Richard Anderson, Abogado

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05/06/2026
04/05/2026

Extreme poverty in Latin America

12/08/2025

NUEVOS DATOS DE ICE PUBLICADOS — Más de 75,000 personas sin antecedentes penales arrestadas bajo la ofensiva migratoria de Trump‼️

〽️Nuevos datos federales revelados ofrecen una visión importante sobre la aplicación de las leyes de inmigración durante los primeros nueve meses de la administración Trump — y están generando serias preguntas en todo el país.

Según las cifras recién publicadas por ICE (20 de enero – 15 de octubre), más de un tercio de las 220,000 personas arrestadas no tenían ningún historial criminal. Esto significa que casi 75,000 individuos sin antecedentes fueron detenidos durante operaciones que la administración describió repetidamente como dirigidas a “delincuentes violentos” y “lo peor de lo peor”.

Datos clave de la nueva información publicada:
• Más de 220,000 arrestos de ICE en nueve meses
• Más de 75,000 no tenían antecedentes penales
• ICE realizó un promedio de 824 arrestos por día — más del doble del promedio diario reportado bajo la administración Biden en 2024
• El 90% de los arrestados eran hombres
• Principales nacionalidades: México (85,000), Guatemala (31,000), Honduras (24,000)
• El 60% de los arrestados tenía entre 25 y 45 años
• 22,959 personas optaron por la “salida voluntaria” en lugar de pelear la deportación
• ICE actualmente mantiene detenidas a 65,000 personas en todo el país

Estos registros fueron obtenidos mediante una demanda del Proyecto de Datos de Deportación de UC Berkeley, después de que la administración dejara de publicar información detallada sobre arrestos de ICE a principios de este año.

Los datos no distinguen entre antecedentes criminales menores o graves — y no incluyen los arrestos de la Patrulla Fronteriza, los cuales también han aumentado a través de operativos en varias ciudades de EE. UU.

Con esta nueva publicación, el público obtiene la visión más clara hasta ahora de cómo se está llevando a cabo la aplicación de las leyes de inmigración en todo el país.

12/05/2025

Se reducirán los períodos máximos de validez de algunos Documentos de Autorización de Empleo

WASHINGTON – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) actualizó su Manual de Políticas para reducir el período máximo de validez de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) para ciertas categorías de extranjeros. Esta actualización también incorpora los cambios a los períodos de validez de los EAD establecidos por legislación reciente para garantizar una verificación y un examen adecuados de los extranjeros.

Los períodos máximos de validez reducidos para ciertas categorías resultarán en una verificación más frecuente de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en los Estados Unidos. Verificar a un extranjero con mayor frecuencia permitirá a USCIS disuadir el fraude y detectar a extranjeros con posibles intenciones dañinas para que puedan ser procesados para su expulsión de los Estados Unidos.

“Reducir el período máximo de validez para la autorización de empleo garantizará que quienes buscan trabajar en los Estados Unidos no representen una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses perjudiciales. Después del ataque contra miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por parte de un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, es aún más evidente que USCIS debe realizar verificaciones frecuentes de los extranjeros”, dijo el Director Joseph Edlow.

El período máximo de validez para los EAD iniciales y de renovación cambiará de 5 años a 18 meses para varias categorías de extranjeros:
• Extranjeros admitidos como refugiados;
• Extranjeros a quienes se les ha otorgado asilo;
• Extranjeros a quienes se les ha otorgado suspensión de deportación o de expulsión;
• Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de expulsión;
• Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus conforme a la INA 245; y
• Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o amparo conforme a la Ley de Ajuste de Nicaragua y Alivio para Centroamérica.

Este cambio afecta a los extranjeros con solicitudes de autorización de empleo pendientes o presentadas el 5 de diciembre de 2025 o después de esa fecha, y basadas en cualquiera de las categorías anteriores.

