21/08/2026
PROCESO Y AMPAROS
Por Gerardo Sánchez Martínez
Expresión Ciudadana!
Mientras documentos del propio Ayuntamiento de Atlixco, revelan que la seguridad pública nunca fue responsabilidad administrativa de un solo hombre, la detención y posterior vinculación a proceso penal del secretario de Seguridad Ciudadana, Antonio Hernández Pacheco, alcanzó al primer círculo del gobierno municipal: la presidenta Ariadna Ayala Camarillo acudió ante la justicia federal en busca de protección frente al riesgo de ser detenida y su tesorero, presumible sucesor en la alcaldía, Juan Francisco García Martínez, hizo lo propio, obteniendo una suspensión provisional concedida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal.
Pese a tales circunstancias, los regidores del Cabildo de Atlixco no han dado hasta ahora una explicación pública sobre esta crisis que involucra a tres de los principales funcionarios de la administración municipal. Tampoco se conoce un pronunciamiento del síndico municipal, Iván Cortés Ambrosio, sobre las implicaciones institucionales del caso ni sobre las medidas que adoptará el Ayuntamiento para garantizar que las investigaciones se desarrollen sin interferencias, pese a que la propia Ariadna Ayala ofreció públicamente todas las facilidades y colaboración de su gobierno para el esclarecimiento de los hechos. Por el momento, la alcaldesa tampoco ha planteado solicitar licencia para separarse temporalmente del cargo mientras se desarrollan las indagaciones ministeriales.
EL PUNTO DE PARTIDA ESTÁ EN LOS PROPIOS DOCUMENTOS DEL AYUNTAMIENTO.
Los nombres que hoy aparecen alrededor de la crisis de seguridad en Atlixco ya estaban juntos en los documentos del propio Ayuntamiento.
Una evaluación que obra en poder de El Periódico de la Expresión Ciudadana! señala a Ariadna Ayala Camarillo, al tesorero Juan Francisco García Martínez, al contralor Eloy Telles Aguilar y al ahora procesado Antonio Hernández Pacheco como “Responsables del Seguimiento al Programa Presupuestal” en materia de seguridad.
El dato cobra relevancia después de la detención y vinculación a proceso de Hernández Pacheco, explicando el por que mientras el exsecretario permanece sujeto a proceso penal, Ayala Camarillo buscó la protección de la justicia federal y García Martínez hizo lo mismo, obteniendo ya una suspensión provisional. Los documentos dejan establecido que ambos formaban parte del grupo responsable de dar seguimiento a la política de seguridad que encabezaba Hernández Pacheco.
La secuencia posterior resulta, por ello, relevante.
Antonio Hernández Pacheco fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho. Por tal motivo el juez de control de la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, le impuso prisión preventiva justificada y concedió dos meses para la investigación complementaria, plazo que concluirá el próximo 19 de octubre.
El 14 de agosto, día de la detención de Hernández Pacheco, Ariadna Ayala promovió una demanda de amparo ante la justicia federal. El asunto quedó registrado bajo el expediente 914/2026 del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, aunque la juzgadora le requirió precisar la autoridad judicial a la que atribuye el posible acto reclamado antes de resolver sobre la admisión de la demanda.
DESPUÉS APARECIÓ UN SEGUNDO AMPARO.
Juan Francisco García Martínez, tesorero municipal y mencionado en versiones políticas como eventual sucesor de Ayala Camarillo en la alcaldía, promovió el juicio de amparo indirecto 923/2026. En este caso, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal admitió parcialmente la demanda y abrió el correspondiente incidente de suspensión.
La resolución permite conocer con mayor precisión qué protección buscó el funcionario: García Martínez reclamó posibles órdenes judiciales de búsqueda, aprehensión, reaprehensión, detención y comparecencia. El juez federal le concedió suspensión provisional y ordenó a las autoridades responsables informar si existe alguno de esos mandamientos y, de ser así, identificar el proceso o carpeta de investigación de donde proviene, los hechos que se le atribuyen, su clasificación jurídica y la fecha en que hubiese sido librada la orden.
