15/07/2026
Cultura de valores imperiales y una anatomía del arquetipo represor
Keiko Fujimori fue proclamada presidenta electa por el JNE el 3 de julio, tras ganar la segunda vuelta del 7 de junio por unos 49,641 votos (50.135 % frente a 49.865 % de Roberto Sánchez), en una de las contiendas más ajustadas de la historia reciente. Asume el 28 de julio. El dato decisivo para el sur no es el margen nacional, sino su geografía: Fujimori ganó con solvencia en Lima y en el exterior con alrededor del 65 % que sería una presunción Iuris tantum, que a prima fascie no ofrece ni produce un juicio justo en una valoración democrática, mientras que en el sur andino Sánchez arrasó (sin ser partidario de este) con votaciones cercanas al 80%. Cusco es territorio de rechazo consolidado: la Asamblea Regional del Cusco —FDCC, FARTAC, AREJO y otras— convocó a una jornada de protesta para el 22 de julio en rechazo a la proclamación, cuestionando la legitimidad del proceso. Y el sustrato es memoria viva: en el sur se concentró la fuerte represión estatal de las protestas de 2022-2023 tras la caída de Castillo, que dejó unos 50 mu***os. Sobre esto se superpone un dato normativo que no es menor: hay en el despacho presidencial un proyecto para que policías y militares sean procesados exclusivamente en el fuero militar por actos en ejercicio de funciones, que la ONU objetó y que la oposición denuncia como un mecanismo de impunidad. (Rumbo Minero + 4), triplicando por otro lado sus beneficios de pensión, y la población de las victimas que victimaron a ciudadanos de las regiones del sur, para variar.
Con eso fijado, el análisis.
I. La consecuencia social inevitable: el déficit de legitimidad se convierte en gramática del conflicto
Weber distinguió dominación legal de legitimidad: se puede tener el título jurídico (la proclamación del JNE es válida, para algunos, pero particularmente considero que si no hay norma coactiva que origine la producción de la norma sustantiva, no podría ser una valida en la geometría positivista y sumado a carecer del reconocimiento social que hace obedecer sin coerción. En Cusco esa brecha es máxima. Un gobierno que en la región obtuvo un tercio de los votos, sobre una memoria de cincuenta mu***os, no dispone de la obediencia espontánea: solo le queda la coerción como sustituto de la autoridad. Y ahí opera la primera ley sociológica del conflicto: cuando la legitimidad falta, cada acto de fuerza no restaura el orden, lo erosiona. Tilly y Tarrow lo formularon como el ciclo del agravio (grievance cycle): la represión de una movilización con base formación de valores culturales, costumbristas, de fuerte raíz cristiana, moral, y últimamente como hace siglos culturista imperial, no la disuelve, la reencuadra. Convierte una demanda política en una afrenta identitaria, y con ello amplía y radicaliza la base de quienes se movilizan.
El movimiento de policías que se observó el 7 de julio —aeropuerto, circuito hacia el centro, Plaza de Armas, plaza la Merced, y mismo convento, con armamento militar colocado al centro de la misma plaza— es, leído sociológicamente, un acto comunicativo antes que operativo. Señala presencia, disuasión, anticipación, utilización de la fuerza. Pero en un territorio con la memoria de 2022-2023, y siglos, y hasta milenios atrás, ese destructor de naciones ese mismo despliegue no se lee como protección: se lee como amenaza. Es lo que Durkheim describiría como la profanación de un espacio sagrado: la Plaza de Armas cusqueña no es una plaza cualquiera, es el centro simbólico donde la comunidad se reconoce a sí misma. Militarizarla preventivamente activa la efervescencia colectiva en sentido inverso: cohesiona a la sociedad ofendida contra el agente que ocupa su espacio.
La consecuencia inevitable, entonces, no es la calma. Es la conversión de un descontento electoral difuso en una identidad de agravio compartido. Cusco no necesita ser convencido de protestar; necesita solamente que el Estado le confirme que sus temores eran fundados. Cada despliegue anticipado es esa confirmación.
II. El arquetipo de la fuerza: la mística castrense y la trampa de la "consigna"
Usted pide llegar al arquetipo de la mística policial y su consigna castrense. Lo desarrollo con honestidad, sin la caricatura del "esbirro comprado" —que es analíticamente pobre— y sin la coartada del "cumplimiento del deber".
La PNP peruana arrastra un ADN doctrinal que no es el de una policía civil de proximidad, sino el de una fuerza formada bajo la sombra de la Doctrina de Seguridad Nacional y la lógica del enemigo interno. Esa doctrina, que estructuró a las fuerzas armadas latinoamericanas en la Guerra Fría, no ve al ciudadano que protesta como titular de un derecho, sino como una amenaza al orden interno. El mandato constitucional de la Policía —garantizar el orden interno— es ambiguo por diseño: puede leerse como protección de derechos o como su supresión. La mística castrense resuelve esa ambigüedad hacia el segundo polo. La "consigna" es exactamente eso: la transmutación del ciudadano en adversario, del reclamo en subversión.
Aquí opera lo que la psicología social (Bandura) llama desconexión moral: el uniforme, la cadena de mando, el lenguaje eufemístico ("restablecer el orden", "neutralizar", "elementos infiltrados") y la deshumanización del otro permiten a un agente ejecutar sobre una multitud lo que jamás haría sobre un individuo. Le sumo la desindividuación del grupo uniformado: el número, el anonimato del casco, la disolución de la responsabilidad personal en el cuerpo. Ese es el arquetipo real —no el del policía vendido, sino el del funcionario moralmente anestesiado por su propia institución—. Es más peligroso que la corrupción, porque no necesita dinero para matar: le basta la doctrina.