Según lo exige H.R. 1 – One Big Beautiful Bill Act, Ley Pública 119-21, 139 Stat. 72 (H.R. 1), promulgada el 4 de julio de 2025, el período de validez para los documentos iniciales y de renovación de autorización de empleo será de un año o la fecha de finalización del período de libertad condicional autorizado, o la duración del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que sea más corto, para las siguientes categorías:
• Extranjeros puestos en libertad condicional como refugiados;
• Extranjeros a quienes se les ha otorgado TPS;
• Extranjeros a quienes se les ha otorgado libertad condicional;
• Extranjeros con una solicitud de TPS pendiente; y
• Cónyuge extranjero de un beneficiario de libertad condicional para emprendedores.

BRUTAL: La jueza Ellis acaba de destrozar a Bovino, ordenándole que comparezca ante el tribunal DIARIAMENTE para demostr...
10/29/2025

BRUTAL: La jueza Ellis acaba de destrozar a Bovino, ordenándole que comparezca ante el tribunal DIARIAMENTE para demostrar que no está cometiendo más delitos. Se merecía cada palabra 👇

La jueza federal Sara Ellis estalló en la corte, ordenando al alto funcionario Greg Bovino que se presentara personalmente ante ella en Chicago todos los días “para contarme cómo le fue el día”.

“Esto no es una petición”, dijo Ellis. “Va a sentarse conmigo TODOS los días y explicar qué hicieron sus agentes, qué vieron y si cumplieron la ley. Porque, desde mi punto de vista, no lo hicieron”.

Su enfado surgió tras los informes de que los agentes bajo su mando utilizaron gases lacrimógenos a pesar de su orden previa que los prohibía.

Se centró en el caos del fin de semana que obligó a las familias a huir del gas lacrimógeno. “Para que los niños puedan sentirse seguros caminando a la tienda o a la escuela, por eso está usted aquí”, dijo con dureza.

“Estos niños, se pueden imaginar, vieron destrozada su sensación de seguridad el sábado. Y va a costar mucho tiempo recuperarla, si es que alguna vez lo logran”.

La jueza también criticó duramente a la agencia por ignorar repetidamente sus órdenes anteriores. “Cuando les digo que no usen gas lacrimógeno, quiero decir que no usen gas lacrimógeno”, dijo Ellis. “La autoridad de este tribunal no es opcional. No es una sugerencia. Es una orden”.

La Operación Midway Blitz, la represión de la era Trump que supervisa Bovino, ya ha provocado más de 1.800 arrestos en Chicago. Los informes describen a agentes sin identificación visible, utilizando equipo militar en barrios residenciales y, en ocasiones, borrando las grabaciones de las cámaras corporales.

Ellis ha ordenado ahora que todos los agentes lleven cámaras y le presenten informes diarios sobre el uso de la fuerza antes del viernes.

Bovino, a quien Trump elogió en su momento como “un guerrero de la frontera”, anteriormente llamó a Trump “el mejor presidente con el que he trabajado”.

Pero esa lealtad ahora es un problema, como le recordó Ellis: “Nadie está por encima de la ley. Ni sus agentes. Ni su presidente. Ni usted”.

La jueza Ellis acaba de hacer lo que muy pocos han tenido el valor de hacer: interponerse entre la maquinaria autoritaria de Trump y el pueblo estadounidense. Su mensaje fue claro: nuestros hijos merecen protección, no brutalidad política. Dale a me gusta y comparte si apoyas el esfuerzo del juez Ellis para proteger las redadas con gas lacrimógeno de Trump contra familias inocentes.

