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Abogado Manuel Aldaz

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Abogado Manuel Aldaz

Abogado especialista en Derecho Registral - Notarial, Civil, Laboral, Administrativo y Familia

06/02/2026

¿CUÁNDO UN CONTRATO PASA DEL DERECHO CIVIL AL DERECHO PENAL?

Corte Suprema – Recurso de Nulidad N.° 741-2025/Lima.

No todo contrato incumplido es una estafa.
La Corte Suprema ha sido clara, el Derecho Penal no castiga el mal negocio, sino el engaño deliberado, La clave está en el momento de la intención.

👉 Existe estafa cuando la persona firma el contrato sin intención real de cumplir, usando el acuerdo solo como medio para inducir al error y obtener dinero u otro beneficio patrimonial.
👉 En cambio, no hay estafa si la intención de incumplir aparece después, por dificultades económicas, problemas técnicos o hechos sobrevenidos. En ese escenario, el conflicto sigue siendo estrictamente civil.
👉 El contrato se vuelve penalmente relevante solo si nace viciado por el dolo, es decir, cuando desde el inicio se ocultó información esencial o se promete algo que a sabiendas no se puede cumplir.
👉 En conclusión el contrato no es delito por sí mismo.Se convierte en estafa cuando deja de ser un acuerdo legítimo y pasa a ser un instrumento de engaño.

⚖️ Jurisprudencia que protege la seguridad jurídica y evita criminalizar los incumplimientos contractuales.

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06/11/2025

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗥𝗘𝗠𝗔 𝗥𝗔𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗘𝗟 𝗔𝗖𝗧𝗢𝗥 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟 𝗡𝗢 𝗣𝗨𝗘𝗗𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗚𝗡𝗔𝗥 𝗨𝗡𝗔 𝗔𝗕𝗦𝗢𝗟𝗨𝗖𝗜𝗢́𝗡

1. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗮𝗹
En el proceso penal seguido en Puno, el Ministerio Público no impugnó la sentencia absolutoria de primera instancia.
Sin embargo, el actor civil interpuso recurso de apelación pretendiendo que se revoque el fallo y se imponga condena penal.
La Sala Penal Permanente precisó que esta actuación es improcedente, pues el actor civil carece de legitimidad para sostener una pretensión punitiva autónoma.

2. 𝗙𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗷𝘂𝗿𝗶́𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗼
El Tribunal recordó que el proceso penal comprende dos acciones derivadas del mismo hecho punible:

- La acción penal, de titularidad exclusiva del Ministerio Público; y
- La acción civil, inicialmente compartida, pero luego exclusiva del perjudicado una vez constituido como actor civil.

De acuerdo con el artículo 11, numeral 1, del Código Procesal Penal, al constituirse el agraviado como actor civil, cesa la legitimación del Ministerio Público respecto al objeto civil, pero no se transfiere la titularidad de la acción penal.
Por tanto, el actor civil no puede pedir condena, ni formular requerimientos que excedan la reparación civil.

3. 𝗣𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗹𝗶́𝗺𝗶𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻
La Sala subrayó que rige el principio de oficialidad, conforme al cual el ejercicio de la acción penal y la formulación de la pretensión punitiva corresponden únicamente al Ministerio Público, órgano constitucionalmente habilitado para ello.
El actor civil solo puede coadyuvar en la acreditación del hecho histórico, sin pretensiones punitivas ni potestad para impugnar una absolución.
La intervención civil, por tanto, se limita al ámbito indemnizatorio

NUEVA JURISPRUDENCIA – CORTE SUPREMA
Apelación N.º 198-2024 / Puno
⚖️ Sala Penal Permanente
Límites del actor civil en el proceso penal – exclusividad del Ministerio Público en la acción penal
Conclusión: El actor civil no puede solicitar penal ni impugnar una absolución. Su intervención se circunscribe al reclamo de reparación civil y a la defensa del objeto civil del proceso.

22/08/2024

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16/05/2024

LEY 32026 QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL. DECRETO LEGISLATIVO 635, Y EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL, DECRETO LEGISLATIVO 957, SOBRE:

LOS ALCANCES DE LA LEGÍTIMA DEFENSA

Artículo 1. Modificación del numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635

Se modifica el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, en los siguientes términos:

“Artículo 20. Inimputabilidad

Está exento de responsabilidad penal:

[…]

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, con uso de la fuerza, incluido el uso de la fuerza letal, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión actual, ilegítima y real.

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa.

c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

El numeral 3 también aplica al supuesto de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de terceros, en la que se repele razonablemente una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro medio de transporte en el que se encuentre legítimamente; dentro de su negocio, empresa, asociación civil o lugar de trabajo o dentro de un inmueble sobre el cual ejerza la legítima propiedad o la legítima posesión con título él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad”.

Artículo 2. Modificación del artículo 21 del Código Penal, Decreto Legislativo 635

Se modifica el artículo 21 del Código Penal, Decreto Legislativo 635, en los términos siguientes:

Artículo 21. Responsabilidad restringida

[…]

Si la persona que repele la agresión ilegítima hubiera hecho uso de un arma de fuego inscrita legalmente a su nombre, esta será incautada dentro de las 48 horas que requiera la autoridad para las investigaciones preliminares bajo responsabilidad”.

Artículo 3. Incorporación del literal d) al artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957

Se incorpora el literal d) al artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, en los términos siguientes:

“Artículo 268. Presupuestos materiales

El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos:

[…]

d) No procede la prisión preventiva en los casos de inminente aplicación de la legítima defensa propia o de tercero conforme a ley; salvo la presencia de antecedentes y/o pruebas fehacientes que justifiquen la existencia del delito o que recaiga sobre la persona sentencia firme condenatoria.

26/02/2024

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24/02/2024

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23/02/2024

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