Luis de la Barreda Solórzano

Luis de la Barreda Solórzano Coordinador (fundador) del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde diciembre de 2011.

05/09/2025

⏰11:00 horas 🗓9 de septiembre de 2025
Conferencia: , Derechos Humanos y enfoques diferenciados. Una mirada del derecho.

Participan: El Mtro. Juan Pablo Cruz Pérez, UAM Azcapotzalco y la Dra. Alejandra Marlene Gómez Barrera, Facultad de Derecho, UNAM, Oficial, UNAM.
¡Te esperamos!

🤝Presencial: Cruz Verde 79B, Barrio del Niño Jesús, Coyoacán, CDMX.
👍Transmisión en: https://www.youtube.com/live/0Sn-GU8810Q

GOLPISMOSLas manifestaciones de protesta, la crítica a las decisiones y las acciones del gobierno son consustanciales a ...
06/06/2020

GOLPISMOS
Las manifestaciones de protesta, la crítica a las decisiones y las acciones del gobierno son consustanciales a la democracia. Sin la libertad de manifestarse públicamente, de expresar opiniones adversas al poder público, la democracia simplemente no existe

04 de Junio de 2020

Las reacciones de dos altos jefes de Morena a las caravanas de automóviles en 40 ciudades y 25 entidades federativas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador son una muestra del talante autoritario de ambos.

Ricardo Monreal, líder del partido en el Senado, amonestó: “Es conveniente, por la salud de la República, alejarnos de la promoción, del patrocinio de asonadas o golpismos antidemocráticos que sólo advierten (sic) odio, que sólo inyectan rencor. El actual Presidente ganó por mayoría de votos, y gobierna con legitimidad democrática… En los peores momentos de persecución política no se doblegó; hoy que está al frente de las instituciones del gobierno, tampoco lo hará, créanme”.

Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente del mismo partido, reaccionó con estas palabras: “En Morena condenamos la actitud golpista promovida por algunos gobiernos estatales y dirigentes políticos de partidos de oposición. Hay un respeto absoluto a la libre manifestación, pero no pueden continuar con discursos de odio ni generar inestabilidad política en el país” (Excélsior, 31 de mayo).

¿Asonadas? ¿Golpismos? No ha habido, ni en las mencionadas caravanas ni en declaraciones de gobernadores o dirigentes de partidos, algún llamamiento a una asonada o a un movimiento golpista, ni la más leve insinuación en ese sentido.

Las manifestaciones de protesta, la crítica a las decisiones y las acciones del gobierno son consustanciales a la democracia. Sin la libertad de manifestarse públicamente, de expresar opiniones adversas al poder público, la democracia simplemente no existe.

Sostener que las expresiones de inconformidad —por cierto, cada vez más extendidas y numerosas— constituyen “promoción” o “patrocinio” de asonadas o golpismo es una maniobra chantajista: si los inconformes siguen haciendo públicas sus objeciones a la política del gobierno, son promotores de asonadas o golpistas. Es, también, una ominosa amenaza, pues la conducta de que se acusa a los descontentos constituye delito que se castiga con prisión. El recurso de señalar que las manifestaciones contra el gobierno son actitudes golpistas ha sido utilizado por el tirano de Venezuela, Nicolás Maduro, para tildarlas de ilegales y dar lugar a la represión.

López Obrador siempre gozó de total libertad para hacer las campañas que finalmente lo condujeron a satisfacer la obsesión de su vida. Como candidato lanzó toda clase de ataques contra los gobiernos de entonces sin que jamás se le molestara por eso. El juicio de procedencia de que fue objeto no se debió a ninguna de sus soflamas como candidato, sino a que, como jefe de Gobierno del Distrito Federal, violó un amparo. Y en ese juicio fue eximido.

Por otra parte, respecto del odio y el rencor que apuntan Monreal y Ramírez Cuéllar, es el mismo Presidente de la República el que en sus conferencias matutinas ha ofendido a académicos, científicos, escritores, intelectuales, tecnólogos, empresarios, jueces, titulares de órganos constitucionales autónomos, médicos, opositores, periodistas, exservidores públicos, etcétera, generando, él sí, una atmósfera de hostilidad rencorosa o, incluso, de odio, contra los agraviados. Ningún otro Presidente en la historia reciente de México había difamado o calumniado, sin prueba alguna que respalde sus afrentas, a tantos de sus gobernados, muchos de los cuales son mexicanos admirables.

