15/10/2026
Durante la audiencia, el Ministerio Público manifestó que aún existen diligencias por practicar y nuevas personas bajo investigación, señalando la necesidad de recabar elementos que permitan corroborar sus hipótesis y establecer posibles vinculaciones con los hechos investigados. Entre sus argumentos, se abordó la trazabilidad de criptomonedas USDT y una wallet vinculada a una empresa objeto de investigación en Emiratos Árabes Unidos, así como la existencia de nuevos indiciados y de testigos e imputados que, según lo expuesto por la Fiscalía, estarían colaborando con la investigación mediante el aporte de información que calificó como eficaz y de calidad, dirigida a identificar a otras personas presuntamente vinculadas a los hechos. También se mencionó una prueba de reconocimiento morfológico facial, además de otras diligencias pendientes y solicitudes formuladas por las distintas defensas. Algunas representaciones se opusieron a la extensión solicitada, mientras que otras no formularon oposición, considerando que también existen diligencias pendientes promovidas por las propias defensas. Esta defensa insistió en que la investigación debe desarrollarse con objetividad, de modo que los nuevos testimonios, indicios y resultados periciales sirvan no solo para investigar posibles responsabilidades, sino también para descartar y desvincular a aquellas personas respecto de las cuales no existan elementos suficientes de participación. Asimismo, se hizo referencia a posibles líneas de investigación relacionadas con ciberdelitos y delincuencia organizada, pese a que tales delitos no han sido objeto de imputación en esta causa. En cuanto a mi representada, quien se desempeña como supervisora de caja del Banco Nacional, debe destacarse que el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Garantías, entonces presidido por la jueza Marisol Ortiz, de no imponerle medidas cautelares ni suspenderla de su cargo, pese a la solicitud inicial del Ministerio Público. La defensa continuará ejerciendo una representación técnica firme, exigiendo respeto al debido proceso, a la individualización de las conductas y al estado de inocen
