25/08/2025
👹 En el ejercicio de la abogacía es común advertir cómo, tras la ruptura de una relación de pareja, el dolor se convierte en un motor de venganza. En un caso reciente, la madre de unos menores, afectada por la infidelidad de su expareja, ha decidido emprender una serie de acciones en su contra: lo privó de la convivencia con sus hijos, lo difamó hasta provocar su despido laboral y lo denunció por hechos falsos.
Este tipo de conductas genera un doble daño. Por un lado, vulnera derechos fundamentales de la persona acusada, entre ellos su honor, su estabilidad laboral y su derecho de defensa. Pero, sobre todo, impacta gravemente en los hijos, quienes quedan atrapados en un conflicto que no les pertenece. La niñez tiene derecho a crecer en un ambiente sano, estable y libre de violencia emocional, donde se fomente la convivencia con ambos progenitores. El principio del interés superior de la niñez, reconocido en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en los tratados internacionales ratificados por México, nos recuerda que ninguna diferencia entre adultos puede estar por encima del bienestar infantil.
Los avances en materia de derechos de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género al sistema jurídico son conquistas legítimas que deben ser protegidas y fortalecidas. Sin embargo, su utilización con fines de venganza o manipulación socava la justicia, desacredita las luchas sociales y perpetúa nuevas formas de violencia, incluso contra los propios hijos.
El derecho debe ser un instrumento de justicia, paz y protección de los más vulnerables. Abusar de él para saldar rencores personales no solo es éticamente reprochable, sino que genera daños irreparables en la infancia y debilita la sociedad que aspiramos construir. La verdadera justicia exige que pongamos siempre por encima de cualquier conflicto personal el bienestar de quienes dependen de nuestra responsabilidad: los niños y niñas.
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