06/03/2026
Les cuento otro caso real de un juicio que estamos ventilando hoy.
Y créanme… es más común de lo que imaginan.
Cuando iniciamos un matrimonio, lo hacemos desde el amor, la confianza y la idea de construir un proyecto en común. Nadie se casa pensando en el divorcio.
Y en medio de esa ilusión, muchas veces dejamos de lado conversaciones importantes, especialmente las relacionadas con el patrimonio y las consecuencias legales del matrimonio.
Y muchas veces no tomamos verdadera conciencia de qué implica casarse por sociedad conyugal o por separación de bienes. Se firma, se elige un régimen casi por trámite, sin dimensionar qué significa a futuro.
Hoy la realidad jurídica es distinta a la que existía hace años. Ya no hay una diferencia tan determinante entre uno y otro régimen cuando hablamos de los derechos que pueden reclamarse al momento del divorcio.
Figuras como la pensión compensatoria o la compensación económica existen precisamente para equilibrar las desigualdades que se generan dentro del matrimonio, sin importar únicamente bajo qué régimen se casaron.
¿Dónde está el problema entonces?
En lo que no se habla.
En muchos matrimonios, por decisión conjunta, por comodidad o por la crianza de los hijos, uno de los dos se queda en casa. Se encarga del hogar, de la organización familiar, del cuidado de los hijos y del sostenimiento cotidiano del proyecto de vida. Mientras tanto, el otro sale a trabajar, genera ingresos, crece profesionalmente y consolida patrimonio.
Mientras uno acumula experiencia laboral, estabilidad económica y seguridad social…
el otro muchas veces pausa su desarrollo profesional.
Y cuando llega el divorcio, aparece la desigualdad:
una persona con ingresos, historial laboral y patrimonio;
y otra que dedicó años al hogar y termina sin independencia económica inmediata.
Pero hay algo todavía menos visible.
Muchas veces quien permanece en casa no se involucra en las decisiones patrimoniales. No pregunta cómo se adquieren los bienes, a nombre de quién se registran o cómo se administran los recursos familiares.
Y mientras existe confianza, el otro adquiere casas, autos o inversiones…
a veces a nombre de terceros,
a veces mediante operaciones que nunca se comparten plenamente,
o incluso vendiendo bienes durante el matrimonio sin transparencia.
Cuando llega el divorcio, surge la realidad:
no hay bienes aparentes o nada figura a nombre de quien también contribuyó al proyecto familiar.
Entonces comienzan juicios largos y complejos para acreditar la existencia del patrimonio, su adquisición durante el matrimonio o incluso simulaciones y ocultamientos. Sí se puede demostrar, pero no siempre es sencillo.
Por eso siempre lo digo:
El amor no debe excluir la prevención.
Antes de casarse pueden establecer capitulaciones matrimoniales.
Durante el matrimonio pueden modificarlas.
Pueden acordar cómo se administrará y repartirá el patrimonio si algún día se separan.
Y si ya están casados, involúcrense.
Pregunten.
Participen en las decisiones económicas.
Sepan cómo está conformado el patrimonio familiar.
Porque cuando alguien afirma:
“¿Por qué le voy a repartir si el que trabajó fui yo?”
Vale la pena preguntarnos:
¿Realmente fue un esfuerzo individual?
¿Habría sido posible ese crecimiento sin la persona que durante años sostuvo el hogar, cuidó a los hijos y permitió que el otro pudiera desarrollarse profesionalmente?
El matrimonio es un proyecto compartido.
Y cuando termina, la justicia busca equilibrar aquello que durante años fue desigual.
Que el amor no les impida entender sus derechos.
Y que la confianza no les cueste su estabilidad futura.
