Garay López & Vicencio

22/05/2026

La Polémica Reforma Electoral de la 4T
La reforma electoral que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum se presenta como un ejercicio de austeridad y racionalidad institucional. Sin embargo, para sus críticos representa algo más profundo: la posibilidad de que el poder político redefina las reglas democráticas desde una posición de amplia mayoría legislativa.

El debate no gira únicamente en torno al costo o funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, sino sobre el equilibrio entre legitimidad democrática y contrapesos institucionales. En un contexto marcado por la reciente reforma judicial y la concentración de fuerza política del oficialismo, la discusión adquiere una dimensión mayor: hasta dónde puede llegar un gobierno con respaldo popular sin debilitar la autonomía de las instituciones encargadas de limitar y vigilar el ejercicio del poder.

22/05/2026

La importancia de la Seguridad Privada intramuros

La seguridad privada intramuros ha apoyado durante años a las instituciones de seguridad pública en la protección de personas, bienes e instalaciones. Su actuación está regulada por la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual establece que el personal debe estar capacitado, no contar con antecedentes penales y actuar con profesionalismo.

Entre sus funciones destacan el control de accesos, vigilancia, rondines y atención de incidentes. Además, las empresas están obligadas a capacitar constantemente a su personal en temas de seguridad, protección civil y primeros auxilios.

Por ello, al contratar un servicio de seguridad privada es importante verificar que la empresa esté registrada legalmente y cuente con personal capacitado, a fin de evitar compañías irregulares o “patito”.

Desde hace algunas décadas, la Seguridad Privada ha coadyuvado con las Instituciones encargadas de las tareas de Seguridad Pública a disminuir el riesgo de la población en contra de la criminalidad y una de ellas es con la modalidad intramuros, es decir, en el interior de los inmuebles para prote...

22/05/2026

A nueve meses de la polémica elección judicial del 1º de junio de 2025, en la que se eligieron mediante voto popular directo a integrantes del Poder Judicial, distintas voces políticas, institucionales e internacionales han comenzado a señalar la necesidad de revisar y corregir diversos aspectos de la Reforma Judicial.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa reconoció que la Reforma Judicial debe corregirse, mientras que el senador Javier Corral Jurado sostuvo que resulta necesario revisar integralmente sus efectos y funcionamiento.

En el ámbito electoral, Guadalupe Taddei Zavala consideró oportuno aplazar la elección judicial prevista para 2027, debido a los retos técnicos y operativos que enfrenta su organización. En el mismo sentido, Manolo Jiménez Salinas calificó como inviable la realización de una nueva elección judicial en 2027 bajo las condiciones actuales.

A nivel internacional, la Organisation for Economic Co-operation and Development advirtió sobre la necesidad de evitar la improvisación en la designación de juzgadores para fortalecer la productividad y eficiencia del sistema judicial. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que la destitución de juzgadores y su elección mediante voto popular podrían representar un retroceso en materia de acceso e independencia judicial.

En conjunto, estas posturas reflejan un creciente debate sobre los alcances, limitaciones y posibles ajustes que requiere la Reforma Judicial tras su implementación.
https://forojuridico.mx/demandan-cambios-a-la-reforma-judicial/

22/05/2026

La productividad legislativa en México suele medirse mediante criterios cuantitativos, como el número de iniciativas presentadas o decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Sin embargo, este enfoque puede distorsionar la percepción del trabajo parlamentario al incentivar la presentación excesiva de iniciativas sin considerar su viabilidad.

Por ello, la productividad legislativa debe evaluarse también a partir de la calidad del proceso legislativo, incluyendo la deliberación parlamentaria, el trabajo en comisiones y la participación de las minorías.

Durante el segundo periodo ordinario de la LXVI Legislatura se presentaron cerca de 2 mil 800 iniciativas en la Cámara de Diputados lo que refleja una dinámica de hiperproducción legislativa (Ehrman, 2025).

En este contexto, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que la productividad debe medirse a partir de los decretos publicados en el DOF. No obstante, este criterio también favorece a las mayorías parlamentarias y deja fuera parte del trabajo legislativo no aprobado.

Por ello, una evaluación integral debe considerar tanto los resultados legislativos como la calidad democrática del proceso parlamentario.

21/05/2026

El Foro Gerencias Legales Bogotá 2026 confirma el giro estratégico del área jurídica ante regulación, IA y nuevos riesgos empresariales
El Foro Gerencias Legales Bogotá 2026 reunió a directores jurídicos y expertos de importantes empresas para analizar cómo la regulación, la digitalización y los nuevos riesgos están transformando el papel de las áreas legales. Durante el evento se destacó que la función jurídica ya no solo reacciona ante conflictos, sino que ahora participa activamente en la estrategia empresarial y en la prevención de riesgos.

La tecnología y el compliance fueron temas centrales del debate, especialmente por la necesidad de adaptar las estructuras legales a entornos digitales cada vez más complejos. Los participantes coincidieron en que el abogado corporativo ha evolucionado de un rol técnico a convertirse en un socio estratégico dentro de las organizaciones.

El Foro Gerencias Legales Bogotá 2026, celebrado en el Metropolitan Club de Bogotá yorganizado por Gericó Associates, reunió a general counsel, directores jurídicos yexpertos de compañías líderes como CEMEX, COMCEL, Ecopetrol, Toyota, Pepsico oColgas para analizar cómo la regulación, la tr...

21/05/2026

Daño al proyecto de vida una nueva dimensión en el derecho de daños
el daño al proyecto de vida ha sido reconocido por tribunales internacionales y nacionales como una categoría autónoma de reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ciertos actos ilícitos no solo causan daños físicos o morales, sino que alteran profundamente las expectativas personales, familiares y profesionales de la víctima.

