Oscar German Latorre

12/05/2023

EL GRAVE ATAQUE AL SISTEMA DEMOCRÁTICO DEBE SER REPELIDO

Al examinar los argumentos del supuesto fraude electoral denunciado por los adherentes de Cruzada Nacional solo puede concluirse que los mismos y sus técnicos informáticos jamás entendieron las claras, precisas y repetidas explicaciones de los técnicos de la justicia electoral sobre el funcionamiento de esas máquinas de votación ni sobre los rigurosos controles y auditorias informáticas a las que fueron sometidos tanto el hardware y el software utilizados o que simplemente nada de eso les importan porque el verdadero propósito es generar violencia y la anarquía poniendo en duda la transparencia del proceso eleccionario.

Según ese grupo político, en el escrutinio de los votos emitidos el software estaba manipulado para que los votos emitidos a favor de los candidatos de Cruzada Nacional sean contabilizados durante el escrutinio a favor de los candidatos del partido colorado Santiago Peña y/o sus listas de senadores y diputados y que varios integrantes de mesas ya se habían percatado de esa anomalía por lo que esa misma noche presentaron las denuncias ante la Policía Nacional.

A ese safari jurídico e informático de cruzada nacional se le sumaron el Partido Liberal Radical Auténtico a través de su derrotado candidato a presidente y algunos adherentes, exigiendo la apertura del sobre 4 para permitir el reconteo de los votos so pretexto de dar transparencia al proceso electoral para descartar la posibilidad de un posible fraude electoral durante el escrutinio. Desde luego, la denuncia de fraude estaba dentro de la agenda de Efraín Alegre con el propósito de embarrar los resultados preliminares del TREP y así generar un descreimiento en la ciudadanía sobre los verdaderos resultados electorales obtenidos.

Finalmente, también se subió a esa carroza de carnaval el Frente Guasu, atreves del Dr. Emilio Camacho que repetía una y otra vez que el juzgamiento correspondía al Tribunal Superior de Justicia Electoral y que dentro de esa función, el mismo podía disponer la apertura del sobre 4, sin que ello importe necesariamente un reconteo de los votos emitidos. Un dislate jurídico sorprendente tratándose de quien se presenta como constitucionalista y experto en Derecho Electoral.

Con esos argumentos esas tres facciones políticas y algunas otras que integraron la concertación nacional estuvieron tratando de menoscabar la transparencia del proceso electoral y la misma confiabilidad ciudadana en la Justicia Electoral.

A estas alturas el TSJE ha rechazado la solicitud de apertura del sobre 4 por considerar que el pedido no tiene sustento jurídico; también desestimó el pedido de auditoria internacional de las máquinas y del software utilizados, precisamente porque las explicaciones sobre el funcionamiento de las máquinas de votación y los controles de su funcionamiento por parte de los asesores informáticos de los distintos partidos políticos y las auditorías sobre la eficiencia y el funcionamiento del hardware y del software utilizados correspondían a etapas previamente cumplidas y agotadas. Claramente las denuncias de fraude presentadas carecen de toda seriedad y tampoco tienen un sustento jurídico que las torne mínimamente serias y admisibles.

Y mientras el juzgamiento de las actas continúa desarrollándose normalmente en el TSJE, el número de manifestantes sigue incrementándose al igual que sus actos de prepotencia y de violencia injustificables.

Entonces, ante la inminencia de que los resultados preliminares del TREP sean finalmente confirmados en ocasión del juzgamiento de las actas, las autoridades policiales y del Ministerio Público deben estar en alerta máxima porque es impensable que este grupo de vándalos y de marginales que integran el grupo de manifestantes se retiren tranquilamente con la noticia de que todos sus esfuerzos para obtener nuevas elecciones han sido absolutamente en vano.

Indudablemente existe un alto riesgo de que el incremento del número de manifestantes tenga por objeto crear una grave perturbación social para seguir coaccionando a órganos constitucionales como parte del perverso plan de ataque al sistema democrático para imponer la anarquía y el Gobierno de un mesiánico.

