02/06/2026
RAZONES POR LAS QUE NUNCA VOTARIA POR EL FUJIMORISMO
En los últimos días he visto cómo muchas personas pretenden dar lecciones de política, economía e historia sin el conocimiento ni el rigor necesarios para hacerlo. Incluso escuché a un pastor evangélico pronunciarse con absoluta seguridad sobre temas complejos, repitiendo consignas y opiniones como si fueran verdades irrefutables. No cuestiono su derecho a opinar, pero sí el peligro de presentar creencias personales y discursos partidarios como análisis serios. El Perú enfrenta problemas demasiado graves para seguir alimentando el debate público con frases vacías, fanatismos o desinformación. Por eso prefiero analizar los hechos, las decisiones y sus consecuencias, porque la historia no se escribe con consignas, sino con resultados. Y es precisamente desde esa perspectiva que considero necesario examinar críticamente el impacto que el fujimorismo ha tenido sobre la democracia, las instituciones y el desarrollo del país.
La evidencia económica demuestra que ningún país alcanza un desarrollo sostenible cuando el poder político se pone al servicio de grupos privilegiados en lugar del interés general. Las naciones más exitosas no construyeron prosperidad protegiendo élites, sino fortaleciendo instituciones, garantizando igualdad de oportunidades y estableciendo reglas que beneficien a toda la sociedad. Precisamente allí radica una de mis principales críticas al fujimorismo: durante décadas ha representado una forma de hacer política que, a mi juicio, ha favorecido intereses particulares por encima de las necesidades de millones de peruanos que siguen enfrentando pobreza, informalidad, inseguridad y falta de oportunidades.
El desarrollo no depende únicamente del crecimiento económico o de la estabilidad macroeconómica; depende, sobre todo, de la calidad de las instituciones. Cuando la independencia de poderes, la transparencia, la meritocracia y los organismos de control son debilitados por intereses políticos, las consecuencias las paga todo el país: aumenta la corrupción, se reduce la confianza ciudadana, se desalienta la inversión productiva y se frena el desarrollo. Por eso considero que uno de los mayores daños que puede sufrir una nación no es una crisis económica temporal, sino el deterioro progresivo de sus instituciones, porque cuando las reglas dejan de ser iguales para todos, el crecimiento deja de beneficiar a la mayoría y termina favoreciendo únicamente a quienes concentran poder e influencia.
Por eso considero profundamente preocupante que gran parte del debate político impulsado por el fujimorismo durante los últimos años haya estado centrado en el control institucional y la confrontación política, en lugar de enfocarse en resolver los verdaderos problemas estructurales del Perú. Mientras el país enfrentaba enormes brechas en infraestructura, educación, salud, productividad y competitividad, el Congreso se convirtió muchas veces en un escenario de disputas de poder que generaron incertidumbre y debilitaron la gobernabilidad.
Desde una perspectiva económica, el daño de la inestabilidad política es enorme. Cada crisis institucional retrasa inversiones, paraliza proyectos, reduce expectativas empresariales y afecta el empleo. El Perú perdió años valiosos atrapado en conflictos políticos mientras otros países de la región avanzaban en competitividad, innovación y diversificación productiva. Y buena parte de esa inestabilidad tuvo como protagonista a una clase política obsesionada con el poder antes que con el desarrollo.
También cuestiono profundamente un modelo económico que, durante décadas, ha sido presentado como un éxito incuestionable mientras amplios sectores de la población permanecían excluidos de sus beneficios. Se nos repitió constantemente que el crecimiento económico, por sí solo, resolvería los problemas estructurales del país y que bastaba con aumentar las cifras macroeconómicas para garantizar bienestar general. Sin embargo, la realidad demostró algo muy distinto. Mientras determinados grupos empresariales concentraban gran parte de las ganancias generadas por la expansión económica, millones de peruanos continuaban enfrentando servicios de salud deficientes, sistemas educativos precarios, infraestructura insuficiente, mercados poco competitivos y enormes brechas territoriales. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, pero no es suficiente. Cuando los frutos del crecimiento se concentran en pocos actores y no se traducen en mayores oportunidades para la mayoría, lo que se genera no es prosperidad compartida, sino desigualdad estructural y frustración social.
