21/06/2023
Corte Interamericana de Derechos Humanos
La sentencia más reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala a Mexico como responsable fue dictada el 25 de enero de 2023, por el caso de Daniel Garcia Rodriguez y Reyes Alpizar Ortiz Vs Mexico.
Cabe señalar que Daniel Garcia Rodriguez y Reyes Alpizar Ortiz fueron detenidos como responsables del homicidio de la regidora del ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza María de los Ángeles Tamez Perez, sucedido el 6 de septiembre de 2001, siendo detenidos sin orden judicial, torturados y procesados con pruebas fabricadas.
En una primera versión de los hechos, la Fiscalía acusaba a un hombre llamado Jaime Martínez de ser el autor material, a Alpízar de haberlo acompañado y a García de haberles pagado a ambos 300.000 pesos (unos 15.000 dólares) por cometer el crimen. Cuando se comprobó que Martínez estaba recluido en una cárcel de Hidalgo cuando se cometió el as*****to, el Ministerio Público cambió de teoría y acusó exclusivamente a Reyes Alpízar de haber disparado. Esta narrativa no contaba con pruebas, pero estaba sustentada en los escritos de una decena de presuntos testigos. Solo uno de ellos llegó a presentarse en el juicio: aseguró que lo habían golpeado para firmar ese documento.
Daniel García fue detenido el 25 de febrero de 2002, y Reyes Alpízar el 25 de octubre de 2002 y mantenidos en arraigo y confinamiento en un hotel por 47 y 34 días; desde entonces hasta el 12 de mayo de 2022, recibieron sentencia condenatoria, por dos delitos de extorsión, fraude, delincuencia organizada y homicidio calificado.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó el 12 de abril, al Gobierno de México, sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el caso García Rodríguez y otro vs. México.
La Corte determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.
Asimismo, el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo pre-procesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte IDH estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia.
La determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.
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