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25/02/2026

¿Qué son los datos de prueba, medios de prueba y pruebas en el proceso penal mexicano?

En el sistema penal acusatorio mexicano no todo lo que “parece prueba” lo es jurídicamente. El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), especialmente en su artículo 261, distingue tres conceptos fundamentales:

• Datos de prueba
• Medios de prueba
• Pruebas

Dominar esta diferencia es clave para litigar estratégicamente, ya sea desde el Ministerio Público, la defensa o la asesoría jurídica.

¿Qué son los DATOS DE PRUEBA?

Son referencias al contenido de un medio de prueba que aún no ha sido desahogado ante el juez, pero que resultan idóneas y pertinentes para establecer razonablemente:

• La existencia de un hecho delictivo.
• La probable participación del imputado.

Fundamento: Artículo 261 CNPP.

¿En qué etapa se usan?

Principalmente en:
• Investigación inicial.
• Investigación complementaria.
• Audiencia inicial (vinculación a proceso).
• Solicitud de medidas cautelares.
• Órdenes de aprehensión.

Ejemplo práctico:

• El MP dice: “Existe un testigo que vio al imputado salir del lugar de los hechos.”

Eso es un dato de prueba.

-Se menciona que existe un video de cámara de seguridad.

-También es dato de prueba (porque aún no se exhibe en juicio).

Importante:

Con datos de prueba NO se puede condenar. Solo sirven para justificar actos procesales preliminares.

¿Qué son los MEDIOS DE PRUEBA?

Definición:

Son las fuentes de información que permiten reconstruir los hechos, siempre que se respeten las formalidades legales.

Fundamento: Artículo 261 CNPP y reglas de ofrecimiento en etapa intermedia.

¿Cuándo aparecen?
• Se ofrecen en la audiencia intermedia.

• Deben ser admitidos por el juez.
• Se desahogan en juicio oral.

📚Tipos más comunes:

1.- Testimonial (testigos).
2.- Pericial (dictámenes técnicos o científicos).
3.- Documental (contratos, informes, fotografías).
4.- Material (objetos físicos).
5.- Declaraciones (víctima o imputado).

Ejemplo práctico:

• El video de la cámara de seguridad como archivo digital ofrecido formalmente.
• La testigo citada a declarar en juicio.
• El perito en genética con su dictamen.

Aquí ya no es solo referencia: es la fuente concreta que será debatida.

¿Qué son las PRUEBAS?

Definición:

Son los medios de prueba que han sido desahogados en juicio oral, bajo los principios de:

• Inmediación
• Contradicción
• Legalidad

Fundamento: Artículo 261 CNPP y principios del sistema acusatorio.

¿Cuándo se convierten en prueba?

Cuando:
1. Fueron ofrecidos.
2. Admitidos.
3. Desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
4. Sujetos a debate entre las partes.

Ejemplo práctico:

• La testigo declara en juicio.
• La defensa contrainterroga.
• El juez escucha directamente.

En ese momento el medio de prueba se convierte en prueba.

Si nunca se desahogó en juicio, jurídicamente no es prueba, aunque esté en la carpeta.

Principios Rectores en el Desahogo de la Prueba:

1.- Inmediación:

El juez debe presenciar directamente la producción de la prueba.

2.-Contradicción:

Toda prueba debe poder ser debatida y confrontada por la contraparte.

3.-Legalidad:

Si fue obtenida violando derechos fundamentales (vgr. tortura o cateo ilegal), puede ser excluida como prueba ilícita.

¿De dónde salen los datos de prueba?

De la carpeta de investigación que integra el Ministerio Público:

• Entrevistas.
• Informes policiales.
• Dictámenes preliminares.
• Fotografías.
• Videos.

Pero mientras no se desahoguen en juicio, siguen siendo solo datos o medios, no pruebas.

Errores comunes en litigio penal:

1.-Pedir condena con datos de prueba.
2.- No ofrecer medios en etapa intermedia (se pierde el derecho).
3.-Argumentar con documentos no admitidos.
4.-No objetar pruebas ilícitas oportunamente.

¿Por qué es vital entender esta distinción?

Porque te permite:

✅ Evaluar la fortaleza real del caso desde la carpeta.
✅ Litigar estratégicamente en audiencia inicial.
✅ Ofrecer correctamente tus medios en etapa intermedia.
✅ Defenderte ante pruebas ilícitas.
✅ Entender qué puede y qué no puede valorar el juez.