Si algún golpismo ha tenido lugar durante el actual gobierno federal, tal fue el de la oprobiosa imposición de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un golpe bajo a la institución del ombudsman, un fraude sin precedente en el Senado de la República, perpetrado con el mayor cinismo, celebrado por el propio Monreal y aplaudido por el Presidente de la República.

Y los golpes alevosos a la Constitución han sido abundantes: los superdelegados federales, la facultad de privar a una persona de sus bienes por la pura sospecha de procedencia ilícita, la equiparación de delitos fiscales y delincuencia organizada con prisión preventiva forzosa, la militarización de la seguridad pública, la entrega de la educación básica a la mafia sindical, la supresión de las estancias infantiles, la erosión del sistema de salud y la conculcación, por 10 años, de la libertad de trabajo a exservidores públicos, entre otros.

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
[email protected]

Golpismos
Recuperado de:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/golpismos/1386098




EN DEFENSA DE LA CIENCIANo es válido el señalamiento de la iniciativa según el cual el manejo de los fideicomisos y los ...
28/05/2020

EN DEFENSA DE LA CIENCIA
No es válido el señalamiento de la iniciativa según el cual el manejo de los fideicomisos y los fondos dedicados a ciencia y tecnología ha sido opaco, pues los mismos son permanentemente evaluados técnica y financieramente, y los resultados de las evaluaciones se hacen públicos.

28 de Mayo de 2020

“El conocimiento científico es la herramienta clave para enfrentar los grandes retos que se presentan a la humanidad. Sin la ciencia y su gran capacidad de generar conocimiento confiable perdemos todos. Esto ha quedado especialmente claro ante la pandemia de covid-19”. Así se inicia la carta que 1,330 académicos mexicanos enviaron al Congreso de la Unión solicitando el retiro definitivo de la iniciativa, presentada el 19 de este mes por el grupo parlamentario de Morena, que propone la extinción de los fideicomisos y fondos sin estructura orgánica para el desarrollo de la ciencia en México, arguyendo que su manejo ha sido opaco. Entre los firmantes hay 76 premios nacionales de ciencias y artes, exrectores y exservidores públicos.

De aprobarse la iniciativa, las consecuencias serían desastrosas para el funcionamiento de la ciencia y para el desarrollo del país. Se produciría una reducción de recursos sin precedente para la investigación y una situación de inestabilidad en su asignación. Se causaría un perjuicio gravísimo a los centros públicos de investigación, muchos de los cuales requieren de fideicomisos para asegurar su operación, cumplir sus compromisos laborales y apoyar a estudiantes de todos los niveles para que puedan realizar estancias de investigación. Por ello, extinguir los fideicomisos o concentrarlos en uno o más fondos administrados directamente por el Conacyt entorpecería las investigaciones que se llevan a cabo en esos centros.

La iniciativa contradice los principios enunciados por todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. El pasado 15 de abril, tales grupos, incluyendo a Morena, se pronunciaron por que la Secretaría de Hacienda, el Conacyt, la Secretaría de la Función Pública y las demás instancias competentes garanticen los recursos para ciencia y tecnología. La formación de científicos y tecnólogos, así como el desarrollo de soluciones especializadas, reconocieron los grupos parlamentarios en su comunicado de aquella fecha, son indispensables no sólo al enfrentar crisis como la que vivimos actualmente, sino al hacer frente a otras problemáticas que se han agudizado.

Antes de que la misiva de los académicos fuera enviada a diputados y senadores, el grupo parlamentario de Morena había ya congelado la iniciativa declarando que pronto abriría un espacio de diálogo con varias secretarías y otros sectores involucrados en el tema. Los firmantes de la carta saludan este congelamiento y hacen un llamado a ese grupo parlamentario para que, en un acto de congruencia, retire la iniciativa que dañaría a la ciencia mexicana. De no atenderse su petición, finalizan los académicos, “hacemos un respetuoso llamado a los integrantes de la H. Cámara de Diputados a someter esta iniciativa a un proceso de parlamento abierto que —tras un análisis razonado y fundamentado sobre sus efectos negativos para la ciencia— debería de culminar con un voto en contra de su aprobación”.

