Gil & Hurtado, Abogados Consultores

23/01/2026

*LA DESTITUCIÓN DE DELIA ESPINOZA: ENTRE PODER Y LEGALIDAD*

Creemos que la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir a la Dra. Delia Espinoza no es solo un acto disciplinario: es un espejo que refleja las tensiones más hondas de nuestro sistema de justicia. En ella se cruzan la letra fría de la ley y el pulso ardiente de la política, la exigencia de obediencia institucional y la tentación del poder personal.

EL PRINCIPIO QUE SOSTIENE LA REPÚBLICA
Desde nuestro punto de vista, en el corazón de este episodio late una verdad constitucional: nadie está por encima de la norma. La negativa de Espinoza a cumplir con la reposición de Patricia Benavides no fue un simple desacuerdo administrativo, sino una ruptura con el principio de legalidad que sostiene la estructura del Estado. La JNJ, al sancionarla, reafirma que la disciplina no es un capricho burocrático, sino el cemento que mantiene en pie la arquitectura republicana.

LA FRAGILIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
Para nadie es un secreto que la Fiscalía de la Nación se ha convertido en un escenario de pugnas internas, donde las rivalidades personales han debilitado la confianza ciudadana. La destitución de Espinoza es un recordatorio de que la justicia no puede ser rehén de disputas de poder. Sin embargo, también revela la fragilidad de una institución que debería ser el baluarte de la defensa de derechos y que hoy aparece desgastada, expuesta y vulnerable.

UNA LECCIÓN PARA EL FUTURO
En G&H creemos que más allá de la sanción, lo que está en juego es la credibilidad del sistema de justicia. La ciudadanía necesita ver que las instituciones actúan con firmeza, pero también con transparencia y vocación de servicio. La destitución de Espinoza será inútil si no se acompaña de una reforma profunda que devuelva al Ministerio Público su esencia: ser guardián de la legalidad y defensor de los más débiles.

REFLEXIÓN FINAL
Este episodio nos recuerda que el poder sin límites se convierte en arbitrariedad, y que la obediencia a la ley es la primera forma de respeto a la dignidad humana. La JNJ ha cumplido con su deber, pero la tarea no termina allí: reconstruir la confianza ciudadana exige más que sanciones, exige un compromiso renovado con la justicia como servicio, no como trinchera. Pero también nos permitimos pensar que la JNJ debe de sacudirse de ese partidismo de sus miembros para que los peruanos podamos creer con certeza que sus decisiones son las más justas.

15/01/2026

Con enorme gratitud y entusiasmo abrimos este espacio para compartir con ustedes nuestra vocación: la defensa de los derechos fundamentales y la construcción de justicia con dignidad.
Este muro será un punto de encuentro con nuestros clientes, colegas y amigos, donde podrán conocer nuestras reflexiones jurídicas, noticias relevantes y también mensajes que inspiran confianza y esperanza.
En Gil&Hurtado, Abogados creemos que cada caso es una historia de vida que merece ser escuchada y defendida con rigor, ética y humanidad.
🤝 Gracias por acompañarnos en este camino. ¡Sean todos bienvenidos!

14/01/2026

31/12/2025

Al comenzar un nuevo año en GIl & Hurtado Abogados queremos expresar nuestro mas slncero agradecimiento a nuestros clientes y a todas las personas e instituciones a las que tuvimos el honor se servir.
La confianza depositada en nuestro ha sido fundamental para seguir ejerciendo nuestra labor con compromiso, responsabilidad y excelente profesionalismo. Renovamos para este nuevo año, nuestro propósito de acompañarlos con dedicación, cercanía y rigor jurídico en cada desafío que enfrenten.
Les deseamos un año pleno de salud , tranquilidad y exitos, tanto en lo personal como en lo profesional.

24/12/2025

El juez supremo César San Martín constituye una de las personalidades más relevantes en el desarrollo del derecho procesal penal peruano. Su obra y su práctica jurisdiccional han marcado un hito en la consolidación de un sistema de justicia que busca equilibrar la eficacia procesal con la vigencia plena de las garantías constitucionales.
Su aporte se manifiesta en diversos ámbitos:
• La teoría de la prueba, donde ha enfatizado la necesidad de criterios racionales y objetivos para la valoración judicial.
• La motivación de las sentencias, concebida como un deber de transparencia y como garantía de control democrático sobre la función jurisdiccional.
• La defensa de la presunción de inocencia, piedra angular del proceso penal garantista.
• La vinculación entre Estado de Derecho y Derechos Humanos, que refuerza la legitimidad de la función judicial.
El análisis crítico de corrientes como el iusformalismo y el iusrealismo, abordadas desde una perspectiva práctica que busca superar el formalismo excesivo sin sacrificar la seguridad jurídica.
Si bien es natural que existan discrepancias respecto de algunas de sus posiciones doctrinarias y decisiones jurisdiccionales, resulta innegable que su trayectoria lo sitúa entre los más destacados jueces penales de la historia reciente del Perú. Su legado académico y judicial constituye un referente indispensable para la reflexión sobre el proceso penal y la función jurisdiccional en sociedades democráticas. Hemos tenido la oportunidad de estar en dos ocasiones sustentante nuestra nulidad en la Sala que él preside y tenemos el recuerdo de su nula humildad y arrogancia, pero jamás dejaremos de admirarlo como teórico. Su jubilación llega y será difícil que su plaza sea cubierta con otro juez de calidad igual o superior.

