25/01/2026
MOCIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA EDUCATIVA Y MAGISTERIAL
1. PROBLEMÁTICA EDUCATIVA Y MAGISTERIAL
“El problema de la enseñanza no puede ser bien comprendido al no ser considerado como un problema económico y como un problema social. El error de muchos reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza y han pretendido modificar ésta sin conocer las leyes de aquélla. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la medida que las leyes económicas y sociales les ha consentido* José Carlos Mariátegui
La crisis general de la sociedad peruana se manifiesta también en el sector educación y afectando el derecho fundamental del pueblo a la educación y los derechos del magisterio. La crisis educativa consiste en que por un lado, las mejores condiciones educativas posibles bajo un sistema capitalista como el nuestro, están controladas por una élite de consorcios privados y destinadas primordialmente a los hijos de la clase dominante para formarlos como futuros opresores del pueblo; por otro lado, a la inmensa mayoría, a los hijos de las clases populares, se les relega a las peores condiciones educativas, tanto en el sector público como del privado, para que terminen formados como mano de obra barata, sumisa y poco calificada. Está crisis educativa, se ha acentuado como consecuencia de la política educativa neoliberal, que elitiza, privatiza y mercantiliza la educación.
En periodos de vacaciones escolares como el actual, las instituciones educativas tienen el deber de centrar sus actividades en la matrícula escolar y mejorar sus condiciones operativas. Las instituciones educativas como tal, también atraviesan una crisis económica, de falta de presupuesto público, de deterioro de infraestructura, de escasa dotación de medios y materiales. El propio Estado tras reconocer este problema, pretende afrontarlo con mayor privatización:
1° Destinando recursos públicos irrisorios para las instituciones educativas, proyectos de inversión escolar y recientemente también el financiamiento se los programas de becas, incumpliendo incluso el mandado constitucional del 6% del PBI y empujando al cobro de cuotas a través de las APAFA y la elevación de la tasas educativas de las universidades, evidenciando que la educación pública en realidad no es gratuita y el manejo del presupuesto de las IE están sometidas a las imposiciones de las UGEL y el MINEDU.
2° Implementando las Asociaciones Público Privadas (APP) para las obras de construcción y reconstrucción de locales escolares, bajo condición de concesionar su infraestructura al lucro de las empresas privadas, tales como bancos, mineras, Telefónica, etc; lo que se había logrado frenar con la histórica huelga 2017, ahora vuelven a impulsarlo.
3° Promoviendo la estrategia “ABRAZA TU COLE”,, a raíz del pacto suscrito entre el MINEDU, la CONFIEP y el CEN-SUTEP vendehuelgas que ha puesto a la Derrama magisterial como la primera beneficiaria; este negociado consiste en que el mantenimiento menor de locales escolares y la dotación de medias y materiales dependa de recibir donaciones de empresas privadas, a las que se les exonera del pago de impuestos, afectando gravemente la recaudación fiscal y por ende la atención directa de las necesidad del pueblo, además de cargar a los bolsillos de los padres de familia el costo de mano de obra para el mantenimiento del plantel.
Son estos problemas económicos del sector educación, sumado a los que atraviesa el pueblo dentro de la sociedad, la base del problema de calidad educativa, de la que muchos hablan y creen que se puede resolver simplemente con “buenos docentes”. Si bien, el desempeño del docente en el aula es un factor importante para el logro de aprendizaje, también se requiere resolver el problema económico y reestructurar el enfoque pedagógico y la currícula nacional del Estado que ha demostrado colisionar con la realidad, necesidad, aspiraciones del pueblo. Corresponde persistir en una nueva curricula, orientada al desarrollo científico, tecnológico y social, y la restitución de cursos como filosofía, psicología, etc.