La respuesta del Ministerio Público y de la Policía deben ser de cumplimiento de la ley que les obliga aprender e imputar a los responsables de esos actos, como se haría en cualquier país en el que el estado de derecho constituya una realidad y no una expresión sin contenido.

La ciudadanía no puede seguir siendo víctima de estas manifestaciones cargadas de coacciones y de violencia y es el momento en que el Gobierno Nacional utilice sus últimas dosis de poder para restaurar el orden público y proteger nuestro sistema democrático.

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21/04/2023

LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE PRENSA, LA CORRUPCIÓN EN TIEMPOS DE EFRAÍN Y DE CALÍGULA

Si los paraguayos estamos de acuerdo en algo, por lo menos en el mensaje mediático es que anhelamos acabar con la corrupción. Ciertamente la corrupción ha debilitado los cimientos de la democracia, ha debilitado a nuestras instituciones y nos ha condenado a los paraguayos a vivir en un país conocido por su creciente inseguridad jurídica.

Si algo he aprendido en estos casi 40 años que llevo de abogado es que el flagelo de la corrupción encuentra su mejor fermento en la impunidad.

Si el crimen no tiene castigo, si no se tiene la idoneidad, la voluntad y el coraje para combatirlo y castigar a los funcionarios responsables y los partícipes del sector privado, la posibilidad de tener éxito en esa dura batalla será simplemente una utopía.

En plena campaña electoral casi todos los candidatos hablan de combatir la corrupción, prometen acabar con los carteles mafiosos, con el tráfico de dr**as y con el contrabando, pero nadie menciona cuales son las estrategias para lograr tales objetivos. Y ese libreto de la campaña electoral lo sostienen personas que han ocupado cargos públicos en años anteriores y sobre los cuales pesan serias sospechas de graves hechos punibles contra el patrimonio público que le ha sido confiado, las propuestas se vuelven sencillamente inverosímiles.

No se puede combatir la corrupción con corruptos o con quienes tienen vínculos comprobados con carteles mafiosos vinculados al narcotráfico o de otros crímenes trasnacionales.

Tal es el caso del candidato a presidente de la República por la concertación, Efraín Alegre, que, si bien es abogado de profesión, no se conoce que se haya dedicado a su ejercicio ni a ninguna otra actividad comercial, laboral o empresarial que presente algún rasgo que se asemeje a lo que conocemos como trabajo por cuenta propia o en relación de dependencia.

Un informe de auditoría del Poder Ejecutivo y otra de la Contraloría General de la República que corresponden al periodo del mandato del presidente Fernando Lugo exponen graves observaciones sobre aparentes inconsistencias e irregularidades durante su gestión como Ministro de Obras Públicas por una suma equivalente a treinta y siete millones de dólares, documentos que deberían de haber impuesto una investigación fiscal en averiguación de los supuestos hechos punibles que surgen de tales informes y, sin embargo, permanecieron congelados en algún cajón del escritorio de quien encubrió tales presuntos delitos.

A ello debe sumarse las denuncias formuladas por sus propios correligionarios en relación a la gestión administrativa y al manejo de los recursos del presidente del partido PLRA, que presentaron varios cuestionamientos que dieron lugar a investigaciones fiscales que poco o nada han avanzado para el esclarecimiento de esos hechos.

Como Presidente del Directorio del PLRA Efraín Alegre se ha caracterizado por su absoluta incapacidad para dialogar con los referentes de la oposición interna, jamás ha tolerado el disenso y no pocas veces ha recurrido al mecanismo de la expulsión partidaria cuando algún disidente se ha atrevido a desconocer o incumplir los mandatos políticos del directorio que el siempre manejó a su antojo y paladar.

Fue esa misma intransigencia, con claros ribetes de un dictador de un país bananero, la que condujo a tan impresentable personaje para negar las acreditaciones a los periodistas de ciertos medios calificados de cartistas con el argumento de que los mismos lo atacaban y cuestionaban permanentemente.

No se trató de una respuesta apurada o un error coyuntural que bien podría ser reparado inmediatamente por los integrantes de la concertación, algunos de los cuales, lejos de reconocer que se equivocaron y que atentaron contra la libertad de opinión y de prensa consagrado en el artículo 26 de la Constitución, se ratificaron de esa medida denotando un absoluto desprecio por la relevante tarea de la prensa en favor de una débil democracia y para transparentar los actos de la gestión pública y denunciar aquellos que podrían presentar serios cuestionamientos con posibles rasgos de relevancia penal.

