26/04/2026
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
La Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos A.C., en congruencia con sus principios rectores de legalidad, justicia, dignidad humana y seguridad jurídica, expresa su más firme preocupación ante los recientes hechos de violencia feminicida registrados en el país, así como frente a las omisiones institucionales que continúan impidiendo una tutela efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres.
El feminicidio constituye la manifestación más grave de violencia por razón de género y representa, además, un indicador crítico sobre la capacidad real del Estado para cumplir con sus deberes constitucionales de prevención, protección, investigación, sanción y reparación.
En un Estado Constitucional de Derecho, toda noticia criminal vinculada con amenazas, desaparición, agresiones o riesgos ciertos contra una mujer obliga a las autoridades competentes a actuar bajo estándares de debida diligencia reforzada, con inmediatez, profesionalismo, perspectiva de género y plena coordinación interinstitucional.
Cuando las denuncias son minimizadas; cuando las medidas de protección no se dictan oportunamente; cuando las búsquedas se retrasan; cuando la investigación ministerial carece de dirección técnica; cuando los servicios periciales resultan insuficientes; o cuando se revictimiza a familiares y denunciantes, no estamos frente a simples deficiencias administrativas: estamos ante posibles transgresiones al orden jurídico que favorecen la impunidad y debilitan la confianza pública en las instituciones.
La reiteración de estos hechos demuestra que persisten fallas estructurales en materia de procuración de justicia, entre ellas:
🔹 Insuficiencia operativa de fiscalías especializadas.
🔹 Déficit de personal ministerial, policial y pericial capacitado.
🔹 Protocolos sin mecanismos reales de supervisión.
🔹 Ausencia de trazabilidad en investigaciones sensibles.
🔹 Falta de coordinación entre autoridades locales y federales.
🔹 Escasos mecanismos de responsabilidad para servidores públicos omisos o negligentes.
Desde una perspectiva técnico-jurídica, sostenemos que la respuesta institucional debe orientarse, de manera inmediata, a:
1. Fortalecer fiscalías especializadas con autonomía técnica y capacidad operativa real.
2. Profesionalizar y certificar permanentemente a ministerios públicos, policías de investigación y peritos.
3. Implementar sistemas eficaces de reacción temprana y búsqueda inmediata.
4. Garantizar investigaciones científicas, exhaustivas e imparciales.
5. Sancionar toda conducta de negligencia, encubrimiento u omisión oficial.
6. Asegurar reparación integral y acompañamiento digno a víctimas directas e indirectas.
La justicia tardía vulnera derechos. La justicia deficiente prolonga el daño. La impunidad sistemática erosiona la legitimidad institucional.
Como organización integrada por juristas y peritos comprometidos con la defensa del orden jurídico, sostenemos que el silencio frente a estas fallas no es compatible con la responsabilidad ética de la comunidad jurídica.
México requiere instituciones sólidas, operadores capacitados y decisiones públicas sometidas al derecho; no respuestas improvisadas cuando el daño ya es irreparable.
La protección de la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres exige actuación inmediata, técnica y eficaz.
"Donde Impera la Justicia, el Derecho Prevalece".