24/12/2025

En esta Navidad, queremos agradecer profundamente la confianza y el apoyo de cada uno de ustedes, nuestros clientes y seguidores. Su fe en nuestra labor nos inspira a seguir defendiendo con firmeza los derechos y la dignidad de las personas.
Que estas fiestas estén llenas de paz, unión familiar y esperanza renovada. Que el nuevo año nos encuentre trabajando juntos por un futuro más justo y humano.
Con gratitud y afecto,
GIL & HURTADO ABOGADOS

07/12/2025

FLAGRANCIA O MAS INVESTIGACION EN EL CASO DEL FISCAL DE INVESTIGACION PREPAARATORIA QUE FUE DETENIDO EN BAÑO DE UN CENTRO COMERCIAL RECIBIENDO UNA COIMA.
El caso del fiscal Henry Amenábar, detenido en flagrancia recibiendo una coima de 3,000 dólares, revela una herida profunda en la institucionalidad del Ministerio Público. Su trayectoria en hechos de alto impacto, como el operativo contra el expresidente Alan García y su pertenencia al Equipo Lava Jato, obliga a cuestionar si este acto es realmente aislado. La flagrancia elimina cualquier duda: lo que corresponde es una sanción inmediata y ejemplar, no un proceso dilatado bajo el pretexto de una “gran investigación”.
Análisis del caso
• Hecho reciente: El fiscal Henry Amenábar fue detenido en un baño de un centro comercial de Miraflores, con 3,000 dólares en la mano, parte de los 20,000 que habría solicitado para favorecer a un investigado por estafa y tráfico ilícito de dr**as.
• Antecedentes: Amenábar participó en el operativo de detención de Alan García en 2019, que terminó con el suicidio del expresidente, y formó parte del Equipo Especial Lava Jato entre 2018 y 2020.
• Reacción institucional: El Ministerio Público ha condenado el hecho y exigido su destitución ante la Junta Nacional de Justicia, señalando que se trata de un acto intolerable de corrupción.
Reflexión jurídica
1. Flagrancia y sanción inmediata:
La detención en flagrancia elimina la necesidad de una investigación prolongada. El artículo 259 del NCPP establece que la flagrancia permite medidas inmediatas, y aquí la evidencia es contundente.
2. Arraigo de corrupción en la institución:
No puede sostenerse que este sea un “primer acto” aislado. Su rol en procesos emblemáticos y su cercanía a casos de alto perfil hacen pensar en una práctica sistemática más que en un error ocasional.
3. Pena ejemplar:
La conducta encaja en el delito de cohecho pasivo propio (artículo 393 del Código Penal), cuya pena privativa de libertad oscila entre 5 y 8 años, pudiendo agravarse por la condición de funcionario del Ministerio Público.
POSICIONAMIENTO DE G&H ABOGADOS
Este caso debe ser leído como un símbolo de la urgencia de depurar la Fiscalía. La sociedad no puede aceptar que quienes tienen la misión de perseguir el delito se conviertan en protagonistas de la corrupción. La detención en flagrancia exige una respuesta rápida: destitución inmediata y condena ejemplar.
La confianza ciudadana en la justicia se construye con actos firmes, no con investigaciones dilatorias. La Fiscalía de la Nación debe demostrar que no protege a sus miembros corruptos, sino que los sanciona con la misma severidad que exige a los demás.
El Director.

03/12/2025

En GIL & HURTADO creemos que cada caso es más que un expediente: es la vida, la libertad y la esperanza de una persona que confía en la justicia.
Nuestra misión no es solo litigar, sino proteger derechos fundamentales con claridad, rigor y humanidad.
La defensa constitucional exige valentía, preparación y ética. Cada escrito, cada audiencia, cada palabra, es un acto de responsabilidad frente al país y frente a quienes buscan amparo.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso:
• Defender con firmeza frente a la arbitrariedad.
• Educar con transparencia, para que la ciudadanía comprenda sus derechos.
• Inspirar confianza, porque la justicia se construye con verdad y dignidad.
En GIL & HURTADO, la defensa no es solo técnica: es un legado de esperanza.

19/09/2025

Delitos contra la Administración Pública: Una amenaza al interés común
“Cuando la corrupción se normaliza, la justicia se debilita y la dignidad ciudadana se desvanece.”
En el Perú, los delitos contra la administración pública representan una grave afectación al funcionamiento del Estado y a la confianza ciudadana. Estos ilícitos, regulados en el Título XVIII del Código Penal (artículos 361 al 426), comprenden conductas que vulneran el deber de probidad, legalidad y servicio que deben observar los funcionarios y servidores públicos.
Entre los principales delitos se encuentran:
• Peculado: Apropiación indebida de bienes o fondos públicos.
• Cohecho: Aceptación o solicitud de sobornos por parte de funcionarios.
• Colusión: Acuerdo ilícito entre funcionario y tercero para defraudar al Estado.
• Concusión: Exigencia arbitraria de pagos por parte de la autoridad.
Tráfico de influencias: Uso indebido de posición o contactos para obtener beneficios.
• Abuso de autoridad: Ejercicio arbitrario o ilegal de funciones públicas.
Estos delitos no solo afectan el erario nacional, sino que erosionan la legitimidad institucional y el principio de legalidad. Por ello, su investigación y sanción son fundamentales para preservar el Estado de derecho y garantizar una administración pública al servicio de todos.
Desde G&H, ABOGADOS, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y los derechos fundamentales. La lucha contra la corrupción empieza por la conciencia ciudadana y la firmeza jurídica.