Podemos compartir o no criterios y opiniones de uno o más periodistas, pero lo que definitivamente está vedado y de toda posible controversia es que en nuestro sistema constitucional la libertad de opinión y del ejercicio del derecho de defensa deben ser respetados y sin censura previa. Luego, las amenazas de cierres de medios de comunicación por las críticas que los mismos formulan en ejercicio de esos derechos, pertenecen a sistemas autoritarios que ya se han presentado como realidades en países como Venezuela, Ecuador, Cuba y algunos otros que aun sueñan con ideologías absolutamente caducas y fracasadas.

Como es de esperarse, todos los medios de comunicación, incluyendo a los propios voceros de la campaña electoral de la concertación y de Efraín Alegre, criticaron inmediatamente la medida, reivindicando el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de prensa sin censura, como instrumentos de lucha contra la corrupción.

Pero esa indignación pocas horas ha durado, pues hoy quienes criticaban al candidato y miembros de la concertación por atentar contra la libertad de prensa, hoy guardan silencio y se limitan a resaltar supuestos hechos de corrupción que habían tenido lugar durante la presidencia de Horacio Cartes. En otras palabras, la propaganda política mendaz, miserable y destructiva se ha reiniciado pocos días de las elecciones generales del 30 de abril próximo y buscan, de esa manera, hacer imperceptible que Efraín Alegre jamás ha tenido las virtudes requeridas para gobernar ni en su propio partido político y que las sospechas de corrupción que pesan sobre él no son una creación de los medios cartistas sino de una auditoría del Poder Ejecutivo y de la Contraloría General de la República del Gobierno de Fernando Lugo, de quien hoy pretenden vender la falsa idea de un apoyo político que en momento alguno ha sido manifestado por quien, lamentablemente aún se encuentra en pleno proceso de recuperación del grave ACV que sufriera varios meses atrás.

A la corrupción la vamos a combatir todos los ciudadanos que queremos un país mejor para nuestros hijos y nietos y es innegable que ese país deseado, con los corruptos condenados y castigados a sufrir p***s privativas de libertad, jamás podremos lograr apostando y confiando el gobierno y el manejo de las arcas fiscales a un sospechado de graves hechos de corrupción y con visibles dotes de un potencial tirano.

La historia de Efraín aparece como una emulación de los tiempos del emperador Calígula en todos los aspectos de su vida.

21/03/2023

POPULISMO Y SERVICIO DE SALUD
En los últimos 17 años la vida me impuso la necesidad de transitar los pasillos de diversos sanatorios y hospitales públicos y privados, nacionales y extranjeros, que me han permitido conocer las grandezas y las miserias de los servicios de salud.
He compartido con médicos, enfermeras y pacientes que provenían de diversos lugares y de condiciones económicas radicalmente opuestas y que solo tenían en común la esperanza de mantenerse con vida o paliar sus sufrimientos.
Esa experiencia personal me ha permitido sorprenderme muchas veces de la forma en que médicos y enfermeras mantienen la dedicación, cordialidad y simpatía en la atención de sus pacientes, a pesar de ser sobrepasados por el número de internados o de los que recurren a los servicios de urgencia, de sus interminables turnos y de una insuficiente retribución salarial que es característica tanto de los servicios de salud pública como privados.
En esos turnos, muchas veces médicos y enfermeras se ven obligados a atender los reclamos de asistencia de un número de pacientes que humana y racionalmente es imposible de asistir.
Recientemente, todos nos hemos visto indignados cuando una mujer embarazada y en proceso de parto se vio compelida a dar a luz en el suelo del Hospital Nacional de Itauguá, sin que pudiera ser atendida oportunamente por el personal de salud. Se trata de una situación humillante a la que ninguna persona puede ser sometida.
Sin embargo, el problema suscitado no puede ser resuelto criminalizando el hecho dado que es indudable que no concurren los elementos objetivos del tipo penal descripto en el artículo 117 del Código Penal.
La persecución penal no puede ser la respuesta a cuestiones manejadas mediáticamente sin profundizar el análisis del verdadero y real problema que enfrenta el servicio de Salud Pública.
El penoso espectáculo de que hemos sido testigos los paraguayos en el Hospital, estrictamente, no ha sido un caso de omisión de auxilio sino la exposición más clara y cruel de que el Gobierno no destina suficientes recursos presupuestarios para que esa joven embarazada y otros miles de paraguayos puedan acceder a un servicio de salud digno, eficiente e integral.
¿Son los médicos y enfermeras los responsables de lo ocurrido o son los legisladores que se niegan a optimizar los recursos que el estado percibe en concepto de tributos?
Queda fuera de toda duda que la destitución de la Directora del Hospital Nacional no resuelve el problema y solo constituye una respuesta populista, injusta y que solo contribuirá a mantener los mismos problemas de la salud publica en detrimento de la población.

