24/03/2026
Está por entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y casi nadie está dimensionando lo que viene. No es una reforma más: es un cambio radical en cómo se imparte justicia en los asuntos que más afectan la vida diaria —familia, patrimonio, conflictos civiles—. Se acabó, en teoría, el expediente interminable y la justicia de escritorio. Viene un modelo oral, inmediato y más exigente. Si esto se hace bien, puede transformar la justicia en México. Si se hace mal, puede colapsarla.
Pero para que funcione no basta con decir “ya entró en vigor”. Se necesita, de inmediato:
1) plan estatal de implementación;
2) declaratoria formal;
3) diagnóstico real;
4) presupuesto suficiente;
5) salas de audiencia;
6) sistemas de grabación;
7) expediente digital;
8)soporte técnico;
9) rediseño de gestión judicial;
10) protocolos de audiencia;
11) capacitación intensiva de jueces;
12) formación de personal judicial;
13) capacitación de litigantes;
14) agendas eficientes;
15) notificaciones funcionales;
16) control de simulación;
17) evaluación con indicadores;
18) corrección permanente.
Sin esto, el Código es letra mu**ta.
Y aquí está el problema: la mayoría de los estados no está haciendo esto. Están distraídos en la coyuntura —elecciones, reformas políticas, ruido mediático— mientras dejan pasar una de las transformaciones más importantes del sistema de justicia en décadas. No hay dinero, no hay planeación, no hay urgencia. Y eso tiene consecuencias: si no se toman en serio la implementación, lo que viene no es una mejor justicia… es un sistema nuevo montado sobre los mismos vicios de siempre.