No es válido el señalamiento de la iniciativa según el cual el manejo de los fideicomisos y los fondos dedicados a ciencia y tecnología ha sido opaco, pues los mismos son permanentemente evaluados técnica y financieramente, y los resultados de las evaluaciones se hacen públicos. Por otra parte, al pretextar la opacidad de ese manejo el grupo parlamentario de Morena no identifica un solo caso que sustente su imputación. Pero aun si se tuvieran indicios de alguna irregularidad, lo procedente sería una investigación al respecto y proceder conforme a derecho. Lo que es injustificable es que un señalamiento vago y sin pruebas sirva de excusa a una decisión tan grave para el país.

No se requieren una sólida cultura ni luces intelectuales extraordinarias para comprender la relevancia de la ciencia y la tecnología, la investigación científica y tecnológica, y la formación de científicos y tecnólogos, en la historia de la humanidad. No sólo por los progresos que han generado. La perenne lucha contra la muerte, las enfermedades y las pandemias, el hambre, el subdesarrollo, las supersticiones dañinas, y tantos otros males, ha tenido en la ciencia y la tecnología instrumentos invaluables e insustituibles.

Una iniciativa congelada puede descongelarse y llegar a ser norma vigente. La iniciativa de Morena es indefendible: debe desecharse definitivamente

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
[email protected]

En defensa de la ciencia
Recuperado de:
https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/en-defensa-de-la-ciencia/1384701



28/05/2020

La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querido profesor e investigador distinguido del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos.

28/05/2020

La Coordinación de Humanidades - UNAM lamenta el fallecimiento del Dr. Héctor Felipe Fix Fierro, distinguido investigador y ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM y querido docente de la Facultad de Derecho, UNAM, Oficial.

LA INVITACIÓN RETIRADALa doctora María del Carmen de la Peza Casares hace un llamado urgente a la solidaridad de los inv...
23/05/2020

LA INVITACIÓN RETIRADA
La doctora María del Carmen de la Peza Casares hace un llamado urgente a la solidaridad de los investigadores “con el Pueblo (sic, con mayúscula) de México a través de la donación voluntaria de uno, dos o tres meses del estímulo que reciben”.

21 de Mayo de 2020

El jueves 14 de este mes, la doctora María del Carmen de la Peza Casares, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), envió, vía correo electrónico, una carta a todos los miembros de ese sistema. En la misiva recuerda que hemos entrado a la fase 3 de expansión de la pandemia, “con un incremento significativo de las necesidades de personal médico, equipo y materiales diversos para atender a los pacientes graves de covid-19 que requerirán atención médica hospitalaria”.

Por tal motivo, la doctora De la Peza hace un llamado urgente a la solidaridad de los investigadores “con el Pueblo (sic, con mayúscula) de México a través de la donación voluntaria de uno, dos o tres meses del estímulo que reciben”. La aportación “podría representar una ayuda significativa a las necesidades más urgentes del sistema de salud”. Si todos los miembros del SNI aportaran los estímulos de un mes, se recaudarían 550 millones de pesos; si contribuyeran con los de tres meses, la cantidad sería de 1,650 millones.

Las reacciones de muchos investigadores fueron de indignado rechazo al llamado. Entre las objeciones destacan que el ingreso recibido como estímulo, dados los modestos salarios que perciben, resulta necesario para la investigación y para la manutención misma; que la solicitud es incongruente con el trato que han recibido del gobierno federal, particularmente del Presidente, quien se ha referido de manera agresiva a la comunidad científica, médica y de tecnólogos; que los investigadores ya han realizado recaudación de recursos por su cuenta.

