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09/01/2024

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05/01/2024

Es jurídicamente procedente establecer como parámetro para fijar la duración de la pensión compensatoria, el hecho de que sin vivir juntos los cónyuges, por así convenirlo y con motivo del trabajo del esposo, éste continuó contribuyendo al sostenimiento del hogar, a la alimentación y a la educación de la familia, al no existir el ánimo de extinguir los fines del matrimonio.

05/01/2024

Un parámetro para establecer la duración de la pensión alimenticia compensatoria consiste en el tiempo que duró la relación de pareja, entendida ésta cuando se rompe la convivencia matrimonial, por haberse producido entre los cónyuges circunstancias que les impiden mantenerla, derivada de un estado antisocial que no permite el cumplimiento de los fines del matrimonio

05/01/2024

La pensión compensatoria se otorga en aquellos casos en los que el divorcio provoca un desequilibrio económico en una de las partes. Esto significa que su nivel de vida se tiene que ver considerablemente reducido con respecto al otro cónyuge y con la situación anterior al divorcio.

03/01/2024

La legislación que prevé la posibilidad de recuperar la patria potestad que se perdió por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, es constitucionalmente válida, al ser acorde con el interés superior de la infancia, pues dada la propia naturaleza de las relaciones paterno-filiales, resulta evidente que la privación de la patria potestad puede afectar notablemente la unidad familiar y, en consecuencia, incidir en el sano desarrollo de la infancia cuya familia sufre desintegración.

03/01/2024

La institución de la patria potestad constituye un concepto progresivo e inacabado, que comprende un conjunto de prerrogativas derivadas del vínculo filial que relaciona ascendientes con descendientes, por medio de la cual aquéllos cumplen sus deberes respecto a la guarda, custodia, crianza y formación de éstos

03/01/2024

Cuando la conducta de los padres pone o pueda poner en peligro la integridad o formación de los hijos, cabe privarles o suspenderles del ejercicio de la patria potestad, a fin de salvaguardar el interés superior de las personas menores de edad, de manera que esa suspensión o privación no constituye una forma de castigo a los progenitores por el incumplimiento de sus deberes, sino una medida de protección excepcional con la cual se pretende defender los intereses del menor de edad, en caso de que la separación sea necesaria para su bienestar

02/01/2024

Es el órgano jurisdiccional quien debe decidir si aprueba o no el cambio de domicilio del progenitor custodio, garantizando el derecho de audiencia del no custodio; no obstante, la aceptación o la oposición del progenitor no custodio no es el elemento central que deberá definir la decisión del órgano jurisdiccional, sino que será uno más que habrá de analizarse a la luz de todas las circunstancias del caso y primordialmente frente al interés superior de la niñez, en cuyo caso podrá aprobar el cambio de domicilio, aun ante la oposición del no custodio.

02/01/2024

El progenitor custodio no está obligado a mantener el mismo domicilio, porque ello haría nugatoria cualquier posibilidad de que este último adopte un nuevo proyecto de vida que amerite dicho cambio de residencia, como podría ser un mejor empleo, una calidad de vida diferente, o bien, por razones económicas, de salud o seguridad, entre otras

02/01/2024

Cuando exista una resolución judicial o un convenio aprobado por autoridad judicial donde se determine la guarda y custodia a favor de uno de los progenitores, este último no puede unilateralmente cambiar su domicilio a otra entidad federativa, lo que tiende a salvaguardar el debido cumplimiento del régimen de visitas y convivencias y el lazo paterno o materno filial entre el no custodio y los menores de edad

29/12/2023

La Constitución Mexicana y otros instrumentos legales prohíben cualquier forma de castigo que implique crueldad, inhumanidad o degradación. Se busca proteger la integridad física y emocional de los niños.

29/12/2023

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México, establece el principio del interés superior del menor. Esto significa que cualquier medida adoptada en relación con los niños debe tener en cuenta su bienestar y desarrollo integral.

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