13/03/2025
EL CONGRESO APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN QUE FISCALIZA A LAS ONGs
El Congreso de la República aprobó el jueves 13 de marzo el dictamen que modifica la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La propuesta fue aprobada con 82 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones, exonerándose de una segunda votación. La modificación tiene como objetivo fortalecer el trabajo de la APCI, mejorar la transparencia y optimizar la supervisión de los recursos de la cooperación técnica internacional no reembolsable.
Una de las principales modificaciones establece que se considera una infracción "muy grave" que las entidades que gestionan cooperación técnica internacional destinen recursos a actividades que, al ser declaradas administrativa o judicialmente, afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional o el orden interno.
El texto también introduce ajustes en varios artículos de la Ley 27692, incluyendo el artículo 1, que define a la APCI como un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), orientada a captar recursos para el desarrollo del país. Además, el artículo 3 establece que las entidades que gestionan cooperación técnica internacional deben registrar los proyectos, programas o actividades, y los gastos asociados, en un registro público de la APCI.
Por otro lado, el artículo 4 describe las funciones de la APCI, que incluyen la fiscalización de los recursos recibidos y la aplicación de medidas correctivas o preventivas en caso de incumplimiento. La ley también resalta la creación de varios registros, como el de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), y de Fuentes Cooperantes, cuya inscripción será obligatoria para las entidades que ejecuten cooperación técnica internacional.
Con esta modificación, el Congreso busca asegurar una gestión más eficiente y transparente de los recursos de cooperación, promoviendo un control más estricto sobre su uso y contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la cooperación internacional.
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