Otros motivos de desacuerdo son: que se pide la contribución sin considerar la posibilidad de dar marcha atrás a los proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación; que la cuenta señalada para el depósito es la de beneficencia pública, donde no hay un programa específico para el covid-19, lo que provoca dudas respecto del destino del dinero; que los estímulos no son una beca adicional al salario, ni una dádiva asistencialista como las que da el gobierno federal, sino que se obtienen con productividad académica; que es increíble que se solicite el donativo cuando tantos empresarios amigos del Presidente deben cientos de millones al SAT (Reforma, 16 de mayo).

Ante tal repudio, el domingo 17 la doctora De la Peza envió un nuevo mensaje en el que asegura que la invitación a donar fue una iniciativa de buena fe “para la que no fue consultada la Presidencia de la República” (aclaración no pedida, acusación manifiesta, dice una máxima popular), “pero vista la controversia que se ha suscitado… con el fin de evitar malentendidos anunciamos por este medio que la retiramos formalmente”. En consecuencia: “Cada quien decidirá, por su propia voluntad, si desea o no donar, lo cual es un acto voluntario”. (Nótese el doble pleonasmo: cada quien decidirá por su propia voluntad en un acto voluntario).

La batalla contra la pandemia del covid-19 amerita la mayor solidaridad. Nada es tan importante y urgente en México y en el mundo. Pero la invitación de la secretaria ejecutiva del SNI fue inelegante —similar a lo que se conoce como pase de charola—, nada convincente —por las razones expuestas por numerosos investigadores— e impropia —porque la solicitud no debía hacerla sino la Secretaría de Salud—.

No somos pocos los investigadores que hemos hecho y seguiremos haciendo donativos para contribuir, así sea modestamente, a la lucha contra la pandemia. Tuve la satisfacción de donar a la UNAM para equipos de protección para residentes y a la campaña FONDODespensaMX para despensas destinadas a familias que han perdido sus ingresos por la contingencia. Sé que esos donativos se han aplicado impecablemente.

Pero, además, aceptaría con gusto la invitación del SNI si el gobierno federal, en una actitud de elemental congruencia, reencauzara al combate a la pandemia los recursos que hoy malgasta en el Tren Maya, Pemex, Dos Bocas y el parche de Santa Lucía, reasignara a la Secretaría de Salud los 1,500 millones de pesos que le fueron recortados en el primer trimestre, recontratara a los 10,000 médicos y enfermeras que despidió, y dedicara al sistema sanitario el mismo porcentaje del PIB que, en promedio, le dedican los demás países de la OCDE (nuestro país es el que le adjudica el más bajo porcentaje).

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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La invitación retirada
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-invitacion-retirada/1383287





EL VEREDICTO DEL PUEBLOResulta inadmisible en un Estado de derecho que el inicio de indagatorias penales dependa del par...
22/05/2020

EL VEREDICTO DEL PUEBLO
Resulta inadmisible en un Estado de derecho que el inicio de indagatorias penales dependa del parecer de quienes no tienen el más mínimo conocimiento de la posible existencia de elementos probatorios que las ameriten.

14 de Mayo de 2020

No sólo las terribles consecuencias del nuevo virus. Abundan hoy los temas relevantes: la inaudita ofensa del Presidente a los médicos, su rencorosa hostilidad contra los empresarios, la resolución de la Suprema Corte sobre la llamada Ley Bonilla o la militarización de la seguridad pública, entre otros. Uno es especialmente ominoso, una nueva y espeluznante muestra del desprecio del Presidente por la Constitución, las leyes que de ella emanan y el Estado de derecho: el anuncio de que una consulta popular podría decidir si se inician investigaciones penales contra los presidentes del periodo neoliberal, sus antecesores.

Todos sabemos cómo se llevan a cabo esas consultas:
a) Las que consisten en depositar el voto en una urna se han desarrollado sin garantía alguna de limpieza, han sido controladas por incondicionales del gobierno y la participación ha sido de menos del uno por ciento de los ciudadanos. Así se justificaron las absurdas cancelaciones de la obra del nuevo aeropuerto internacional y de la cervecera en Mexicali, y

b) Otras se han efectuado durante un mitin, en el transcurso del cual el Presidente pide que alcen la mano quienes están de acuerdo con cierta propuesta suya formulada en ese mismo momento. Unas cuantas personas se manifiestan acerca de asuntos que afectan a cientos de miles o millones. Así se decidió cancelar el proyecto de construcción del Metrobús en La Laguna.