Conclusión:

En el sistema penal acusatorio:
• El dato orienta.
• El medio se ofrece.
• La prueba se debate y decide.

Entender esta diferencia no es teoría académica, es herramienta estratégica de litigación penal. Lo anterior es así, dado que en materia probatoria, el Código Nacional de Procedimientos Penales
puntualmente señala que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, que existirá libertad
probatoria, ya que las partes podrán probar sus pretensiones por cualquier medio pertinente, producido e incorporado cumpliendo las formalidades establecidas en el propio ordenamiento. De igual forma
hace referencia y define los conceptos de datos de prueba, medios de prueba y prueba, en los siguientes términos:

a) Datos de prueba. Es la referencia al contenido de un
determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado;

b) Medio o elemento de prueba. Es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos; y

c) Prueba. Es el conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.

Los conceptos anteriores no requieren mayor explicación, ya que claramente señalan que los datos de prueba son las referencias que se hagan al contenido de los registros que obran en la carpeta de investigación, en tanto que los medios de prueba, es la forma o vehículo a través del cual las partes allegaran al juez la información que interesan acreditar para demostrar sus pretensiones y la prueba
como tal es la información que obtiene el juez después de los procesos de desahogado de los medios de convicción y valoración de la información obtenida.

25/02/2026

¿Puede utilizarse la imagen de una persona con fines comerciales sin su consentimiento?

El uso de imágenes y fotografías en publicaciones académicas es una práctica común, pero puede generar conflictos legales si no se respetan los derechos de las personas retratadas.

Cuando una imagen de una persona aparece en una publicación, como un libro o un artículo académico, sin su consentimiento expreso, se vulneran sus derechos de imagen.

Lo anterior es así, debido a que el derecho a la imagen es un derecho fundamental que protege la representación visual de una persona. Esto significa que cualquier uso de la imagen de alguien en medios de comunicación, publicaciones o cualquier formato público, debe contar con el consentimiento de la persona retratada.

En el contexto académico, donde se utilizan imágenes para ilustrar investigaciones o documentar eventos, es fundamental asegurarse de que la publicación de dichas imágenes cumpla con la normativa vigente para evitar infracciones legales.

Ahora bien, la Ley Federal del Derecho de Autor, regula entre otras cosas, el uso de la imagen de una persona a través de su Artículo 87, el cual establece que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso. Esto significa que cualquier autor o editor que desee incluir una imagen en una publicación debe obtener el permiso escrito de la persona fotografiada, salvo algunas excepciones.

El artículo establece lo siguiente:

“El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes. No será necesario el consentimiento cuando se trate del retrato de una persona que forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos.”

Esto implica que, si una persona es el foco principal de una imagen utilizada en un libro o artículo, su autorización es obligatoria. En caso contrario, la persona puede exigir el retiro de la imagen o incluso demandar por daños y perjuicios.

Excepciones al consentimiento en el uso de imágenes:

El Artículo 87 de la de la referida Ley, también contempla algunas excepciones. Por ejemplo, no es necesario el consentimiento cuando la fotografía ha sido tomada en un lugar público y tiene fines informativos o periodísticos, o cuando la persona retratada forma parte de un grupo más amplio y su aparición es incidental. Esto es importante en contextos como conferencias, eventos académicos o manifestaciones públicas, donde las imágenes pueden mostrar a múltiples personas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión número 2808/2025, confirmó la constitucionalidad de la Ley Federal del Derecho de Autor y reiteró que la imagen de una persona sólo puede usarse o publicarse con su autorización, salvo excepciones informativas y de interés público.

Con ello, el Máximo Tribunal reforzó la protección del derecho a la propia imagen, la intimidad y la dignidad frente a usos lucrativos o no, sin la autorización.

La SCJN determinó la constitucionalidad de los artículos 87 y 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establecen que el retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado con su consentimiento expreso, excepto cuando forme parte menor de un conjunto o la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos; así como la sanción administrativa cuando dicho uso se realiza con fines de lucro directo o indirecto.

El caso se originó por una multa impuesta por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a un medio de comunicación que utilizó, sin autorización, la imagen de una persona para promocionar una serie de televisión. La autoridad consideró que el material tenía un propósito predominantemente promocional, comercial o de explotación económica, por lo que actualizó la infracción prevista en el artículo 231, fracción II, de la citada ley federal y aplicó una multa equivalente a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La resolución fue confirmada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente, se negó el amparo solicitado por la empresa.

