11/11/2022
Algunos comentarios sobre la propuesta del Frente Amplio de crear el delito de enriquecimiento ilícito. Los delitos que contra la administración pública existentes en nuestro sistema jurídico son el peculado, que se configura cuando un funcionario se apropia de algún bien que tuviere por razón de su cargo; la concusión, que se produce cuando un funcionario, abusando del poder que tiene, obliga o persuade, engañosamente a alguien, a darle dinero u otro provecho; el cohecho, que no es ni más ni menos que la coima; el tráfico de influencias; el soborno; el fraude; el abuso de funciones; la revelación de secretos; la utilización indebida de información privilegiada; la omisión de los deberes del cargo; y el abandono colectivo de funciones. De la comisión de estos delitos puede surgir un enriquecimiento en favor del funcionario que los comete. Incluso, el Código Penal prevé la confiscación de los bienes que sean resultado de esas conductas dolosas. Vemos entonces, que la legislación uruguaya ya castiga el enriquecimiento ilícito, pero sólo el que surge de conductas claramente descriptas en el Código Penal. Lo que propone ahora el Frente Amplio es castigar genéricamente el enriquecimiento ilícito, sin necesidad de probar que el aumento patrimonial del funcionario proviene de una determinada acción ilegal. Concretamente, el proyecto propone castigar al funcionario público que obtenga un incremento patrimonial significativo y que no lo pueda justificar con sus ingresos legítimos. El proyecto dice que, para saber que un funcionario se enriqueció de forma ilícita, la fiscalía lo intimará a que justifique y pruebe razonablemente la procedencia de sus bienes, lo que significa que será él quien tenga la carga de demostrar que el origen de su patrimonio es lícito y no la fiscalía probar lo contrario. El Frente Amplio propone como sujeto activo de este delito, solo a los funcionarios que estén obligados a presentar declaración jurada de bienes e ingresos. Esto genera el problema de que, el único medio que la fiscalía tendría para enterarse que un funcionario puede estar cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito es su propia declaración jurada.