En ese contexto, resulta perfectamente legítimo cuestionar los amplios beneficios tributarios, exoneraciones y regímenes especiales otorgados durante años a determinados sectores económicos bajo el argumento de promover inversión y competitividad. El problema no es incentivar la actividad privada; toda economía moderna necesita inversión. El verdadero problema surge cuando esos beneficios se convierten en privilegios permanentes que no están acompañados de exigencias claras en materia de productividad, innovación, transferencia tecnológica, generación de valor agregado, mejora salarial o desarrollo regional. Casos como la denominada "Ley Chlimper" y sus ampliaciones reflejan precisamente ese debate. Mientras el Estado dejaba de recaudar miles de millones de soles en nombre de la promoción económica, muchas regiones continuaban enfrentando déficits históricos en infraestructura, salud, educación y acceso a servicios básicos. Cuando las ganancias son privatizadas pero los costos fiscales son asumidos por toda la sociedad, estamos frente a un modelo que socializa sacrificios y concentra beneficios. Eso no es libre mercado ni desarrollo sostenible; es un esquema de privilegios que fortalece a grupos con capacidad de influencia política mientras posterga las necesidades de millones de ciudadanos que siguen esperando oportunidades reales de progreso.
Uno de los ejemplos más indignantes de cómo la política puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo es el caso de Chinecas. Durante años, este megaproyecto ha permanecido paralizado entre decisiones políticas, intereses contrapuestos y una alarmante falta de voluntad para convertirlo en una prioridad nacional. Diversos actores han sido cuestionados por su oposición o por los obstáculos que enfrentó el proyecto, y una frase atribuida a Keiko Fujimori —"Chinecas no va, así se mueran diez mil o cien mil personas"— se convirtió para muchos en el símbolo de una visión política desconectada de las necesidades reales de la población. Estamos hablando de una obra con capacidad para transformar la economía de toda una región, ampliar significativamente la frontera agrícola, multiplicar las exportaciones, atraer inversiones, generar miles de puestos de trabajo y elevar la competitividad del país. Sin embargo, mientras proyectos de enorme impacto social y económico permanecían entrampados, la agenda política parecía concentrarse en disputas de poder e intereses particulares. Resulta difícil no cuestionar un modelo político que encuentra tiempo y recursos para defender privilegios, pero que durante décadas ha sido incapaz de impulsar con la misma determinación proyectos capaces de cambiar la vida de cientos de miles de peruanos..
Otro aspecto que considero extremadamente preocupante es la aprobación de una serie de normas que han sido duramente cuestionadas por especialistas, fiscales, jueces, organismos de la sociedad civil y expertos en seguridad por su posible impacto en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. No estamos hablando de un debate menor. La corrupción y la criminalidad organizada representan dos de los principales obstáculos para el desarrollo económico, la inversión y la gobernabilidad de cualquier país. Sin embargo, lejos de fortalecer las herramientas del Estado para combatirlas, durante los últimos años se han promovido reformas que, según sus críticos, han terminado favoreciendo escenarios de impunidad. La Ley 32108 elevó los requisitos para configurar una organización criminal y estableció condiciones que podrían dificultar investigaciones complejas; la Ley 31990 debilitó el mecanismo de colaboración eficaz, una de las herramientas más importantes para desarticular redes criminales; la Ley 32138 fue cuestionada por restringir procedimientos de investigación; la Ley 32054 impidió que los partidos políticos pudieran ser procesados como organizaciones criminales bajo determinadas circunstancias; la Ley 32326 endureció los requisitos para incautar bienes vinculados a actividades ilícitas; la Ley 31751, conocida popularmente como "Ley Soto", modificó aspectos relacionados con la prescripción de delitos generando preocupación sobre posibles efectos de impunidad; y la Ley 32130 redujo significativamente los plazos para diligencias complejas de interceptación e investigación. Analizadas en conjunto, estas reformas transmiten un mensaje profundamente preocupante: mientras la ciudadanía exige más herramientas para enfrentar la corrupción, las mafias y el crimen organizado que desangran al país, la clase política parece haber concentrado sus esfuerzos en debilitar precisamente los mecanismos que permiten investigarlos. Desde una perspectiva institucional y económica, las consecuencias son devastadoras. La corrupción distorsiona mercados, desalienta inversiones, reduce la productividad, encarece los servicios públicos y destruye la confianza ciudadana. Ninguna nación puede aspirar al desarrollo cuando las leyes parecen avanzar más rápido para proteger a los poderosos que para defender a los ciudadanos honestos que todos los días cumplen las reglas.
Asimismo, rechazo profundamente la práctica del terruqueo como mecanismo de descalificación política y exclusión social. Más allá de sus implicancias democráticas, considero que se trata de una de las expresiones más dañinas del centralismo y de la desconexión histórica que ha existido entre las élites de poder y gran parte del Perú profundo. Durante décadas, amplios sectores de la población andina y amazónica han enfrentado menores niveles de inversión pública, mayores índices de pobreza, limitada infraestructura, escaso acceso a servicios básicos y reducidas oportunidades de desarrollo económico. Sin embargo, cuando estas poblaciones exigen atención del Estado, reclaman proyectos de inversión, protestan contra el abandono o demandan mejores condiciones de vida, con demasiada frecuencia sus demandas son desacreditadas mediante etiquetas que buscan deslegitimarlas antes que comprenderlas.
