03/01/2026
EXPRESIONES OFICIALES - INTERVENCIÓN MILITAR EN VENEZUELA
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresa su profunda preocupación y rechazo ante la intervención militar realizada en las pasadas horas en la República Bolivariana de Venezuela por parte de los Estados Unidos, así como ante la captura y extracción forzada de su presidente fuera de territorio nacional.
Independientemente de las valoraciones políticas que puedan existir sobre el gobierno venezolano, la intervención armada extranjera, la captura de un jefe de Estado extranjero y la imposición de cambios políticos mediante el uso de la fuerza por parte de una potencia ajena constituyen una grave violación al Derecho Internacional, la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias.
En la Asamblea General del Colegio celebrada el 10 de septiembre de 2025, así como mediante resolución aprobada por la Junta de Gobierno en diciembre de 2025, nuestra institución rechazó categóricamente la remilitarización de Puerto Rico y su utilización como plataforma para intervenciones militares de los Estados Unidos en el Caribe y América Latina, reafirmando su compromiso con la paz y el derecho internacional.
Reiteramos nuestra oposición a que Puerto Rico sea utilizado como enclave militar o base logística para conflictos armados internacionales. Como territorio colonial, el pueblo puertorriqueño no participa de las decisiones que conducen a estas acciones, pero sí carga con sus riesgos, consecuencias y posibles represalias, una realidad que resulta incompatible con los principios democráticos y de autodeterminación.
La defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia no puede sostenerse sobre la violación del Derecho Internacional. La historia demuestra que la fuerza militar no sustituye al derecho ni al diálogo entre los pueblos.
El Colegio hace un llamado urgente a la comunidad internacional a activar los mecanismos multilaterales y diplomáticos disponibles, a garantizar el respeto al debido proceso y a evitar una escalada mayor del conflicto que comprometa la estabilidad y la paz regional.
