18/05/2026
Validez Probatoria de la Pericia Contable y Determinación del Perjuicio en la Colusión - Casación N.° 68-2023, Lambayeque
La jurisprudencia establecida en la Casación N.° 68-2023/Lambayeque constituye un precedente dogmático de primer orden para el Derecho Penal peruano, al resolver una de las problemáticas más frecuentes en la litigación de delitos de cuello blanco: la acreditación del perjuicio patrimonial en el delito de colusión.
La relevancia académica de este fallo radica en la precisión semántica y jurídica que realiza la Corte Suprema sobre el concepto de "idoneidad" probatoria, despejando dudas sobre la fuerza probatoria de la pericia contable frente a otros medios de prueba.
El aporte fundamental de esta resolución es la distinción entre la prueba "idónea" y la prueba "necesaria".
El Tribunal Supremo establece que la pericia contable es un medio plenamente apto (idóneo) para demostrar el daño económico al Estado, y que su validez no excluye la posibilidad de emplear otros medios igualmente válidos, ni depende de la exclusividad formal.
Esta interpretación flexibiliza el sistema de valoración de la prueba, permitiendo a los jueces penales fundamentar condenas basándose en la técnica pericial sin depender necesariamente de una resolución administrativa final o de otros mecanismos burocráticos que podrían paralizar la persecución penal.
Asimismo, el fallo refuerza el principio de sana crítica y la exigencia de calidad en la actividad probatoria al subrayar la locución "concreta y específica". La Corte advierte que no basta con la mera existencia de un dictamen pericial; este debe ofrecer conclusiones puntuales y determinadas sobre el monto del detrimento para superar el estándar de convicción más allá de toda duda razonable.
Al afirmar que la pericia está sujeta a valoración crítica y puede resultar insuficiente, se evita el automatismo probatorio y se reafirma el rol del juez como garante de la lógica del juicio.
En conclusión, la Casación N.° 68-2023 dota de mayor robustez procesal a la contabilidad forense en la lucha contra la corrupción, otorgando seguridad jurídica a fiscales y jueces para utilizar dictámenes técnicos como base principal para la determinación de la reparación civil y la existencia del delito, siempre y cuando cumplan con los estándares de precisión y rigor exigidos.
Por: Juan Manuel Rosas Caro
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