En realidad, además de su indudable ilegalidad, son burdas escenificaciones para presentar como resoluciones populares decisiones del Presidente previamente tomadas. Si fuesen consultas serias se realizarían con todas las garantías de limpidez y recabando el voto de la totalidad de los ciudadanos, no de un ínfimo porcentaje.

Pero aun si se tratara de una consulta límpida con amplia participación ciudadana, resulta inadmisible en un Estado de derecho que el inicio de indagatorias penales dependa del parecer de quienes no tienen el más mínimo conocimiento de la posible existencia de elementos probatorios que las ameriten y no están facultados por la ley para tomar esa clase de resoluciones.

Para muchos mexicanos ha sido un sueño dorado ver a un expresidente tras las rejas, pero no necesariamente porque haya pruebas que demuestren que delinquió, sino por razones muy distintas: por una parte, porque en México se ha atribuido a los presidentes una omnipotencia en virtud de la cual son culpables de todo lo malo que ha ocurrido en el país; por otra, porque hay quienes experimentan un placer morboso, perverso, sá**co, con la caída en desgracia de un personaje que fue muy poderoso.

Pero ese sueño nada tiene que ver con el anhelo de justicia. En un país de leyes se inicia un procedimiento penal contra un individuo cuando se cuenta con indicios de que ha cometido un delito, otorgándosele las más amplias facilidades para defenderse. ¿Hay pruebas contra algún expresidente —no las declaraciones pagadas de testigos protegidos—? Entonces que se proceda conforme a derecho, pero no porque así lo determine una consulta.

Un procedimiento penal perjudica considerablemente la vida del indiciado, aunque al final sea eximido, por la razón que advirtió Francesco Carnelutti en Las miserias del proceso: “Desgraciadamente, la justicia humana está hecha de tal manera que no solamente se hace sufrir a los hombres porque son culpables, sino también para saber si son culpables o inocentes... la tortura, en las formas más crueles, ha sido abolida, al menos en el papel; pero el proceso mismo es una tortura”.

En efecto, el indiciado, por el solo hecho de serlo, padece un via crucis: la zozobra constante al saber que pende sobre él la amenaza de ir a prisión, la desfavorable afectación de su reputación —buena parte de la opinión pública lo condena a priori—, las molestias de acudir a las diligencias procedimentales, las erogaciones necesarias para su defensa, etcétera.

Someter la justicia penal al dictamen popular es, como asevera Pablo Hiriart, “un escenario de tiranía” (El Financiero, 7 de mayo). El fiscal general, doctor Alejandro Gertz Manero, tendría que decir ya que eso es inaceptable.

Poncio Pilato sometió al pueblo bueno y justo la suerte de Jesucristo. No obstante que no había cometido delito alguno y era el hombre más virtuoso, el pueblo aulló: “¡Crucifícale, crucifícale!”

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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El veredicto del pueblo
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LA VOZ DEL PUEBLOLos monarcas absolutos sostenían que reinaban y heredaban la corona a su primogénito porque esa era la ...
20/05/2020

LA VOZ DEL PUEBLO
Los monarcas absolutos sostenían que reinaban y heredaban la corona a su primogénito porque esa era la voluntad de Dios. Ahora Dios ha sido sustituido por la entidad denominada pueblo, en cuyo nombre y representación todo se vale, incluso transgredir los principios básicos del Estado de derecho y el régimen democrático

07 de Mayo de 2020

“A mí me pidió el pueblo que yo cuidara el presupuesto, que yo me convirtiera en un guardián de los dineros del pueblo”, dijo el Presidente para justificar la iniciativa de ley que, de prosperar, le daría la facultad de manejar discrecionalmente el Presupuesto de Egresos.

No ha habido gobernante populista ni tirano que no proclame que sus decisiones se basan en los deseos del pueblo que, por supuesto, a él le han sido revelados. Los monarcas absolutos sostenían que reinaban y heredaban la corona a su primogénito porque esa era la voluntad de Dios. Ahora Dios ha sido sustituido por la entidad denominada pueblo, en cuyo nombre y representación todo se vale, incluso transgredir los principios básicos del Estado de derecho y el régimen democrático: por encima de esos principios están los designios del pueblo.

