03/02/2025
Es profundamente preocupante que autoridades municipales, como la regidora Ayde Yolanda Armas Tiburcio del distrito de Pampas Chico, provincia de Recuay, hayan incurrido en conductas que vulneran gravemente los derechos fundamentales de la ciudadana Emma Estela Cerrate. Según los hechos descritos, la regidora y su hermana Rosvita armas tiburcio ingresaron sin autorización al domicilio de la señora Emma Estela Cerrate, una persona de la tercera edad, y la agredieron físicamente con un objeto metálico, acusándola de robo sin presentar denuncia ni pruebas previas.
Estas acciones podrían constituir delitos tipificados en el Código Penal. El artículo 159 establece que quien, sin derecho, penetra en morada ajena será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a noventa días-multa. Además, el artículo 121 sanciona con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años a quien cause a otro daño grave en el cuerpo o en la salud física o mental.
Es inadmisible que representantes elegidas para servir a la comunidad cometan actos que atentan contra la integridad y dignidad de los ciudadanos. Este tipo de conductas no solo vulnera la confianza pública, sino que también desacredita la institucionalidad y el respeto que deben inspirar las autoridades.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen estos hechos con celeridad y objetividad, garantizando que se apliquen las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley. Asimismo, es necesario promover una cultura de respeto a los derechos humanos y a la legalidad, especialmente entre quienes ostentan cargos públicos.
La ciudadanía merece autoridades que actúen con integridad, transparencia y respeto por el Estado de derecho. Hechos como estos deben ser condenados y sancionados para preservar la confianza en nuestras instituciones y asegurar una convivencia pacífica y justa.