28/02/2023

EL POPULISMO Y LOS SUBSIDIOS

Hace unos años atrás un importante productor de yerba mate y te de la Provincia de Misiones contactó con pequeños productores de ka'a he'ẽ del Departamento de Itapúa proponiéndoles adquirir mensualmente varios centenares de toneladas del producto.

Cuando se le explico que la producción local era aún pequeña e insuficiente para satisfacer esa demanda, se le preguntó cuál era el motivo para no intentar incrementar la producción de ka'a he'ẽ en el territorio argentino.

La respuesta fue corta pero precisa, las personas que reciben subsidios del Estado ya no quieren trabajar.

Algunos medios de prensa vienen actuando como verdaderos sostenes de la campaña electoral y parecen estar atentos a cualquier error del candidato Santiago Peña con el propósito de descalificarlo.

Durante días el tema de debate fue resaltar su afirmación de que los argentinos eran haraganes. Evidentemente se trató de una inoportuna generalización al exponer su convencimiento de que para desarrollar el país el estado debe facilitar la creación de más fuentes de trabajo y no recurrir a los subsidios como fórmula populista que solo ha llevado a generar cientos de miles de personas que prefieren recibir el subsidio y dejar de trabajar.

Esa fórmula es la que ha llevado a Venezuela, Argentina y Brasil a conceder subsidios a millones de personas que pasaron a convertirse en un importante capital electoral cuya subsistencia depende de mantener en estado de pobreza y permanente necesidad a los beneficiarios de esos subsidios.

Dice un proverbio chino: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida".

La política de entregar subsidios, salvo casos excepcionales como a las personas de la tercera edad en estado de insolvencia, constituyen acciones populistas en beneficio de la imagen personal y política partidaria del gobernante de turno, que así dispone de mayores recursos de los que el estado percibe generando un déficit fiscal que en un momento dado se convierte en un problema económico y financiero irreversible.

Mientras Santiago Peña se manifiesta abiertamente rechazando el populismo de entregar subsidios, los candidatos de la oposición apuestan una y otra vez a seguir engatusando a una población empobrecida que no encontrará la soga para salir del pozo en el que se encuentra sumida con las propuestas electorales que alegremente se presentan ante los medios de prensa.

El objetivo no es sacarlos de la pobreza sino convertirlos solo en un capital político que les asegure alguna posibilidad de éxito en las próximas elecciones generales.

23/02/2023

Según el Ministerio Público el informe remitido por el Departamento de Estado en relación a la declaración de significativamente corrupto de Hugo Velázquez Moreno es impreciso y carece de evidencias respaldatorias que puedan autorizar un acta de imputación.

Expresado en otras palabras, esa sanción impuesta se basa en un relato mitológico que resulta imposible de ser comprobado.

Las sanciones económicas que siguieron a esa declaración revisten las mismas características y están siendo utilizadas directamente para atacar a los adversarios políticos y confundir a la gente.

Esas sanciones tienen un deliberado intento de incidir en las elecciones generales de nuestro país, una injerencia inadmisible que algunos grupos políticos y medios de comunicación festejan convirtiéndola en el estandarte de la campaña electoral.

Solo cabría preguntar ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta descarada injerencia política de un gobierno extranjero en el proceso eleccionario de nuestro país?