El Pleno analizó dos aspectos principales. En primer lugar, examinó si la falta de un plazo específico en la Ley Federal del Derecho de Autor para iniciar el procedimiento administrativo o para sancionar la conducta infractora vulneraba la seguridad jurídica. La Suprema Corte concluyó que no existe tal violación porque, aunque la ley especial no fija un plazo expreso, la facultad sancionadora se sujeta al término de prescripción de cinco años previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En segundo lugar, la SCJN analizó si es válido restringir el uso del retrato de una persona sin su consentimiento, salvo en los supuestos de excepción previstos en el artículo 87, entre los que se incluye que la fotografía sea tomada en un lugar público y con fines informativos o periodísticos, supuesto en el que la empresa sostuvo encontrarse.

El Máximo Tribunal determinó que, los preceptos impugnados eran constitucionales en tanto que tienen por objeto proteger el derecho a la propia imagen y a la intimidad de la persona retratada y, que los límites a esos derechos solo son válidos cuando atienden a una cuestión de interés público, lo que no ocurre cuando la difusión no aporta valor alguno al debate democrático o a la vida comunitaria.

Además, la Corte consideró que la exigencia de que la fotografía haya sido tomada en un lugar público para no requerir del consentimiento de la publicación de la imagen de una persona, obedece a la protección reforzada del derecho a la intimidad. En consecuencia, se confirmó la sentencia y se negó el amparo a la empresa.

Otra normativa clave en este tema es la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, que regula el derecho a la propia imagen y su protección frente al uso indebido. Según esta ley, el uso no autorizado de la imagen de una persona puede generar un daño moral, que da lugar a una demanda civil.

El Capítulo III de dicha ley, desde el artículo 16 en adelante, establece que el uso no autorizado de la imagen de una persona en publicaciones o medios puede dar lugar a compensaciones económicas si la persona afectada puede demostrar un daño moral. La afectación a la privacidad y el uso no consentido de la imagen son consideradas infracciones graves en esta normativa.

Obligación de rectificación o retiro de material.

Además de la compensación económica, la ley también prevé que la persona afectada puede exigir la rectificación o el retiro del material donde su imagen haya sido utilizada sin permiso.

Esto significa que, si una fotografía aparece en un libro o publicación sin el consentimiento expreso de la persona retratada, puede solicitar que el material sea retirado del mercado o modificado para eliminar su imagen.

Consecuencias del uso no autorizado de la imagen en publicaciones:

Demandas civiles por daño moral.

En situaciones donde se ha utilizado una imagen sin consentimiento, la persona retratada tiene derecho a presentar una demanda civil por daño moral. Esta demanda puede derivar en el pago de una compensación económica si se demuestra que el uso no autorizado de la imagen ha causado algún perjuicio o afectación a la privacidad de la persona.

Rectificación y retiro de la publicación.

Otra consecuencia legal del uso no autorizado de una imagen es la obligación de rectificación o el retiro del material publicado. Esto implica que el editor o autor del material deberá eliminar o modificar la publicación para cumplir con la normativa. En muchos casos, esta solución permite resolver el conflicto sin llegar a juicios prolongados.

Ley Olimpia: Cuando hay contenido Íntimo Sexual.

La llamada Ley Olimpia no es una ley única, sino un conjunto de reformas a los códigos penales estatales y federales que castigan la violencia digital.

El Delito: Se tipifica como "violación a la intimidad sexual" captar (fotografiar, grabar), difundir, compartir o comercializar imágenes, videos o audios de contenido sexual íntimo de una persona sin su autorización.

Sanciones: Las p***s varían por estado, pero a nivel nacional y en entidades como el Estado de México, oscilan entre 3 a 6 años de prisión y multas económicas significativas (hasta $86,000 MXN aproximadamente).

Consentimiento previo: El hecho de que la persona haya enviado la foto voluntariamente en el pasado no otorga permiso para difundirla después; hacerlo sigue siendo un delito, mucho menos su es menor de edad.

Conclusión:

No se puede utilizarse la imagen de una persona con fines comerciales sin su consentimiento expreso, según lo reafirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México. Usar fotos o videos de alguien para promocionar productos, servicios o series sin autorización, viola el derecho a la propia imagen y puede generar multas significativas y demandas.