Y aquí está el punto que la mística castrense sistemáticamente oculta a quien la porta: la obediencia debida no cubre la orden manifiestamente ilícita. El agente que dispara contra un manifestante desarmado no está protegido por haber recibido una orden; está cometiendo un delito bajo autoría de quien lo mandó y como ejecutor propio. La institución le vende una inmunidad que la ley no reconoce. El proyecto de fuero militar que hoy espera en el despacho presidencial es, precisamente, el intento de fabricar a posteriori esa inmunidad inmunidad para qué, y es lo que la perversión promete, pero el ordenamiento niega. Que se necesite una ley para blindarlos es la confesión de que sin ella son responsables.
III. El efecto que conmina: qué le espera realmente a quien ordena y a quien ejecuta
Un efecto disuasivo que advierta de las consecuencias. En mecanismos reales —que es lo único que verdaderamente conmina; la amenaza vacía no disuade a nadie, el precedente sí—.
Al ejecutor. El agente que dispara no queda cubierto por su jerarquía. Los casos de 2022-2023 abrieron carpetas fiscales que siguen vivas; la individualización balística, el rastreo de municiones y el video ciudadano ubicuo hacen que la impunidad de campo sea cada vez más frágil. La consigna castrense promete olvido; la realidad entrega expediente, la realidad es vencedora de la norma.
Al mando político y policial. La represión de manifestaciones opera bajo estándares interamericanos vinculantes para el Perú. La Corte IDH ha sido inequívoca: el uso letal de la fuerza fuera de los supuestos de necesidad y proporcionalidad genera responsabilidad internacional del Estado y responsabilidad individual de la cadena de mando. Quien ordena una represión desproporcionada no protege su carrera: hipoteca su libertad futura. La historia peruana reciente es didáctica en esto —el propio Alberto Fujimori, referente que la campaña de 2026 reivindicó, terminó condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad—. El arco es completo: quien gobierna hoy invocando "mano dura como mi padre" invoca también, sin decirlo, el destino judicial de su padre. (Diario Expreso)
A la actora política principal. Aquí la lógica es especialmente cruel para quien la ignora. Fujimori asume con la mitad del país en contra y ha declarado que su principal reto es recuperar la confianza del sur. Toda represión en Cusco, Puno o Apurímac hace exactamente lo contrario de lo que su propia estrategia declarada necesita. Un mu**to en la Plaza de Armas del Cusco no es un incidente de orden público: es el acta de defunción de cualquier posibilidad de gobernar el sur por vías distintas a la ocupación. Y reactiva el único movimiento que históricamente le impidió llegar al poder: el antifujimorismo transversal que en su día reunió a izquierda, centro y derecha bajo la consigna "Fujimori nunca más". La represión no es su herramienta; es su trampa. Cada bala que la fuerza dispara en el sur, la dispara contra su propia gobernabilidad. (Diario ExpresoWikipedia)
Ese es el efecto que conmina, y es real: el represor cree que administra fuerza y en verdad administra su propia condena —penal para el ejecutor, histórica y política para quien la ordena—.
IV. La paradoja criminal: la delincuencia que se combate en el discurso y se cultiva en la estructura
Su último eje es el más agudo, y merece precisión criminológica. El fujimorismo llegó al poder reivindicando la figura de su padre y prometiendo combatir el auge de la delincuencia "como él lo hizo". Descompongo la paradoja. (Wikipedia)
Lo que Garland llamó populismo punitivo y Wacquant gobierno de la inseguridad no busca reducir el delito: busca administrar la ansiedad ciudadana convirtiéndola en respaldo político. La "mano dura" es un producto simbólico. Rinde en votos, no en seguridad. Y esto no es especulación ideológica: la mano dura se dirige selectivamente hacia la criminalidad callejera visible —el pobre, el joven andino, el manifestante reencuadrado como delincuente— mientras deja intacta, y a menudo protege, la criminalidad estructural: la corrupción, la captura del Estado (la captura de Lima y el norte), las economías ilegales que se enredan con el poder. Zaffaroni lo llamó selectividad del sistema penal: el poder punitivo cae sobre los vulnerables y esquiva a quienes controlan sus palancas.
De ahí la paradoja: la misma estructura de poder que promete eliminar la criminalidad es la que, por acción u omisión, la cultiva, la engendró, infantilmente, sin lectura del florentino. Las leyes que debilitan la persecución de delitos complejos, las que blindan funcionarios, las que reducen los estándares de investigación, las que —como el proyecto de fuero militar— sustraen a agentes instrumentos conscientes de la autoría mediata, que aunque perversa la acción confirma la hipótesis roxiniana, que protegen y se protegen sustraendo elementos personales del Estado, y de la estructura de poder de la jurisdicción ordinaria, no combaten el crimen: lo institucionalizan desde arriba mientras se escenifica su combate desde abajo. Se persigue al etiquetado de dictadura para no tocar al que gobierna con el verdadero criminal.
Por eso la pregunta "¿es real o populista?", incluso ninguna, tiene problemas estructurales: es real como espectáculo el espectáculo de la cultura que pervierte los poderes del Estado ello desde la república, y que pervierte tambien los valores de estratos y segmentos de la sociedad misma, de las más huerfanas de conocimiento. Dice reducir la criminalidad, pero el organismo que crea el paliativo sigue protegido; lo que lo vuelve algo con una mayor complejidad que todo buen pensante sabe que eso nadie lo puede controlar. Pero su costo social en el sur es ya doble: nunca nadie ni en milenios ha estandarizado valores y culturas, menos por seres extraños a ella.
