20/08/2026
Hoy que veo las noticias sobre Lucio “N”, exdirector del DIF Jalisco, me obligan a regresar a un documento que presenté en octubre de 2024.
En él solicité formalmente que se investigara su posible intervención en situaciones relacionadas con mi agresor.
Durante casi dos años no hice de esto una batalla mediática.
Hice una batalla jurídica.
Denuncié. Documenté. Presenté pruebas. Promoví. Impugné. Señalé omisiones y pedí diligencias.
El documento existe. Tiene fecha y tiene sellos de recibido.
Pero hoy, al conocer la forma en que Lucio “N” obtuvo su libertad y los señalamientos públicos sobre posibles irregularidades alrededor de esa determinación, me resulta imposible seguir tratando como un asunto estrictamente privado aquello que desde 2024 pedí formalmente que se investigara.
Durante casi dos años confié en que fueran los expedientes, las pruebas y las instituciones quienes hablaran.
Pero cuando públicamente comienzan a surgir hechos que obligan a cuestionar la actuación de quienes tienen en sus manos la procuración y administración de justicia, guardar silencio deja de ser prudencia.
No hablo hoy porque haya descubierto algo nuevo.
Hablo porque lo que hoy está saliendo a la luz vuelve imposible seguir ignorando lo que yo ya había denunciado.
Y hay una cronología que tampoco puede ignorarse.
Casi un año después de aquel escrito, en septiembre de 2025, la violencia no se había detenido.
Había escalado. Y sus consecuencias habían alcanzado también a mis hijas.
Muchos conocen los hechos que vivimos y las profundas afectaciones que dejaron en ellas.
No puedo afirmar que una investigación oportuna hubiera evitado lo ocurrido.
Sería irresponsable hacerlo.
Pero sí tengo derecho a preguntar:
¿Qué habría ocurrido si aquello que advertí desde 2024 se hubiera investigado a tiempo y hasta sus últimas consecuencias?
Y, sobre todo:
¿QUÉ HICIERON LAS INSTITUCIONES CON LO QUE YO DENUNCIÉ?
Porque una cosa es respetar los cauces institucionales y otra muy distinta aceptar indefinidamente que una investigación permanezca obstaculizada.
Soy abogada.
Conozco el sistema.
He denunciado, aportado pruebas, promovido, impugnado, señalado omisiones y exigido diligencias.
He utilizado prácticamente todas las herramientas que la ley pone en mis manos.
Y mis carpetas continúan abiertas.
Por eso hoy mi exigencia es concreta:
REVISEN MIS CARPETAS.
Determinen qué se investigó y qué se dejó de investigar.
Revisen qué ocurrió con los señalamientos que formulé desde 2024.
Esclarezcan si existieron intervenciones, omisiones o protecciones indebidas.
Practiquen las diligencias pendientes.
Y eliminen cualquier obstáculo ajeno a Derecho que esté impidiendo que la justicia avance.
Las noticias de hoy no demuestran que yo tuviera razón.
Pero hacen todavía más urgente una pregunta:
INVESTIGUEN SI LA TENÍA.
Porque mientras una carpeta permanece detenida, la violencia puede seguir avanzando.
En nuestro caso avanzó.
Y alcanzó a mis hijas.
Yo hice mi parte cuando nadie estaba mirando.
Denuncié cuando no había reflectores.
Litigué cuando esto no era noticia.
Y confié durante casi dos años en que las instituciones hicieran su trabajo.
Hoy que Jalisco está mirando, le corresponde al Estado responder.
No pido privilegios.
No pido que crean en mi palabra.
Pido algo mucho más elemental en un Estado de Derecho:
Abran los expedientes, revisen las pruebas, determinen responsabilidades y dejen que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar.
Porque después de casi dos años de haber elegido primero el Derecho, los expedientes y las instituciones, hay algo que ninguna persona ni ninguna estructura debe esperar de mí:
EL FAVOR DE MI SILENCIO.
Por mis hijas.
Por mí.
Y porque ninguna víctima debería tener que descubrir, demasiado tarde, que mientras ella esperaba una respuesta institucional, la violencia seguía avanzando.
Fiscalía del Estado de Jalisco
Gobierno de Jalisco
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco
⚖️ Carmen Ochoa Abogada
Justicia con conciencia.