Los límites de la legalidad y de la racionalidad han sido rebasados por completo y lamentablemente parece que están decididos a evitar los resultados electorales que las distintas encuestas están reflejando.

09/02/2023

MALA PRAXIS EN LA DIVISIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Para limitar el derecho a la persecución penal el propio estado establece reglas que deben rigurosamente ser respetadas por los jueces y fiscales intervinientes y cuya observancia son condición de validez del procedimiento y de las sentencias emitidas.

En este sentido la ley procesal establece que: “No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la Constitución, en el Derecho Internacional vigente y en este código, salvo que la nulidad haya sido convalidada…” (artículo 165 CPP).

El juicio será oral, público e ininterrumpido hasta su finalización, previéndose la posibilidad de que un juez pueda ser sustituido durante su tramitación solo en caso de que el juez suplente se encuentre presente en la sala desde el inicio del juicio.

Además, se prevé que el presidente podrá, cuando sea conveniente para individualizar adecuadamente la pena o para facilitar la defensa del acusado, dividir el juicio en dos partes. En la primera se tratará todo lo relativo a la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado y en la segunda lo relativo a la individualización de la sanción aplicable.

Lógicamente, la posibilidad de dividir el juicio en una primera parte donde se juzgará la existencia del hecho y la reprochabilidad del acusado y una segunda donde se aborda exclusivamente la medición de la pena, parte de la inexcusable premisa de que en esas dos partes del juicio intervendrán los mismos jueces.

A pesar de la incontrovertible lógica del precepto legal, algunos magistrados del Tribunal de Apelación, conocidos por generar supuestos principios de derecho y de soluciones mágicas en sus resoluciones emitidas, han confirmado toda la primera parte de un juicio oral y público y anulado exclusivamente la de medición de la pena, ordenando que un nuevo Tribunal de Sentencia se encargue de realizar un juicio oral y público exclusivamente destinado a imponer la pena al acusado.

El absurdo de esta solución impuesta por el Tribunal de Apelación se refleja en el claro apartamiento de los principios de inmediación y continuidad que nuestro Código Procesal Penal imponen como formas de validez del juicio oral y público.

Resulta imposible que los nuevos jueces que no intervinieron en el debate contradictorio, en la producción de la prueba y en el juicio de reproche puedan válidamente limitarse a medir la pena que corresponde al acusado, la que requiere determinar el grado de reproche y las demás pautas contenidas en el artículo 65 del Código Penal.

La mala praxis de unos magistrados, que parecen no haber analizado ni comprendido las reglas del proceso, están imponiendo que un Tribunal de Sentencia distinto realice un juicio oral y público exclusivamente limitado a la medición de la pena, que, por los motivos expuestos, cualquier sentencia que llegare a ser dictada indefectiblemente estará afectada de una insalvable nulidad.

La interpretación de la ley no autoriza que los jueces creen principios de derecho ni ocurran a soluciones mágicas aberrantes, que solo darán lugar a gastos de justicia para transitar un sendero que únicamente conducirá a un abismo que es la sanción de nulidad de la sentencia, sea en la instancia nacional o en los tribunales internacionales.

La Auditoría de Gestión Jurisdiccional del Poder judicial debería intervenir cuando se dan estas sentencias que tornan impredecible y descalifican todo el sistema de justicia penal perjudicando a otros jueces, fiscales, defensores y justiciables obligándolos a transitar por el camino de lo absurdo.

07/02/2023

PUEBLO SOBERANO O COLONIA. THAT IS THE QUESTION

Los análisis sobre el impacto económico y político de las sanciones impuestas por la OFAC a Horacio Cartes y Hugo Velázquez se ha convertido en un tema de nunca acabar.

Parece que pocos entienden de que se trata la sanción y ninguno incluyendo a los técnicos del Grupo Cartes, se encuentran aún en condiciones de evaluar la forma en que esas medidas podrán ser implementadas sin generar gravísimos perjuicios económicos y laborales para las miles de personas vinculadas a esas empresas.