2. PROBLEMÁTICA MAGISTERIAL
Mientras los docentes nombrados se encuentran en vacaciones, los docentes contratados y cesantes siguen afrontando serios problemas. Años tras año se agrava en múltiples aspectos la situación de cientos de miles de docentes que se esfuerzan, se preparan y luchan por alcanzar una plaza de contrato docente, que disminuyen constantemente por el proceso de racionalización, atizándose las contradicciones entre docentes por la falta de plazas y diverso tipo de restricciones descontextualizadas. Este problema es consecuencia de la estructura económica capitalista y su régimen neoliberal, que privilegia el presupuesto público para los intereses de un puñado de grandes empresarios y condena a la postergación y angustia a la inmensa mayoría del pueblo. Al magisterio se le ha sometido a un régimen de flexibilidad laboral, es decir, de negación de derechos y precarización de condiciones de trabajo, con la aplicación de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y la Ley 30328, que regula la contratación de docente y limita sus derechos. Esa es la llamada meritocracia, una farsa de meritocracia que poca relevancia tiene para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, una meritocracia neoliberal que colisiona con el derecho al trabajo y funciona como un embudo para justificar el desempleo de cientos de miles de maestros.
Como parte de ello, en los últimos años, los reglamentos de contratación docente han incorporado la figura de la renovación de contrato docente, como primera etapa. El Decreto Supremo N°002-2025-MINEDU, vigente hasta fin del año 2025, estableció los criterios del proceso de renovación, pero el MINEDU dejó en incertidumbre a todo el magisterio si este se haría o no, hasta que finalmente acabó el año. El reciente Decreto Supremo N°022-2025-MINEDU, vigente desde inicio del 2026, mantiene los mismos criterios del reglamento anterior respecto a renovación, sin precisar si se aplicaría o no. Recién con el Oficio Múltiple 003-2026-MINEDU, del 5 de enero, se publica un cronograma y empieza su implementación, cuando ya los docentes contratados no tienen vínculo laboral y están lejos de sus IE para poder recabar, presentar y velar que haya una justa calificación de las "evidencias" documentales que les exigen para el requisito de la llamada "evaluación de desempeño laboral" que ejecutará una comisión de la lE, donde el Director tiene el voto dirimente ante toda discrepancias y los demás miembros están de vacaciones.
El malestar general del magisterio es más que justificado y el desorden que se está generando perjudicará a gran parte del magisterio. Los riesgos de negociados y chantajes, favoritismos y marginaciones, venganzas y negligencias, ya vienen siendo denunciando por los maestros. Unos asegurarán su plaza, otros quedarán sin trabajo. Muchos que han demostrado buen trabajo durante el 2025, quedarán fuera de la renovación 2026 por el problema de las evidencias. Un sector opina que debe anularse la renovación y todos volver al ranking, otros que ya es tarde para hacer algo y solo queda sujetarse a ella, atizándose las contradicciones que justamente quieren el régimen neoliberal. La exigencia de respeto y transparencia en la renovación debe prevalecer, y también el clamor de aumento y sinceramiento de plazas, pero ambos requieren que el magisterio esté dispuesto a fortalecer su organización sindical y asumir la lucha que sean necesarias.
En cuanto a los docentes cesantes y jubilados, condenados a la sobrevivencia con pensiones que la mayoría de casos bordean la mitad de la remuneración mínima legal, que de por si no llega ni a la mitad de una verdadera canasta básica familiar, que permita el desarrollo y bienestar creciente de cada persona. La aprobación por insistencia de la Ley de pensiones justa y dignas, equivalentes al RIM de la primera escala magisterial, más allá de los discursos aparentemente a favor de la mayoría de congresistas, más por cálculo electoral que pos sensibilidad social, es una cuestión de política de Estado, es decir, la gran burguesía no lo va a permitir fácilmente, de ahí que la ultraderecha fujimorista que comanda a la reacción ha entrabado la ley y su fantoche de presidente encargado del Congreso públicamente ha expresado que no permitirá esa ley. Los argumentos para observar la ley por el anterior régimen de Boluarte rebalsan de criterio neoliberal, se disfrazan de técnicos y jurídico, cuando en realidad es político. En el fondo, destinar recursos para las pensiones afectaría las exorbitantes exoneración tributarias al gran capital, el pago puntual y creciente de la deuda externa, el manejo de diezmos en las obras públicas, etc. A ello sumamos otros problemas como nombramiento, deuda social, piso salarial, la Ley 32242 de destitución automática, seguro de salud, etc. cuya postergación por el Estado es también su política neoliberal, y es contra ellos que debemos apuntalar la lucha del magisterio. Una nueva constitución a través de asamblea constituyente, nos da precisamente mejores condiciones para avanzar en la solución del pliego nacional de reclamos.
AYACUCHO, 24 DE ENERO DE 2026