La dificultad principal de esta figura jurídica radica en su prueba y cuantificación. No basta acreditar el daño sufrido, sino demostrar que existía un proyecto de vida razonable que fue frustrado. Para ello pueden utilizarse documentos, testimonios, contratos, estudios o evidencias que reflejen las metas y aspiraciones de la persona afectada.

En cuanto a la indemnización, no existe una fórmula exacta para calcular este daño, por lo que los jueces suelen valorar factores como la edad, profesión, capacidades y nivel de afectación de la víctima. Así, el daño al proyecto de vida representa una visión más humana del derecho de daños, al reconocer que también deben protegerse las aspiraciones y el futuro de las personas.

20/05/2026

La obra Comercio sexual y Derechos Humanos. Debates sobre la intervención punitiva desde una mirada feminista* ofrece una reflexión crítica sobre la manera en que el Estado ha abordado el comercio sexual desde distintas perspectivas jurídicas y políticas. A través de argumentos, experiencias y análisis comparados, el libro examina cómo una actividad que no necesariamente constituye un delito continúa profundamente vinculada al derecho penal y a mecanismos de control estatal.

La autora, Alexia Alonso, expone de forma clara las diferencias entre los diversos modelos regulatorios existentes, desde aquellos basados en la criminalización hasta los que privilegian la regulación administrativa o el reconocimiento laboral de quienes ejercen el trabajo sexual. Asimismo, analiza cómo cada enfoque impacta tanto en las personas que ofrecen servicios sexuales como en quienes los consumen.

El texto también cuestiona las posturas que reducen el debate únicamente a la victimización, ignorando fenómenos como la clandestinidad y la falta de mecanismos efectivos de protección y reconocimiento de derechos. En ese sentido, la obra se presenta como una herramienta útil para enriquecer los debates contemporáneos sobre derechos humanos, feminismo y políticas públicas relacionadas con el comercio sexual.

20/05/2026

La obra analiza el debido proceso como una garantía esencial del Estado constitucional de derecho y como un mecanismo fundamental para limitar la arbitrariedad de las autoridades. Desde una visión crítica y contemporánea, el texto examina su relevancia en el ámbito penal y en otras ramas jurídicas, especialmente en un contexto de creciente escrutinio sobre la actuación judicial.

A lo largo de la obra, el lector encontrará un estudio sobre el origen, alcance y función del debido proceso en los Estados modernos, así como su importancia para la protección de los derechos fundamentales y la seguridad jurídica. Asimismo, se reflexiona sobre los desafíos que enfrenta su correcta aplicación en México, destacando la necesidad de fortalecer las instituciones y evitar interpretaciones excesivamente formalistas que puedan derivar en impunidad o vulneraciones a los derechos humanos.

20/05/2026

Dentro de las áreas de oportunidad en la abogacía destaca el ejercicio profesional en derecho sanitario y responsabilidad médica, enfocado en asesorar y representar jurídicamente a profesionales de la salud, como médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, veterinarios, cosmetólogos y especialistas en cirugía estética, entre otros.

Esta especialidad cobra relevancia cuando se les pretende atribuir responsabilidad profesional en materias penal, civil, administrativa o laboral derivada de su práctica profesional. Además de la defensa legal, el derecho sanitario también busca prevenir riesgos mediante el cumplimiento normativo y la adecuada práctica médica.

20/05/2026

En el marco de la firma del convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y el Tribunal de Disciplina Judicial, la Magistrada Presidenta Celia Maya García destacó que la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones de justicia requiere mecanismos de evaluación que no se limiten a sancionar conductas, sino que también impulsen procesos de mejora, profesionalización y fortalecimiento institucional.

Durante la entrevista concedida a Foro Jurídico, señaló que el TDJ debe consolidarse como un auténtico tribunal de derecho, comprometido con la protección del debido proceso, el respeto a los derechos fundamentales y la observancia de los estándares internacionales aplicables en materia judicial y disciplinaria.

Asimismo, subrayó que la función disciplinaria no debe entenderse como una amenaza a la independencia judicial, sino como un elemento complementario que contribuye a fortalecer la legitimidad, transparencia y responsabilidad del sistema de justicia. En ese sentido, afirmó que la independencia judicial y la rendición de cuentas pueden coexistir de manera armónica cuando ambas se ejercen dentro de los límites constitucionales y con pleno respeto al Estado de derecho.

La firma del convenio con la ANDD tiene como finalidad promover actividades académicas, de capacitación e investigación jurídica, orientadas al fortalecimiento de la cultura de legalidad y al perfeccionamiento de las instituciones encargadas de impartir justicia en México.

20/05/2026

El 29 de enero de 2024 entró en vigor la LGMASC, incorporando por primera vez los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia administrativa. Posteriormente, el 12 de mayo de 2025 se publicó el Reglamento del Centro Público del TFJA, que reconoce la negociación, mediación y conciliación como mecanismos aplicables, prohibiendo expresamente el arbitraje. Finalmente, el 30 de septiembre de 2025 inició funciones el CPMASC.

Este marco busca atender la sobrecarga y duración de los procesos ante el TFJA mediante procedimientos más ágiles y colaborativos. Los mecanismos pueden durar hasta seis meses, suspendiendo durante ese tiempo los plazos procesales.

Además, pueden aplicarse tanto en juicios en trámite como en asuntos con sentencia pendiente de cumplimiento, e incluso en procedimientos ante autoridades administrativas, siempre que no exista otro medio alternativo previsto.