Desde una perspectiva económica e institucional, esta actitud constituye una enorme miopía estratégica. Ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible mientras margina a millones de ciudadanos que representan una parte fundamental de su capital humano, productivo y cultural. Las regiones andinas y amazónicas poseen enormes recursos naturales, potencial agrícola, turístico, energético y humano que podrían convertirse en motores de crecimiento y competitividad nacional. Sin embargo, cuando sus demandas son ignoradas, caricaturizadas o asociadas injustamente con discursos extremistas, el país no solo profundiza sus fracturas sociales, sino que también desperdicia oportunidades de inversión, productividad e integración económica. La experiencia internacional demuestra que las naciones más exitosas son aquellas que incorporan a todos sus territorios al proceso de desarrollo, reducen brechas regionales y fortalecen la cohesión social. Por el contrario, los países que estigmatizan a determinadas poblaciones terminan generando más conflictividad, más desconfianza institucional y mayores obstáculos para el crecimiento. Defender el derecho de las poblaciones andinas y amazónicas a ser escuchadas no es solamente una cuestión de justicia social; es una condición indispensable para construir un país más próspero, competitivo e integrado.
La historia económica demuestra que los países exitosos integran a sus territorios, fortalecen sus instituciones y promueven igualdad de oportunidades. Los países que fracasan son aquellos donde pequeñas élites capturan el Estado, concentran beneficios y utilizan el poder político para preservar privilegios. Esa es precisamente la razón por la que miro con enorme desconfianza al fujimorismo.
Mi crítica no es ideológica. Es institucional y económica. Creo que el Perú necesita un modelo de desarrollo basado en productividad, innovación, descentralización efectiva, fortalecimiento institucional y competencia real. Necesita un Estado capaz de servir a todos los ciudadanos y no a grupos específicos. Necesita una democracia donde las leyes respondan al interés nacional y no a conveniencias políticas coyunturales.
Por todas estas razones, no considero que el fujimorismo represente una solución para los problemas del Perú. Por el contrario, lo veo como la expresión de una forma de hacer política que, durante décadas, ha contribuido a profundizar la desconfianza ciudadana, la polarización social y el debilitamiento progresivo de las instituciones. Y la historia económica demuestra que ningún país logra desarrollarse de manera sostenible cuando sus instituciones pierden independencia, cuando las reglas se perciben como desiguales y cuando el poder político se utiliza para proteger intereses particulares antes que para promover el bienestar colectivo.
Por eso, la verdadera discusión no debería centrarse en si el fujimorismo puede ganar o perder una elección. La pregunta de fondo es cuánto más le costará al Perú seguir atrapado en una lógica política que ha priorizado la disputa por el poder sobre la construcción de un proyecto nacional de largo plazo. Mientras otros países fortalecían sus instituciones, impulsaban grandes proyectos de desarrollo, invertían en innovación, infraestructura y competitividad, el Perú desperdició valiosos años en conflictos políticos, blindajes, enfrentamientos institucionales y luchas por cuotas de poder que poco contribuyeron a resolver los problemas estructurales de la población.
Después de analizar su impacto institucional, económico y social, mi conclusión es clara: el problema del fujimorismo no se limita a una candidatura, un liderazgo o una coyuntura electoral. El problema es el modelo político que representa. Un modelo que para muchos peruanos ha significado la normalización de la confrontación permanente, la captura de instituciones por intereses de poder, la aprobación de normas percibidas como favorables a la impunidad, la defensa de privilegios económicos, el abandono histórico de amplios sectores del país y la estigmatización de quienes reclaman derechos o cuestionan al poder. En lugar de fortalecer la democracia, ha contribuido a erosionar la confianza ciudadana; en lugar de cerrar brechas, ha profundizado divisiones; y en lugar de construir una visión de desarrollo inclusivo, ha privilegiado con demasiada frecuencia los intereses de unos pocos sobre las necesidades de las grandes mayorías.
Por esa razón, mi rechazo al fujimorismo no responde a una consigna ideológica ni a una animadversión personal. Responde a una evaluación de resultados, decisiones y consecuencias. Porque cuando analizo sus décadas de influencia política, encuentro demasiadas oportunidades perdidas para el desarrollo nacional, demasiados retrocesos institucionales y demasiadas señales de que el poder ha sido utilizado para preservar privilegios antes que para construir un Perú más justo, competitivo, descentralizado y democrático.
Por eso nunca votaría por el fujimorismo. Porque el Perú necesita construir instituciones más fuertes, no más débiles. Necesita más democracia, no más concentración de poder. Necesita más igualdad de oportunidades, no más privilegios. Necesita mirar hacia el futuro y dejar atrás una forma de hacer política que durante décadas ha contribuido a profundizar la desconfianza, la polarización y el deterioro institucional.