Aspectos clave.

Consentimiento Expreso: El retrato o fotografía de una persona solo puede usarse con su consentimiento expreso o el de sus representantes legales.

Excepciones: El consentimiento no es necesario si la imagen forma parte menor de un conjunto (ej. una multitud) o si tiene fines estrictamente informativos/periodísticos y se tomó en un lugar público.

Consecuencias: Utilizar imágenes sin permiso para lucro comercial es ilegal, constituyendo una infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, que puede resultar en sanciones económicas de hasta medio millón de pesos o más.

Derecho a la Intimidad: La SCJN destaca que el uso de la imagen en publicidad no consentido viola el derecho a la propia imagen y la intimidad de la persona.

En resumen, la explotación comercial sin consentimiento es una práctica ilegal que conlleva riesgos legales importantes.

20/02/2026

"PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO."

Exigir la nulidad de la prueba ilícita, es una garantía que le asiste al imputado(a) durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (1) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (2) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (3) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior obedece a qué la fuerza normativa de la Constitución y el carácter inviolable de los derechos fundamentales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, de tal modo que todos los sujetos del ordenamiento, sin excepciones, están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones, incluyendo la de búsqueda y ofrecimiento de pruebas, es decir, de aquellos elementos o datos de la realidad con los cuales poder defender posteriormente sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales.

Esta afirmación afecta tanto a las pruebas obtenidas por los poderes públicos, como a aquellas obtenidas, por su cuenta y riesgo, por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no sólo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquéllas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales.

Así, dicha regla no se limita al análisis de las pruebas recabadas con vulneración a los derechos fundamentales de quien comparece al juicio de amparo con el carácter de quejoso, sino que también alcanza a aquellos medios de convicción que, en cuanto a su fuente, violan directamente los derechos humanos del coinculpado del quejoso, aun cuando no sea parte en el juicio de amparo. Esto, siempre que de ellas se adviertan imputaciones o datos incriminatorios tomados en cuenta para el dictado del fallo reclamado, en perjuicio del peticionario, ya que por estar agregadas al proceso, al ser valoradas por el Juez para dictar sentencia, deben ser objeto de escrutinio constitucional en cuanto a su licitud.

Por lo que podemos validamente colegir que toda persona inculpada cuenta con el derecho de no ser juzgada con base en pruebas ilícitas y, por tanto, procede la exclusión de la declaración incriminatoria de un coimputado que ha sido directamente obtenida a partir de una detención inconstitucional.

Consecuentemente, la persona imputada, que acude al juicio de amparo, puede reclamar la invalidez de las pruebas obtenidas de ese modo y que han sido valoradas en su perjuicio.

20/02/2026

"FRAUDE EN PERJUICIO DE ACREEDORES"

Ello ocurre cuando un deudor reduce maliciosamente su patrimonio (vendiendo o donando bienes) para declararse insolvente y evitar pagar sus deudas. Es un acto jurídico rescindible que busca proteger los derechos del acreedor, pudiendo ser perseguido por vía civil para anular la transacción o vía penal como insolvencia fraudulenta.

En este tipo de fraude, se produce cuando un deudor lleva a cabo acciones que dificultan o impiden el cobro de sus deudas por parte de sus acreedores.

Este tipo de comportamiento es considerado legalmente como un acto perjudicial, ya que busca evadir las responsabilidades financieras que tiene con sus acreedores.

La normativa vigente, especialmente el Código Civil, establece mecanismos para combatir este tipo de fraudes y proteger los derechos de los acreedores.

¿Cómo se define la acción rescisoria en fraude de acreedores?

La acción rescisoria es un mecanismo legal que permite a los acreedores impugnar y anular actos jurídicos que se hayan realizado en fraude de sus derechos. Esta acción busca restaurar la situación patrimonial del deudor antes de la realización de dichos actos. En esencia, la acción rescisoria actúa para proteger el interés de los acreedores y garantizar la equidad en el proceso de cobro de deudas.

Para que la acción rescisoria sea efectiva, es necesario demostrar ciertos elementos esenciales, como la insolvencia del deudor, el daño sufrido por los acreedores y la intención del deudor de perjudicar a sus acreedores mediante los actos en cuestión.