Es necesario señalar nuevamente como la Embajada Americana al igual que cualquier otra, se nutre de las informaciones que luego han conducido a la adopción de esas sanciones administrativas. Y aquí entra en juego la perversa mitología desarrollada por la clase política local que no solo han inundado los medios de comunicación y las redes sociales intentando descalificar a Horacio Cartes y Hugo Velázquez como los enemigos políticos que debían enfrentar y destruir.

Es imperativo comprender que la declaración de significativamente corruptos y las sanciones económicas de la OFAC impuestas a Horacio Cartes y Hugo Velázquez son decisiones políticas adoptadas inaudita parte, es decir, sin posibilidad de los afectados a ejercer previamente su defensa como lo establecen la Constitución Americana y la nuestra. Por ese motivo, las mismas están condenadas a ser dejadas sin efectos sea en sede administrativa o en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Esas medidas, no tienen más respaldo que los reportes e informes originados en sectores políticos o algunos medios de comunicación, incluyendo al actual gobierno de nuestro país que no pasan de relatos de supuestos hechos que no tienen ningún respaldo probatorio. Por ese mismo motivo, las denuncias presentadas ante el Ministerio Publico no permiten que las investigaciones puedan avanzar porque se tratan de relatos muchas veces mitológicos imposibles de ser corroborados. Y como la temeridad de algunos políticos no tienen límites han denunciado a los agentes fiscales que tienen a cargo esas investigaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento alegando que el Ministerio Público supuestamente protege a Horacio Cartes.

Mientras los sectores de la oposición han hecho de las sanciones a Horacio Cartes y Hugo Velázquez el estandarte de su campaña electoral, los colorados parecen que continúan afectados por los resquemores de los enfrentamientos y conflictos pasados, lo que produce una expectativa de victoria en los cuadros de la oposición que así encuentran el escenario propicio para que sus muchos pecados y absoluta falta de propuestas no sean expuestas en la campaña electoral.

Los colorados deben comprender que la victoria electoral depende de no caer en el juego de la oposición que sigue cumplidamente el libreto de divide y vencerás.

Más allá de los inconfesables intereses de los sectores en disputa, la injerencia política de las sanciones económicas de la OFAC ha sido casi indisimulada en plena campaña electoral, por lo que los paraguayos debemos decidir si actuaremos como un pueblo soberano pensante o como una simple colonia en las próximas elecciones generales.

27/01/2023

EL CHISME PARA LA INJERENCIA POLÍTICA

Según el comunicado de prensa del Embajador Americano los un millón doscientos mil ciudadanos paraguayos que le votamos a Horacio Cartes para Presidente de la República en el 2013 habríamos recibido dinero del candidato. Además, que sobornó a los convencionales colorados para modificar el estatuto partidario que permitía su candidatura y a los legisladores de ambas cámaras para obtener leyes en su beneficio, de sus empresas o de sus allegados.

El contenido del comunicado no pasa de ser un “chisme” porque no aportó ninguna prueba para respaldar los hechos en que supuestamente se fundan las sanciones económicas impuestas a Horacio Cartes y a Hugo Velázquez.

Toda sanción, sea penal, civil, administrativa o tributaria, solo puede ser impuesta luego de permitir el ejercicio de la defensa del afectado y debe fundarse en pruebas concretas de los hechos que la motivan. Y eso es así en Paraguay como también en los Estados Unidos.

El comunicado se presenta si como una nueva injerencia de la embajada americana en asuntos internos de nuestro país, con el indisimulado propósito de incidir en las elecciones generales de abril próximo.

Más grave que el contenido del comunicado es el absoluto silencio de nuestra Cancillería, lo que no es de extrañar atendiendo que el Presidente de la República se limitó a expresar a los medios de prensa que esos mismos hechos él ya los había denunciado durante la campaña electoral. La identidad del traidor ha sido revelada.

La ligereza del comunicado hasta me permite suponer que a la embajada americana le han vendido un buzón de información falsa vinculada a través de medias verdades pues solo así se puede explicar una acusación tan grave como la formulada sin la menor posibilidad de ser respaldada por pruebas reales.