10/25/2025

Estado actual del programa DACA
• El USCIS no está aceptando ni procesando actualmente solicitudes iniciales de DACA (para personas elegibles para DACA que no hayan solicitado este beneficio anteriormente).
• El USCIS continúa aceptando y procesando solicitudes de renovación de DACA.
• Si bien DACA ahora es una regulación federal, aún existen litigios en curso que impugnan el programa. Esto incluye el caso Texas contra Estados Unidos, que aún no ha recibido una decisión final. Una vez que se resuelva este caso, es posible que el USCIS deba comenzar a tramitar nuevamente las solicitudes iniciales de DACA, pero con limitaciones para la autorización de trabajo para los residentes de Texas, incluida una propuesta para clasificar la acción diferida como tal y no como presencia legal. El actual cierre del gobierno afecta el plazo en el que se emitirá una decisión final. Recomendamos a los solicitantes que consulten primero con un abogado de inmigración calificado para obtener información actualizada sobre este caso y para determinar si presentar la solicitud es la opción adecuada para usted.
• Las personas que deseen prepararse para presentar solicitudes por primera vez, una vez que se resuelva el caso, pueden comenzar a reunir la documentación necesaria.

Current Status of the DACA Program
• USCIS is not currently accepting or processing initial DACA
applications (for individuals eligible for DACA but who have
not previously applied for this benefit).
• USCIS continues to accept and process DACA renewal
applications.
• Although DACA is now a federal regulation, there is still
ongoing litigation challenging the program. This includes
the case Texas v. United States, which has not yet received
a final decision. Once this case is decided, USCIS may be
required to begin adjudicating initial DACA applications
again, but with limitations for work authorization for Texas
residents, including a proposal to code for deferred action
and not lawful presence. The existing government
shutdown affects the timeframe in which a final decision
will be issued. We recommend applicants first speak to a
qualified immigration attorney for additional updates on
this case and to determine if applying is the right step for
you.
• Individuals who may wish to prepare to file first-time
applications, once the case is decided, may to begin to
prepare by collecting the necessary documentation.

10/12/2025

Decenas de miles de beneficiarios de DACA en Texas podrían verse pronto privados de su derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos, y las consecuencias no se detendrán en la frontera estatal.

En enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. dictaminó que ciertas partes de la regulación de DACA de 2022 —las que otorgan autorización de empleo y presencia legal— son ilegales. Sin embargo, el Tribunal conservó la parte de DACA que brinda protección contra la deportación, considerándola legal y separable de las demás disposiciones. Fundamentalmente, el Tribunal también limitó el alcance geográfico de una orden judicial nacional previa al estado de Texas, lo que significa que el efecto práctico de la decisión solo se aplicaría dentro de Texas.

El caso ha regresado al juez de distrito estadounidense Andrew Hanen para determinar cómo debería funcionar DACA bajo la nueva resolución modificada.

Esta decisión es importante porque casi 90,000 tejanos son beneficiarios de DACA, lo que convierte a Texas en el segundo lugar en el país con mayor población de beneficiarios de DACA. Las implicaciones afectan la economía de Texas, la estabilidad de su comunidad y su identidad como estado que atrae talento.

¿Un sistema DACA exclusivo para Texas, sin permisos de trabajo ni presencia legal?

El 29 de septiembre, el gobierno federal presentó una propuesta que describe cómo implementaría el fallo del Quinto Circuito. El plan detalla una estructura de DACA específica para Texas, vinculando el acceso a la autorización de trabajo y la presencia legal a la dirección del beneficiario registrada en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Según este plan, el simple hecho de mudarse a Texas podría provocar la revocación tanto del permiso de trabajo como de la presencia legal en un plazo de 15 días.

De aprobarse, las consecuencias serían devastadoras. Los nuevos solicitantes de DACA en Texas, o quienes vuelvan a solicitarlo después de un lapso, podrían recibir acción diferida, pero no autorización de empleo ni presencia legal. Mientras tanto, los beneficiarios actuales en Texas que obtuvieron DACA antes del 16 de julio de 2021 permanecen protegidos temporalmente por una suspensión judicial. Si se levanta esa suspensión, sus permisos de trabajo podrían ser revocados con tan solo 15 días de preaviso. Si bien las renovaciones de DACA se procesan con normalidad por ahora, estas protecciones podrían cambiar drásticamente con el plan propuesto.

La inacción legislativa y la incertidumbre legal agravan la crisis.

Todo esto ocurre en un contexto de estancamiento en el Congreso. A pesar del apoyo mayoritario y bipartidista a los Dreamers en el Congreso, la oposición de los republicanos y de la administración Trump ha frenado el progreso hacia una solución permanente. El senador texano Cornyn declaró recientemente: "Estos jóvenes, que ya son adultos, se encuentran en una situación muy precaria, pero no ven perspectivas de que se aprueben leyes de inmigración, ni siquiera para ellos, en un futuro próximo".

Los riesgos económicos son reales.

Los beneficiarios de DACA en Texas están profundamente integrados en la fuerza laboral. Se estima que 221,000 tejanos son elegibles para el programa, y ​​el 97% de las personas elegibles para DACA están empleadas. Juntos, aportan $8.2 mil millones en ingresos familiares y pagan casi $2 mil millones en impuestos estatales, locales y federales combinados cada año.

Detrás de estas cifras hay personas reales: maestros, ingenieros, trabajadores de la salud, dueños de pequeñas empresas y empleados de primera línea. Si se revocan los permisos de trabajo en Texas, el impacto económico se extenderá a las aulas, clínicas, lugares de trabajo y pequeñas empresas de todo el estado.

A nivel nacional, si otros estados siguen el ejemplo de Texas, más de 530,000 beneficiarios de DACA podrían verse obligados a abandonar la fuerza laboral en dos años, lo que resultaría en miles de millones de dólares en gastos de rotación, contratación y capacitación para los empleadores. Y simplemente no hay suficientes trabajadores nacidos en Estados Unidos para cubrir la falta de mano de obra.

Este no es un debate teórico. Es un vistazo a lo que sucede cuando cientos de miles de jóvenes, trabajadores y miembros de la comunidad quedan en el limbo, suspendidos entre los tribunales y el estancamiento político.

Ya están surgiendo las primeras señales de alerta.

Los efectos de los cambios legales y administrativos ya se están sintiendo. Desde la orden judicial de junio de 2025 sobre la Ley Dream de Texas, al menos cuatro universidades texanas han impedido que los beneficiarios de DACA reciban la matrícula estatal, lo que limita el acceso a la educación de los estudiantes que desde hace mucho tiempo consideran a Texas como su hogar.

Más de 20 beneficiarios de DACA han sido detenidos por las autoridades migratorias a pesar de sus protecciones, lo que pone de relieve la fragilidad del programa incluso en medio de litigios activos.

En un cambio de política relacionado, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) suspendió recientemente la emisión de licencias de conducir comerciales a extranjeros, incluidos los beneficiarios de DACA, en respuesta a las directrices federales.

Esta restricción tiene un impacto profundo: el 1.1% de los camioneros en Texas son elegibles para DACA, y en Texas, los conductores de tractocamiones siguen siendo una de las ocupaciones más demandadas en el sector energético. Los inmigrantes representan más del 4% de todos los conductores/vendedores y camioneros en la industria.

En resumen: estén atentos a Texas, porque la nación los seguirá.

Texas es un referente. Las decisiones que tomen los tribunales, agencias e instituciones aquí tendrán repercusiones mucho más allá del ámbito estatal.

10/12/2025

Tens of thousands of DACA recipients in Texas may soon be stripped of their ability to work in the U.S. lawfully—and the consequences won’t stop at the state line.

In January 2025, the U.S. Fifth Circuit Court of Appeals held that portions of a 2022 DACA regulation – those that grant employment authorization and “lawful presence” – are unlawful. The Court preserved the part of DACA that provides protection from removal, however, treating it as lawful and severable from the other provisions. Critically, the Court also limited the geographic scope of a prior nationwide injunction to the state of Texas, meaning that practical effect of the decision would apply only within Texas.

The case has now returned to U.S. District Judge Andrew Hanen to determine how DACA should work under the new modified ruling.