Por tanto, esos designios son indiscutibles, tan indiscutibles como la voluntad divina. Si en las religiones es un pecado el desacato de los mandamientos del Ser Supremo, en la verborrea de los demagogos todo lo que el pueblo ordena es sagrado. ¿Pero quién descubre, con qué procedimiento, por qué vías, cuáles son las órdenes inapelables del pueblo? El gobernante autoritario se asume como conocedor de esas órdenes. Él sabe lo que el pueblo dispone. Por eso no admite crítica alguna —¿cómo había de admitirla si sus decisiones no son sino las del pueblo?— y tilda a todo aquel que objeta su política de enemigo del pueblo, el peor anatema posible en su visión del mundo, equivalente a la condición de hereje para la Santa Inquisición.

Sus críticos, dice el Presidente, están molestos “porque no pueden robar a sus anchas, porque no pagaban impuestos, porque no se les rescata, porque el apoyo es para los pobres, para los desposeídos, porque ya no cuentan las influencias”. Es decir, ninguna crítica es atendible: todo cuestionamiento es producto de los malvados que, al plantearle objeciones, en realidad están objetando los mandatos del pueblo. Nada más lejos de la actitud del Presidente que el agradecimiento a los diarios y a los reporteros que informan de negocios turbios a la sombra de sus colaboradores. Esos señalamientos, asegura, están motivados en el afán de hacer fracasar su proyecto.

Al darse a conocer, por ejemplo, que León Manuel Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, ha obtenido siete contratos del gobierno federal, seis por asignación directa, y vendió a un sobreprecio exagerado 20 ventiladores de los que resultan indispensables para atender la emergencia del COVID-19 —lo cual “se llama negociar con la muerte, enriquecerse con la enfermedad”, como apunta Gil Gamés (Milenio, 4 de mayo)—, el Presidente no se indignó por el contenido de la noticia, sino arremetió, airado, contra los medios que la han publicado. ¿Cómo? ¿Así se cuida el dinero del pueblo? ¿Así se cuidó cuando se despidió a alrededor a 10,000 médicos y enfermeros; cuando se recortaron los recursos de hospitales, clínicas e institutos especializados de salud; cuando se eliminó el Seguro Popular; cuando se dejó sin medicamentos a niños con cáncer?

¡Ah, el pueblo, el pueblo sabio, el pueblo bueno! El terror en que degeneró la Revolución Francesa; los postulados aberrantes y el genocidio del nazismo; las deportaciones masivas, el exterminio de millones de personas, los atentados contra la cultura y las libertades, y los juicios grotescos del estalinismo y el maoísmo; la cancelación de la democracia, los fusilamientos, el encarcelamiento de disidentes no violentos, la persecución contra homosexuales en la Cuba castrista; los homicidios, la tortura, la abolición de las instituciones democráticas, la complicidad con narcoterroristas en la Venezuela bolivariana… todo eso —y tantos otros crímenes— se ha hecho invocando la voluntad del pueblo, que en realidad es la voluntad de quienes, en un momento dado, detentan el poder.

En un régimen democrático no tienen cabida, por supuesto, abusos de poder de tal gravedad, pero tampoco arbitrariedades y caprichos ilegales de los gobernantes, cuyo deber es obedecer la ley, no los supuestos encargos del pueblo. La democracia no es sólo una forma de gobierno. La idea de democracia va unida a las ideas de Estado de derecho, división de poderes y observancia de todas las autoridades de la legalidad.

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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La voz del pueblo
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/la-voz-del-pueblo/1380491





UNA ADICIÓN INADMISIBLEEl escrito propone medidas claramente inconstitucionales, como la reducción de salarios y la elim...
20/05/2020

UNA ADICIÓN INADMISIBLE
El escrito propone medidas claramente inconstitucionales, como la reducción de salarios y la eliminación del aguinaldo, y kafkianamente señala, como supuesta medida de austeridad, que desaparecerán varias subsecretarías del gobierno federal...

