24/06/2026
Cuando el miedo no viene de los delincuentes, sino de quienes portan el uniforme
Hay escenas que ninguna familia debería vivir.
Imagine por un instante que va conduciendo tranquilamente junto a su esposa e hijos. Es un día normal. Conversan, ríen, hacen planes. De repente, dos vehículos le cierran el paso. Hombres y mujeres armados descienden apresuradamente. Fusiles apuntan hacia usted y su familia. Gritos. Órdenes. Confusión.
Nadie entiende lo qué ocurre. Solo ven que están siendo tratados como un criminal.
Lo obligan a bajar del vehículo. Lo rodean. Lo registran. Revisan cada rincón del automóvil (sin orden judicial ni testigos presentes). Mientras tanto, usted observa impotente cómo su familia presencia una situación humillante y aterradora.
Y entonces aparece el peor sentimiento que puede experimentar un ciudadano inocente: el miedo a la arbitrariedad.
Porque cuando uno sabe que no ha cometido delito alguno, deja de preocuparse por lo que puedan encontrar y comienza a preocuparse por lo que podrían decir que encontraron.
Es un pensamiento terrible. Un pensamiento que jamás debería cruzar por la mente de una persona en un Estado de Derecho. Sin embargo, muchos ciudadanos lo conocen demasiado bien.
Mientras los agentes revisan el vehículo, la angustia aumenta. Cada movimiento genera incertidumbre. Cada minuto parece una eternidad. Usted ya no teme por la investigación. Teme por quedar a merced de personas que ejercen un enorme poder sobre su libertad.
Finalmente, no encuentran nada.
Nada que justifique la violencia desplegada.
Nada que explique el terror causado a una familia.
Nada que respalde la sospecha que motivó el procedimiento.
Pero lejos de terminar allí, llega un nuevo capítulo de la historia.
Al ciudadano que acaba de ser sometido a una situación traumática, que aún intenta tranquilizar a su familia y recuperar la calma, se le presenta un documento para firmar. Un acta mediante la cual, en esencia, se pretende que renuncie a cuestionar posteriormente el accionar de los intervinientes.
Como si el problema no hubiera sido el procedimiento.
Como si el daño emocional no hubiera existido.
Como si la dignidad de las personas pudiera archivarse con una firma.
La pregunta es simple: ¿qué tan libre es la voluntad de una persona que acaba de tener armas apuntándole a pocos metros de su familia?
Más grave aún es el mensaje que se transmite a la sociedad: algunos funcionarios parecen actuar con la certeza de que jamás deberán rendir cuentas por sus actos.
Esa sensación de impunidad es tan peligrosa como cualquier forma de delincuencia.
Porque cuando un ciudadano comienza a temer a quienes deberían protegerlo, se resquebraja uno de los pilares fundamentales de la convivencia democrática: la confianza en las instituciones.
Nadie discute la necesidad de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La ciudadanía exige una policía fuerte, profesional y eficiente. Pero una policía eficiente no es aquella que intimida a inocentes; es aquella que actúa dentro de la ley, respetando los derechos y garantías de todos.
La lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para sembrar miedo entre ciudadanos honestos.
Ningún niño debería ver a su padre encañonado sin motivo.
Ninguna madre debería sentir que su familia está indefensa frente a quienes representan la autoridad.
Ningún ciudadano debería temer que la verdad dependa exclusivamente de la versión de quienes tienen el poder.
Y ningún funcionario público debería sentirse tan protegido por la impunidad como para creer que nunca tendrá que responder por sus actos.
Porque cuando el poder se ejerce sin control, la justicia deja de ser una garantía y se convierte en una esperanza.
Y en una República, los derechos de los ciudadanos no pueden depender de la esperanza.
Ocurrió en Encarnación en fecha 23/06/2026.
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