09/12/2014
Observaciones y Comentarios al Proyecto de Iniciativa de la Ley
Federal de Juegos con Apuesta, Sorteos y Casinos
Dip. Elba Capuchino Herrera
De las generalidades
La Iniciativa pretende sustituir la actual Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947. Para tal efecto, se construye una nueva, en la que se regulan los juegos con apuesta, los sorteos, tal y como los regula la actual ley, e incluye la actividad de casinos, que los conceptualiza como promotores del turismo, el empleo y las divisas en cualquier parte del territorio nacional, sin mencionar o aclarar prioridades de su establecimiento en una o en otra región. La propuesta básicamente modifica la Ley anterior incluyendo la actividad de casinos como elementos nuevos permitidos; especifica con mayor amplitud la determinación de las facultades y atribuciones de las autoridades para el otorgamiento de licencias y permisos, y establece los requisitos que los interesados deberán de llenar para ser beneficiarios en sus solicitudes tanto de sorteos, como de juegos con apuesta, así como de las actividades relacionadas con juegos de apuesta en casinos.
Sin embargo, en la Iniciativa del Ejecutivo, no se aclaran las atribuciones que tendrá la Comisión de Juegos, Sorteos y Casinos, bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación, ni los propósitos que el país pretende alcanzar al permitir que existan casinos en México, propósitos que, en lo que se refiere al turismo, el empleo y la captación de divisas, son generales y que por lo mismo no se prevé el mejor aprovechamiento de la infraestructura turística ni tampoco el tipo de mercado que con estas inversiones se pretende atender.
Consideraciones Políticas
Una actividad económica que tiene ingresos de más de 20 mil millones de dólares por año, que oficialmente se percibe a así misma como legal, legítima, generadora de beneficios fiscales y económicos y manejada por compañías conocidas que cotizan en bolsa, tiende a exigir reconocimiento dentro del contexto económico, social y sobre todo político.
Los dueños y operadores de casinos saben que el activo más importante de su organización, no son ni los terrenos, ni las instalaciones, ni la tecnología; es la licencia para operar. Por ello su mayor esfuerzo es poner de su lado a las fuerzas políticas; existe una larga e impresionante lista de políticos y ex políticos que representan los intereses de los casinos, sobre todo en su esfuerzo de expansión, desde su principal representante gremial, Frank J. Fahrenkopf Jr., Presidente de la American Gaming Asociation, quien fuera cabeza del Partido Republicano.
La reciente expansión del juego en casinos de los Estados Unidos, ha puesto de manifiesto preocupantes aspectos de la relación entre el gobierno y el negocio de los casinos. Esta interacción se puede dar con diversos mecanismos, desde una colusión de intereses donde los políticos reciben parte de los beneficios económicos (como el caso que se dio en Nueva Orleans); hasta los políticos que quisieron actuar en beneficio de la sociedad y no alcanzaron a apreciar las consecuencias de sus decisiones.
Dentro del tradicional sistema americano de cabildeo, el juego organizado se ha posicionado en los primeros lugares de influencia. Con sus enormes recursos financieros, apoyan campañas políticas, contratan ex políticos y hacen valer sus decisiones en la vida política-económica de los estados americanos.
El establecer casinos tiene muchos elementos que tienden a nublar el juicio de los políticos involucrados en la decisión. Por un lado, son alimentados con información de los promotores del proyecto, lo que distorsiona y parcializa los elementos de juicio, y por el otro, el conjunto de aparentes beneficios de ofrecer empleos, inversión e ingresos fiscales adicionales, constituyen un atractivo muy fuerte, que, desde la óptica de los promotores, se deben de soslayar los elementos negativos de lo que constituiría un panorama completo de las consecuencias de legalizar el juego, no se diga si además hay beneficios personales involucrados.
Tomar la distancia que requiere una decisión objetiva y ponderada se ve dificultada por tres factores principales:
• El casino genera impuestos; que deberán ser regulados.
• Se otorgan concesiones que equivalen a monopolios en un negocio de altísima y probada rentabilidad y, dado el monopolio, el riesgo de la competencia es inexistente.
• La necesidad de establecer una continua supervisión del gobierno sobre la operación diaria del casino.
La experiencia actual con las estructuras de vigilancia y seguridad en nuestro país, presenta una desalentadora perspectiva para garantizar la vigilancia adecuada sobre bases continuas y a largo plazo.
Si la promoción de establecer casinos en nuestro país está orquestada y financiada por los grandes consorcios del juego en Norteamérica, como se desprende de la lógica de la vecindad geográfica, de los nuevos lazos comerciales y de protección a la inversión y de los llamados "inversionistas interesados", México tendría una realidad política de peso e influencia del juego organizado.
