la profesión jurídica, que es una condición previa para que una sociedad pueda disfrutar de un Estado de Derecho donde se protejan los derechos humanos*», dijo Ian Seiderman, Director Jurídico y de Políticas de la CIJ.
El documento también subraya que, en un contexto de creciente autoritarismo, la situación de la profesión jurídica se ha deteriorado en la última década. Ciertas autoridades públicas, incluyendo fiscales, jueces, oficiales de policía y agentes de inteligencia, han actuado para suprimir o no han implementado las garantías necesarias para facilitar el ejercicio robusto de la profesión legal, lo que es indispensable para estos profesionales desempeñen su papel en la recta administración de justicia. En otras ocasiones, las abogados y los abogados han sido objeto de diversas formas de presión, acoso, intimidación o persecución por parte de particulares que actúan con el apoyo, la tolerancia o la aquiescencia de las autoridades estatales.
“El ejercicio independiente y libre de la profesión legal es esencial para la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos a un juicio justo, al debido proceso y el acceso a recursos efectivos. Cuando las autoridades no protegen la profesión legal, las autoridades también están incumpliendo sus obligaciones jurídicas internacionales de garantizar los derechos de todas las personas”, subrayó Seiderman.
*Los colegios de abogados también han sido objeto de injerencias injustificadas y, por tanto, no han podido desempeñar su función esencial en defensa de la independencia profesional de sus miembros*.
*La CIJ recomienda a las autoridades venezolanas*:
– Cesar y desistir de todas las acciones dirigidas a limitar el ejercicio libre, independiente y seguro de la profesión jurídica, incluyendo la criminalización indebida de abogados y abogadas.
– Llevar a cabo investigaciones efectivas, imparciales e independientes de las amenazas, ataques y acosos cometidos contra abogados y abogadas.
– Garantizar en la práctica la posibilidad que los abogados y las abogadas puedan reunirse durante un tiempo adecuado y de forma confidencial con sus clientes privados de libertad.
– Garantizar el funcionamiento autónomo e independiente de los colegios de abogados, tanto en la legislación como en la práctica.
Antecedentes
*La CIJ ha documentado durante la última década la erosión constante y persistente del Estado de Derecho y de la protección de los derechos humanos en Venezuela. Desde 2014, la CIJ ha elaborado una serie de informes centrados, especialmente, en las deficiencias del sector judicial para garantizar los derechos humanos y la rendición de cuentas*. Los informes Fortaleciendo del Estado de Derecho en Venezuela (2014) y Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho (2015) documentan el desmoronamiento de las leyes e instituciones destinadas a garantizar una administración de justicia justa y un gobierno que actúe dentro de los límites del Estado de Derecho. El informe titulado Lograr justicia por graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela (2017) aborda la falta casi total de rendición de cuentas de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos, así como los obstáculos insuperables a los que se enfrentan las víctimas para acceder a los recursos, la justicia y la reparación. El informe Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: Un instrumento del Poder Ejecutivo (2017) explica la efectiva toma y cooptación del máximo tribunal de Venezuela por parte de las autoridades gubernamentales. El informe juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela (2018) examina de cerca el abuso generalizado del sistema de justicia militar para negar a los civiles el derecho a un juicio justo. El informe Sin lugar para la deliberación: La Asamblea Nacional Constituyente y el desmoronamiento del Estado de Derecho en Venezuela (2019) evalúa la erosión de la separación de poderes en el país, mientras que el informe Jueces en la cuerda floja: Independencia e imparcialidad del poder judicial en Venezuela (2021) examina el deterioro de la independencia de los tribunales y juzgados en el país, especialmente debido a la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia por el poder ejecutivo.
Contactos:
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Jurídica de la CIJ para América Latina. Correo electrónico: [email protected]
Rocío Quintero M, Asesora Jurídica para América Latina. Correo electrónico: [email protected]
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