La acción rescisoria se encuentra regulada en el Código Civil y tiene un plazo específico para su interposición. Esto significa que los acreedores deben actuar en el tiempo adecuado para que la acción tenga validez legal.

¿Qué requisitos deben cumplirse para ejercer la acción pauliana?

La acción pauliana, también conocida como acción rescisoria, requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. Estos requisitos son fundamentales para que los acreedores puedan impugnar la validez de los actos realizados por el deudor que se consideran fraudulentos.

Insolvencia del deudor: El deudor debe estar en una situación de insolvencia, lo que significa que no puede hacer frente a sus obligaciones. Esto es esencial para demostrar que los actos impugnados afectan negativamente la capacidad de los acreedores para cobrar sus deudas.

Perjuicio a los acreedores: Es necesario demostrar que los actos realizados por el deudor han causado un perjuicio a los acreedores, dificultando su derecho a cobrar las deudas.

Intención de fraude: Se debe probar que el deudor actuó con la intención de perjudicar a sus acreedores a través de la realización de esos actos. Esto puede incluir la enajenación de bienes o la realización de transferencias gratuitas.

¿Cuáles son las presunciones de fraude según el Código Civil?

El Código Civil establece varias presunciones de fraude que permiten a los acreedores impugnar ciertos actos sin necesidad de demostrar directamente la intención fraudulenta del deudor.

Estas presunciones son fundamentales para la protección de los derechos de los acreedores.

Algunas de las presunciones de fraude incluyen:

Enajenaciones gratuitas: La realización de actos de transmisión de bienes sin contraprestación se considera sospechosa y puede ser impugnada por los acreedores.

Actos realizados tras un embargo: Si el deudor realiza un acto que afecta a sus bienes después de haber sido embargado, esto puede considerarse como un acto en fraude de acreedores.

Actos que disminuyen el patrimonio: Cualquier acto que reduce el valor del patrimonio del deudor, comprometiendo así los derechos de los acreedores, puede ser impugnable.

Para combatir lo anterior, se deben emprender acciones tanto por la vía civil como penal:

1. Acciones Legales a Tomar
Acción Pauliana o Revocatoria (Vía Civil): Es el mecanismo principal. Se basa en los artículos 2163 al 2179 del Código Civil Federal. Permite que un juez anule los actos o ventas realizadas por el deudor si estos fueron hechos fraudulentamente para quedar insolvente.

Denuncia Penal (Vía Penal): Se debe interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por el delito de fraude, específicamente por la insolvencia fraudulenta, la cual está tipificada en el Código Penal Federal (artículo 388 bis) y en los códigos locales, sancionando con prisión y multa a quien se coloca en este estado para eludir obligaciones.

2. Requisitos para Proceder (Acción Pauliana)
Para que la acción legal tenga éxito, se necesita acreditar lo siguiente:

Existencia del crédito: Demostrar que el deudor debe dinero (facturas, contratos, pagarés).
Insolvencia del deudor:

Demostrar que los actos realizados dejaron al deudor sin bienes suficientes para pagar.

Perjuicio al acreedor: Que el acto (ej. venta, regalo) haya resultado en la imposibilidad de cobro.

Mala fe: Demostrar que tanto el deudor como quien adquirió los bienes sabían que se estaba afectando al acreedor.

Prioridad del crédito: El crédito debe ser anterior a los actos fraudulentos realizados por el deudor.

3. Qué hacer ante una insolvencia fraudulenta:

Reunir Evidencia: Recopilar documentos que prueben la deuda, así como pruebas de que el deudor vendió o transfirió bienes sospechosamente (copias del Registro Público de la Propiedad, transferencias bancarias, etc.).

Acudir a un Abogado Especializado: Se requiere un abogado civil o mercantil para iniciar la Acción Pauliana y un abogado penalista para la denuncia, ya que son procesos complejos.

Presentar la Denuncia Digital o Presencial.ante la autoridad Ministerial, se puede realizar denuncia digital o acudir presencialmente a la Fiscalía General de Justicia local.

Solicitar Medidas Cautelares: En el juicio civil, pedir el embargo precautorio de los bienes que el deudor haya ocultado o enajenado, para evitar que los transfiera nuevamente.

Nota: Si la insolvencia es consecuencia de una quiebra formal de una empresa, se debe seguir el proceso especial de la Ley de Concursos Mercantiles.