El comunicado también resalta la supuesta vinculación de Horacio Cartes con miembros del Hezbolá hipótesis que aparece preliminarmente demeritada si se considera que fue el Gobierno de Cartes el que adoptó la histórica decisión de trasladar la sede de la Embajada Paraguaya en Israel a Jerusalén, a riesgo de las reacciones y enojos que la medida podría representar.

En Paraguay hay sectores políticos vinculados a organizaciones terroristas pero el Embajador se equivocó en la identificación de los supuestos responsables.

Me consta que el Gobierno de Estados Unidos históricamente asistió a fiscales y policías en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos conexos, la lucha contra la corrupción debe ser implacable pero también debe ser sincera y no selectiva ni oportunista. Desde luego, “Siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio”.

Y mientras las aves de rapiña de la política se relamen con el comunicado de prensa y algunos medios de comunicación anuncian la muerte de la candidatura del candidato del partido colorado a la Presidencia de la República, nadie se preocupa por las posibles consecuencias económicas que la sanción puede representar no solo para Horacio Cartes y sus empresas sino para todo el país.

El posible retiro de empresas americanas como Sheraton, Heineken y otras tantas también producirá efectos económicos sobre todos los paraguayos en general.

El anticartismo se ha convertido en una enfermedad de apatrias y maquiavélicos que no dudan en destruir la estabilidad económica del país con el propósito de atacar a Cartes. Ya lo hicieron cuando enviaron el mensaje al mercado internacional de que los bonos del tesoro emitidos por el Gobierno de Cartes no tendrían validez, sin importar las graves consecuencias que tal mendaz información podría haber generado para nuestra estabilidad económica.

Tengo la plena certeza de que las sanciones económicas impuestas serán revocadas en un futuro próximo por la falta de pruebas pero inmediatamente es imperativo que no nos priven del derecho a elegir libremente a nuestras autoridades si pretendemos seguir siendo un país soberano.

26/12/2022

NATURALEZA DEL PROCEDIMIENTO DE COMISO AUTÓNOMO

Recientes fallos tribunalicios ponen en evidencia que algunos jueces y fiscales desconocen por completo el objeto y naturaleza del procedimiento de comiso autónomo establecido en la Ley Nº 6431/2019.

Con el argumento de que la persona cuyos bienes se pretende decomisar se encuentra en rebeldía, jueces y fiscales se niegan a dar intervención al representante convencional designado por el afectado, imposibilitando el ejercicio de su defensa.

La Ley Nº 6431/19 permite la sustanciación del procedimiento y hasta el comiso de bienes pertenecientes a personas ausentes porque no se trata del ejercicio de una acción penal sino de una acción real con contenido patrimonial como la misma ley lo determina expresamente.

Por ese motivo, la ley contempla la intervención del afectado en todos los actos del procedimiento, estableciendo lineamientos claros sobre el estricto respeto de los derechos y garantías de las personas afectadas consagrados en la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

El derecho del afectado a intervenir y ejercer su defensa en el procedimiento de comiso, aun en el caso de su incomparecencia personal cualquiera que sea el motivo de esta, se desprende de lo dispuesto en los artículos 7,9,10,12,13,14,15y17 de la Ley Nº 4.631/19, que han sido inexplicablemente ignorados por el Juzgador al rechazar el pedido de reconocimiento de personería e intervención formulado por los representantes convencionales de las personas afectadas por el pedido de comiso autónomo.

Se intenta implementar un sistema de justicia a cualquier costo donde la observancia de las reglas del debido proceso legal es solo aparente.

Se deniega la intervención del representante convencional de la persona afectada por el pedido de comiso con el pretexto de encontrarse en rebeldía pero al mismo tiempo se da intervención a un defensor público para que represente los intereses del ausente.

De ese modo, el procedimiento de comiso autónomo se desarrolla dejando al afectado en un estado de indefensión, imposibilitándolo de impugnar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público y oponerse al pedido de comiso por no haberse justificado el nexo causal entre los bienes que pretenden ser decomisados con algún hecho antijurídico.

Estas resoluciones judiciales nos ponen ante el inminente peligro de sentencias de Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos que declaren la responsabilidad del estado por el quebrantamiento de derechos humanos fundamentales y a la reparación de los graves daños y perjuicios sufridos por los afectados.