07/08/2026
Cuando un actuario tira a la basura años de juicio
Una persona moral propietaria de un conjunto habitacional en Playas de Tijuana obtuvo una sentencia firme en la que un juez ordenó el desalojo y la desocupación de una de las viviendas.
Para cumplir la resolución judicial se llevó a cabo la diligencia de lanzamiento con la presencia del actuario Roberto N, elementos de policía y la parte vencedora.
Al llegar al inmueble no se encontraba ninguna persona en su interior. La vivienda aparentaba estar desocupada, por lo que fue necesario abrir el acceso, romper las cerraduras y cambiar las chapas para ejecutar la orden judicial. Una vez dentro se observó que el inmueble no contaba con servicio de energía eléctrica y únicamente había diversos muebles almacenados.
Ante esa situación se solicitó el apoyo de una empresa de mudanzas para retirar los bienes conforme al procedimiento. Sin embargo, el actuario Roberto N decidió no esperar la continuación de la diligencia y abandonó el lugar, retirándose incluso en un vehículo de plataforma.
Horas después, aproximadamente seis horas más tarde, el actuario Roberto N regresó al inmueble sin el acompañamiento de elementos policiacos y, según los hechos denunciados, acompañado de diversas personas ajenas a la diligencia. De acuerdo con lo denunciado, durante ese momento se registró una agresión contra los guardias de seguridad de la privada y posteriormente el actuario Roberto N entregó la posesión del inmueble a esos terceros.
Posteriormente el actuario Roberto N levantó un acta en la que hizo constar que dichas personas le exhibieron un contrato privado de arrendamiento, documento que, según la parte afectada, carecía de fecha cierta y había sido celebrado con personas que no aparecen como propietarias del inmueble en el Registro Público de la Propiedad.
Ante estos hechos se presentó una queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Dicha queja fue declarada procedente, al estimarse acreditadas irregularidades en la actuación del servidor público.
Para la parte propietaria, las consecuencias fueron graves: una sentencia obtenida después de años de litigio dejó de surtir efectos en los hechos, pues el inmueble fue nuevamente entregado a terceros pese a existir una resolución judicial ejecutada. Además, la parte afectada señala que esas mismas personas ya contaban con denuncias previas relacionadas con hechos violentos ocurridos dentro de la privada.
Este caso refleja la enorme responsabilidad que tienen los funcionarios encargados de ejecutar resoluciones judiciales. Una actuación irregular durante una diligencia de lanzamiento puede comprometer la eficacia de una sentencia firme, afectar la seguridad jurídica de los propietarios y generar nuevas controversias que nunca debieron existir.
