28/05/2026
🚨 ¿LOS HONORARIOS DEL ASESOR JURÍDICO PRIVADO SON PARTE DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO? LA RESPUESTA CAMBIA EL JUEGO PROCESAL 🚨
En el debate contemporáneo del derecho penal mexicano, pocas cuestiones generan tanta confusión práctica como la integración de la reparación del daño dentro de las salidas alternas. A partir del análisis compartido por el jurista Alejandro Guerrero Peña, se coloca sobre la mesa una interrogante clave: ¿puede condicionarse el acceso a una solución alterna al pago de honorarios del asesor jurídico privado de la víctima? La respuesta, desde una lectura constitucional y convencional, no solo es relevante, es determinante para el debido proceso.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 1133/2019, fijó un criterio de enorme trascendencia: la figura de la compensación prevista en la Ley General de Víctimas tiene una naturaleza eminentemente estatal. Esto implica que su garantía, cobertura y ejecución no recaen en el imputado, sino en el propio Estado, como parte de su obligación de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las víctimas frente al fenómeno delictivo.
Este criterio no surge de manera aislada. La propia exposición de motivos de la Ley General de Víctimas deja claro que la compensación responde a un contexto histórico de violencia estructural, donde el Estado reconoce su incapacidad para prevenir determinados delitos y, en consecuencia, asume la obligación de reparar de manera subsidiaria los daños causados. No se trata de sustituir al responsable del delito, sino de evitar que la víctima quede en estado de indefensión ante la insolvencia del agresor o la imposibilidad de identificarlo.
Desde esta perspectiva, resulta indispensable distinguir entre figuras que en la práctica suelen confundirse: la reparación del daño, la indemnización, la restitución y la compensación. Mientras las tres primeras corresponden al sujeto activo del delito. es decir, al imputado o sentenciado, la compensación constituye un mecanismo autónomo que debe ser cubierto por el Estado. Esta distinción no es menor, pues impacta directamente en la legalidad de las condiciones impuestas dentro de mecanismos como la suspensión condicional del proceso.
El artículo 64 de la Ley General de Víctimas establece que la compensación incluye diversos conceptos, entre ellos, el pago de gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado. Sin embargo, una interpretación sistemática y conforme a derechos humanos obliga a concluir que dicha obligación no puede trasladarse automáticamente al imputado como condición para acceder a una salida alterna. Hacerlo implicaría desnaturalizar la figura de la compensación y trasladar al gobernado una carga que constitucionalmente corresponde al Estado.
Más aún, el artículo 68 del mismo ordenamiento delimita con claridad los supuestos en los que procede la compensación subsidiaria, reforzando la idea de que el Estado debe intervenir cuando el daño no puede ser cubierto de manera directa por el responsable. En este sentido, pretender que los honorarios del asesor jurídico privado sean cubiertos por el imputado como requisito indispensable para aprobar un plan de reparación del daño no solo resulta jurídicamente cuestionable, sino potencialmente violatorio del principio de legalidad y del derecho de acceso a mecanismos alternativos de solución de controversias.
El caso práctico referido donde un órgano jurisdiccional negó una suspensión condicional del proceso bajo el argumento de que no se habían cubierto dichos honorarios, evidencia una problemática real en la interpretación judicial. Se está condicionando un derecho procesal a una obligación que no necesariamente le corresponde al imputado, generando un obstáculo indebido y distorsionando la finalidad de las salidas alternas previstas en el sistema penal acusatorio.
Desde una óptica de política criminal, este tipo de criterios no solo afecta al imputado, sino que también impacta negativamente en la eficiencia del sistema de justicia. Las soluciones alternas buscan despresurizar el sistema, garantizar una reparación pronta y evitar procesos innecesarios. Introducir cargas indebidas rompe ese equilibrio y desincentiva su utilización, generando mayores costos institucionales y prolongando conflictos que podrían resolverse de manera más ágil.
En un Estado constitucional de derecho, las cargas procesales deben estar claramente delimitadas y sustentadas en la ley. No pueden construirse a partir de interpretaciones extensivas que terminen afectando derechos fundamentales. La reparación del daño es, sin duda, un eje central del proceso penal, pero su alcance debe entenderse dentro de los límites normativos y bajo una correcta diferenciación de figuras jurídicas.
Porque al final, la justicia no solo se trata de reparar…
Se trata de hacerlo conforme a derecho.
Porque no todo lo que se exige a un imputado es legal…
y no todo lo que se normaliza en la práctica resiste un control constitucional.
Y cuando una interpretación judicial comienza a desdibujar las obligaciones del Estado para trasladarlas al ciudadano…
lo que está en juego ya no es solo un caso, sino la integridad del sistema de justicia.