Hasta ahora, la existencia de una orden de aprehensión contra el tesorero no está acreditada públicamente. La suspensión provisional tampoco significa que el juez haya reconocido que existe. Su finalidad es preservar la situación jurídica del quejoso mientras las autoridades rinden sus informes y se determina la existencia o inexistencia de los actos reclamados.
Lo que sí está documentado es otra cosa: el secretario de Seguridad está sujeto a proceso; la presidenta municipal buscó protección federal frente a posibles actos que afectaran su libertad; y el tesorero hizo lo mismo y obtuvo una suspensión provisional.
Los tres nombres ya habían aparecido juntos antes.
No en una carpeta penal, sino en los documentos mediante los cuales el propio Ayuntamiento estableció quiénes eran responsables de dar seguimiento a su política de seguridad.
El amparo promovido por Ariadna Ayala causó extrañeza incluso en el Gobierno del Estado. El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, reconoció desconocer qué motivó a la alcaldesa a buscar la protección de la justicia federal y anunció que buscaría reunirse con ella para conocer las razones. “Voy a buscarla para ver qué pasa”, declaró, al señalar que no tenía conocimiento de alguna investigación ministerial en contra de la presidenta municipal.
EL CABILDO, SIN PRONUNCIARSE
A una semana de la detención de Hernández Pacheco y después de conocerse los amparos de la alcaldesa y su tesorero, los regidores del Cabildo, particularmente Eberth Shadai Guarneros Ortiz, presidente de la Comisión de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, no han fijado públicamente una posición sobre la crisis ni se conoce que hayan solicitado una explicación formal a la presidenta municipal. Tampoco el síndico Iván Cortés Ambrosio se ha pronunciado sobre las implicaciones institucionales del caso ni sobre el papel que corresponde asumir al Ayuntamiento ante las investigaciones en curso.
El silencio contrasta con el compromiso asumido por Ariadna Ayala tras la detención de su secretario de Seguridad, cuando aseguró que su gobierno actuaría conforme a derecho y colaboraría con las autoridades para esclarecer los hechos.
Hasta ahora tampoco se ha planteado públicamente que la alcaldesa solicite licencia para separarse temporalmente del cargo mientras avanzan las investigaciones, lo que colocaría al Cabildo ante la responsabilidad de resolver institucionalmente quién asumiría el gobierno municipal durante su ausencia.
Por ahora, Ayala Camarillo continúa al frente del Ayuntamiento, mientras busca la protección de la justicia federal y las investigaciones que llevaron a proceso a quien durante casi cinco años encabezó la seguridad municipal siguen su curso.
LO QUE QUEDA PARA ATLIXCO
Más allá de lo que finalmente resuelvan jueces y fiscales, esta experiencia deja una advertencia para los atlixquenses: la seguridad pública no puede descansar en la confianza depositada en un funcionario, sino en instituciones capaces de vigilarse, rendir cuentas y corregirse cuando algo falla.
La primera obligada a reconstruir esa confianza es Ariadna Ayala. No sólo porque Hernández Pacheco encabezó durante años la seguridad de su gobierno, sino porque los propios documentos municipales colocan a la presidenta entre quienes debían dar seguimiento a esa política. Su amparo es un derecho constitucional, pero no sustituye la explicación política que todavía debe a los ciudadanos.
Por lo pronto, la detención y proceso penal de quien comandó la seguridad municipal han golpeado la credibilidad de la corporación. Frenar ese deterioro exige esclarecer lo ocurrido, revisar los controles que fallaron y garantizar a los policías que cumplen con su deber y a los ciudadanos que los necesitan que la institución está por encima de cualquier funcionario.
Porque Atlixco necesita volver a confiar en su policía. Y recuperar esa confianza exige transparencia desde quien gobierna, investigaciones sin obstáculos y responsabilidades hasta donde alcancen. Porque si la seguridad pública nunca dependió de un solo hombre, su fracaso tampoco puede explicarse —ni pagarse— con un solo secretario.
Y EN LA MARRANERA…!
—¿Entonces el problema era el secretario?
—Eso esperan.
—¿Ya encontraron al responsable?
—Encontraron al primero.
—¿La seguridad dependía de uno solo?
—Para cobrar responsabilidades, parece que sí.