Consideraciones Económicas
Los efectos económicos de los casinos se derivan de su naturaleza: son planeados y operados para extraer recursos, pérdidas del jugador, que se convierten en su única fuente de ingresos.
A diferencia de las transacciones de la economía productiva, donde existe un cliente que se beneficia con un bien o servicio y un proveedor o prestador de servicios que obtiene una utilidad, y que por lo regular tiene el respaldo de una cadena productiva que participa del beneficio y efecto multiplicador de la transacción, en el casino se da únicamente la situación de que uno gana si el otro pierde.
El primer beneficio económico que se menciona al instalar un casino es la generación de empleos. Se debe reconocer que en el corto plazo, se crea empleo. Sin embargo hay que puntualizar una característica importante: estos empleos no son productivos porque no proporcionan un bien o servicio más que el pretendido servicio del entretenimiento.
Al tratarse de empleos que provienen de una organización estructurada en torno al juego y no a una actividad productiva, los empleos quedan tipificados y estandarizados en empleos de destino final, por lo cual no hay la promoción que se da en otros ramos de la economía productiva, donde existen jerarquías de diversos puestos, y variadas responsabilidades que requieren diferentes calificaciones.
Otro beneficio del que se habla es de la atracción de turismo y entrada de divisas.
Con la explosión que se ha dado de casinos, sobre todo en Estados Unidos, de donde recibimos el mayor número de turistas, es un argumento inválido el pretender considerar que constituye una ventaja competitiva, ya que en aquel país la mayoría de los estados cuenta con casinos.
En cuanto a divisas, debemos notar que el primer requisito para que la atracción de éstas tuviera un resultado positivo, es que los casinos fueran de administración y propiedad 100 por ciento nacional, sólo así quedaría un beneficio para el país, como en el caso de Montecarlo, que es su principal fuente de ingreso.
Se habla también del casino como promotor de la actividad económica. En este aspecto, el casino es de naturaleza estéril, por ser un organismo diseñado para extraer recursos de la economía y no para formar, por medio de una cadena productiva, bienes o servicios útiles para la comunidad.
Consideraciones Sociales
El modelo que veladamente promueve esta Iniciativa al no hacer especificaciones, es el modelo americano masificado, que depende en gran medida de la operación de las máquinas tragamonedas, que tiene como mercadometa a las personas de medios y de bajos ingresos de las áreas metropolitanas y conurbadas. Sectores sociales que perderían cantidades no muy grandes en términos absolutos, pero sí significativas en cuanto a su porcentaje de ingresos. Si la media del ingreso en México es de tres salarios mínimos, es también el promedio de consumo en un solo día de una máquina tragamonedas. Además, éstas causarían competencia a otros mercados enfocados a estos sectores, como son: la Lotería Nacional, el Melate, el Rascadito, etc., que sí son generadores de ingresos para la asistencia pública y que vía Hacienda destinan fondos al presupuesto de instituciones como el DIF.
A los casinos suele asociárseles con otros males sociales como: prostitución, dr**as y crimen organizado. Sin embargo, es un error considerar a estos aspectos como los principales daños causados por los casinos, ya que dichos males sociales tienen sus propias dinámicas de desarrollo y no son fruto estrictamente necesario del juego. De más peso y más preocupante debiera ser la relación que existiría entre el negocio del juego y el gobierno, que sí toca el poco explorado aspecto de los efectos políticos y por lo tanto sociales.
Un Viaje Sin Retorno
En resumen, no existen en la Iniciativa de Ley argumentos de mercado ni de planeación de desarrollo regional, económico y social, que indiquen las prioridades para la autorización de este tipo de inversiones.
Al legalizar los casinos, se crearían intereses de "impuestos voluntarios", empleos e inversiones en infraestructura, y sería prácticamente imposible que de alcanzar esta actividad un nivel de generalización y de tamaño económico, se dé marcha atrás, por más que se hagan patentes las desventajas de orden político, de orden económico y de flujos adversos en la balanza comercial, o de orden social y corrupción de todo tipo, sea lavado de dinero, asociación con el crimen organizado o evasión de impuestos.
Si no hay un verdadero movimiento popular que reclame la existencia de estos negocios, si no existen garantías de vigilancia continua y a largo plazo por parte de las autoridades y, mientras la promoción sea fruto de intereses externos que sólo pretenden abrir nuevos mercados para incrementar sus ganancias, sería irresponsable y contra los intereses de desarrollo económico y social del país, aceptar modificaciones a la Ley Federal de Juegos y Sorteos que nos puedan llevar a escenarios que después, nadie sería capaz de justificar.
Dip. Elba Capuchino Herrera. Secretaria de Turismo por la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática
