03/02/2021
Con Autorización para Someter
Algunos apuntes sobre el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
Por Cecilia Reynoso Rendón,
abogada especialista en género y derechos humanos
Es necesario una Ley que proteja a los trabajadores y trabajadoras del régimen CAS de las arbitrariedades de las altas direcciones de turno. Actualmente cualquier Director (mando medio) tiene el poder de decidir si te renueva o no el contrato, si lo hace por un mes, dos, seis y, como no tiene que explicar porque lo hace, las razones quedan en su fuero interno, pues basta que diga que el plazo del contrato venció, aunque detrás de la decisión estén las razones más variadas que, en realidad, pueden ir desde que el servidor le cae mal hasta que no accedió a sus requerimientos sexuales, claro que también están las razones referidas al desempeño, pero como saber cuál es cuál , no hay forma porque no necesita justificar nada, simplemente si se quiere librar de un funcionario espera a que venza el plazo de su contrato y listo.
Desde mi punto de vista permitir que un funcionario público utilice fondos del Estado (los destinados a la contratación CAS) para tomar decisiones arbitrarias es corrupción, no encuentro otro nombre. Dejar que un funcionario público utilice el poder de renovar o no un contrato CAS para salvaguardar sus intereses personales me sigue pareciendo corrupción, lo mire desde donde lo mire.
He visto casos en los que este poder, casi absoluto se utiliza para vengarse de alguien que no accedió a requerimientos sexuales o que denunció hostigamiento sexista, he visto también casos en los que alguien que defiende la ley (en este caso medio ambiental) se le hace a un lado y se le empieza a renovar mes a mes, mientras a todo el equipo se les renueva cada seis meses, sin decir nada más, sin que exista ningún cuestionamiento a su trabajo.
El Estado permite esto, les da poder a ciertas personas y no lo fiscaliza y por eso hoy en día muchas personas con contratos CAS son hostilizados, maltratados con anuencia y con recursos del Estado.
Lamentablemente, los mecanismos creados para cuestionar estas conductas dentro de la misma administración no funcionan, basta ver cuántas reconsideraciones de no renovación son admitidas o cuantos procedimientos disciplinarios se abren a esos funcionarios que deciden no renovar para satisfacer sus propios intereses, son muy pocos, los animo a solicitar información pública, yo no he encontrado aún ninguno.
Como dije al inicio urge mirar esta forma de contratación, urge tomar medidas para detener la arbitrariedad y legitimar el abuso dentro del Estado. Estoy convencida que dar estos pasos es indispensable para que empecemos a hablar de una verdadera lucha contrala corrupción.