30 de Abril de 2020

Lo de menos es que el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 23 de abril abunde en la retórica tan cara al Presidente, incurra en lugares comunes, incluya la consabida declaración de fe contra el neoliberalismo y padezca una redacción deplorable. Lo inadmisible son sus despropósitos jurídicos. Parece claro —tenebrosamente claro— que al consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, no se le dan la escrupulosidad legal ni el talento estilístico.

El documento contiene las firmas del Presidente y los secretarios de Gobernación, Hacienda y la Función Pública. Me pregunto qué habrá sentido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, como ministra de la Suprema Corte, tuvo la misión de velar por que las autoridades observaran la Constitución y las leyes que de ella emanan, si no se le habrá estremecido un poquito la conciencia, al rubricar un decreto de esa índole.

El escrito propone medidas claramente inconstitucionales, como la reducción de salarios y la eliminación del aguinaldo, y kafkianamente señala, como supuesta medida de austeridad, que desaparecerán varias subsecretarías del gobierno federal, pero los actuales subsecretarios no serán despedidos ni perderán su salario. Entonces, ¿en qué se favorecerá la austeridad? ¿Qué tareas se les van a asignar a los destituidos subsecretarios?

El texto contiene un curioso e inaudito artículo transitorio, sin precedente hasta donde sé en la historia jurídica de México, el cual informa que el decreto mismo se convertirá en una iniciativa de ley que se enviaría con carácter de estudio prioritario y atención inmediata (y se envió esa misma tarde). ¿Es que hacía falta un decreto previo para anunciar o presentar una iniciativa de ley?

Pero lo más grave es que la iniciativa presidencial propone una adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad para que el secretario de Hacienda esté facultado, con total discrecionalidad, a reorientar los recursos del presupuesto de egresos en casos de emergencia económica “para destinarlos a mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal”.

La adición le permitiría al Presidente gobernar sin tener que tomarse la molestia de ajustar sus actos a las normas aprobadas por el Poder Legislativo, por lo que es sencillamente incompatible con el Estado de derecho de un régimen democrático, en el que deben prevalecer los principios de legalidad y división de poderes. La vigencia efectiva de tales principios es esencial e imprescindible en una democracia, ya que persiguen el objetivo común de evitar que el poder se ejerza arbitrariamente como ocurre en los gobiernos autoritarios y en las tiranías de todo signo partidario o color ideológico. El principio de legalidad obliga a toda autoridad a ceñir sus actos a lo establecido en la ley. El principio de división de poderes establece que ningún poder se puede concentrar en un solo individuo.

La Secretaría de la Función Pública se apresuró a sacar un comunicado avisando que “emprenderá un conjunto de acciones estratégicas para vigilar el estricto cumplimiento del decreto presidencial”. Habrase visto: un órgano interno de control desempeñando tareas de comisario del Presidente para asegurar, vigilando la aplicación de un decreto que aún no es ley, la violación de los principios constitucionales y el Estado de derecho.

Como observa Pascal Beltrán del Río, si la iniciativa sale adelante “se consumará un golpe a la separación de poderes y se abrirá la puerta a otras reformas que rompan aún más el equilibrio político que requiere cualquier democracia” (Excélsior, 29 de abril).

La situación sanitaria y económica que estamos viviendo se pretende aprovechar para menguar aún más nuestra ya zarandeada democracia. ¿Así que en eso pensaba el Presidente cuando dijo que la pandemia le venía “como anillo al dedo” a su gobierno? Es la excusa “para desactivar poderes e imponer ideologías”, como advierte un grupo de distinguidos juristas (Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna, Javier Martín Reyes y Pedro Salazar, El Universal, 27 de abril). Si prospera, la iniciativa dejará como adorno al Poder Legislativo, lo que supone “un paso más hacia la dictadura”, alerta Pablo Hiriart (El Financiero, 27 de abril).

LUIS DE LA BARREDA SOLÓRZANO
Investigador titular “C”
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Una adición inadmisible
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https://www.excelsior.com.mx/opinion/luis-de-la-barreda-solorzano/una-adicion-inadmisible/1379120





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