That decision matters because nearly 90,000 Texans are DACA recipients, making Texas home to the second largest DACA population in the country. The implications strike at the core of Texas’ economy, community stability, and its identity as a state that attracts talent.

A Texas-only DACA system—without work permits or lawful presence?

On September 29, the federal government submitted a proposal outlining how it would implement the Fifth Circuit’s ruling. The plan details a Texas-specific DACA structure, tying access to work authorization and lawful presence to a recipient’s address on record with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Under this plan, simply moving into Texas could trigger the revocation of both a work permit and lawful presence within 15 days.

If approved, the consequences would be sweeping. New DACA applicants in Texas, or those reapplying after a lapse, could receive deferred action but not employment authorization or lawful presence. Meanwhile, current recipients in Texas who obtained DACA before July 16, 2021, remain temporarily shielded by a court-ordered stay. If that stay is lifted, their work permits could be revoked with only 15 days’ notice. While DACA renewals are still being processed normally for now, those protections could change dramatically under the proposed plan.

Legislative inaction—and legal uncertainty—fuel the crisis

This is all unfolding against a backdrop of congressional gridlock. Despite majority public, bipartisan support in Congress for Dreamers, opposition from Republicans and the Trump administration has stalled progress toward a permanent solution with Texas Senator Cornyn recently saying, “These young people who’ve now grown to be adults have found themselves in a very bad situation but don’t see any prospects for immigration bills, including for them, any time soon.”

The economic stakes are real

Texas’ DACA recipients are deeply embedded in the workforce. An estimated 221,000 Texans are eligible for the program, and 97% of DACA-eligible individuals are employed. Together, they contribute $8.2 billion in household income and pay nearly $2 billion in combined state, local, and federal taxes each year.

Behind those numbers are real people: teachers, engineers, health care workers, small business owners, and frontline employees. If work permits are revoked in Texas, the economic shock will ripple through classrooms, clinics, job sites, and small businesses statewide.

Nationally, if other states follow Texas’ lead, more than 530,000 DACA recipients could be forced out of the labor force within two years, resulting in billions of dollars in turnover, recruitment, and retraining expenses for employers. And there simply aren’t enough U.S.-born workers to fill in the gaps.

This is not a theoretical debate. It is a glimpse of what happens when hundreds of thousands of young people, workers, and community members are left in limbo, suspended between courtrooms and political deadlock.

Early warning signs are already emerging

The effects of legal and administrative shifts are already being felt. Since the June 2025 injunction on the Texas Dream Act, at least four Texas colleges have blocked DACA recipients from receiving in-state tuition, curtailing educational access for students who have long called Texas home.

More than 20 DACA recipients have been detained by immigration authorities despite their protections—highlighting the fragility of the program even amid active litigation.

In a related policy shift, the Texas Department of Public Safety (DPS) has recently suspended the issuance of commercial driver’s licenses to noncitizens—including DACA recipients—in response to federal guidance.

This restriction cuts deep: 1.1% of truck drivers in Texas are DACA-eligible, and in Texas, tractor-trailer drivers remain one of the most in-demand occupations in the energy sector. Immigrants make up more than 4% of all driver/sales workers and truck drivers in the industry.

The bottom line: watch Texas, because the nation will follow

Texas is a bellwether. The decisions made by courts, agencies, and institutions here will ripple far beyond state lines.

At its best, Texas leads with courage and creativity. It was the first state in the nation to pass a law granting in-state tuition to undocumented students who graduated from Texas high schools—a bold, bipartisan move that became known as the Texas Dream Act. That legacy reflects what’s possible when leadership prioritizes collaboration, compromise, and the long-term resilience of the state’s economy and communities.

But in times of division, when uncertainty is sown in fields of fear, we see a different kind of leadership take hold; one that trades courage for caution, and wisdom for reaction. If lawful presence and work permits can be revoked in Texas for DACA recipients, other states may not be far behind.

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