08/02/2026

07/02/2026

07/02/2026

"La libertad es el alma de una nación, y la democracia el corazón que la mantiene latiendo; sin una, la otra no tiene destino."

06/02/2026

06/02/2026

04/02/2026

"NADIE ESTÁ OBLIGADO A LO IMPOSIBLE"

Conocido como el aforismo latino "ad impossibilia nemo tenetur", es un principio general del derecho que exime a una persona de cumplir una obligación cuando esta es física, material o jurídicamente inalcanzable. Proveniente del derecho romano, protege contra exigencias irrazonables ante casos fortuitos o de fuerza mayor.

La doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve impedido a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor.

Ahora bien, los diversos tratadistas de la materia como Bonnecase, García Goyena, Henri León Mazeaud y André Tunc, también son acordes al distinguir tres categorías de acontecimientos constitutivos del caso fortuito o de fuerza mayor, según provengan de sucesos de la naturaleza, de hechos del hombre o de actos de la autoridad; sea que el acontecimiento proceda de cualquiera de esas fuentes y, por ello, provoque la imposibilidad física del deudor para cumplir la obligación, lo que traerá como lógica consecuencia que no incurra en mora y no pueda considerársele culpable de la falta de cumplimiento con la correspondiente responsabilidad de índole civil, dado que a lo imposible nadie está obligado.

Las características principales de esta causa de inimputabilidad para el deudor son: la imprevisibilidad y la generalidad, puesto que cuando el hecho puede ser previsto el deudor debe tomar las prevenciones correspondientes para evitarlo y si no lo hace así, no hay caso fortuito o fuerza mayor; el carácter de generalidad implica que la ejecución del hecho sea imposible de realizar para cualquier persona, no basta, pues, con que la ejecución sea más difícil, más onerosa o de desequilibrio en las prestaciones recíprocas. Así, cuando se trata de actos de autoridad, que algunos autores como Manuel Borja Soriano catalogan dentro de la categoría de hechos provenientes del hombre, el hecho del príncipe, se da a entender a todos aquellos impedimentos que resultan de una orden o de una prohibición que emana de la autoridad pública.

Fundamento: La obligación de realizar algo imposible es nula (impossibilium nulla obligatio est).

Aplicación: Se utiliza en derecho para incumplimientos de contratos, responsabilidad civil o penal cuando el hecho es imprevisible e irresistible.

Requisitos: La imposibilidad debe ser definitiva y no derivada de culpa, mora o negligencia del deudor.

Alcance: Aplica ante eventos de la naturaleza, actos de la autoridad o hechos del hombre que impiden el cumplimiento.

Este principio busca la equidad, evitando abusos al exigir acciones que no están al alcance del ser humano obligado a realizar una determinada obligación que sea de imposible y difícil realización.

28/01/2026

"RECTIFICACIÓN DEL NOMBRE DE LA PERSONA PARA ADECUARLO A SU REALIDAD SOCIAL "

El artículo 4 párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la identidad de las personas y establece la obligación de las autoridades de garantizarlo.

En este sentido, el derecho fundamental a la identidad se encuentra reconocido en el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Federal, el cual fue adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil catorce, y garantiza a todas las personas la asignación de los componentes esenciales de identificación jurídica (nombre, apellidos, natalicio o s**o) a través del registro inmediato del nacimiento. Además, también garantiza a sus titulares la posibilidad de modificar los elementos esenciales de identificación jurídica asentados en su atestado de nacimiento, cuando sea necesario para adecuarlos a su realidad social.

Lo anterior es así, porque esos elementos sólo pueden cumplir su función de identificar a la persona si reflejan fielmente los rasgos reales constitutivos de su identidad.

En ese sentido, si ante la sociedad una persona se ha identificado constantemente en sus actos privados y públicos con una fecha de nacimiento o un nombre detenida y diverso al plasmado en su acta de nacimiento, entonces ello forma parte de su biografía, de su "verdad personal", pues la identidad se construye durante toda la vida del ser humano, comprendiendo elementos y aspectos que van más allá de la "verdad biológica".

Por lo tanto, ante la acreditación de datos públicos como se ha ostentado una persona, deben en consecuencia reflejarse en el acta de nacimiento, pues se trata de un documento a través del cual una persona se identifica e individualiza dentro de la sociedad. Así, debe tomarse en cuenta que la Oficina del Registro Civil, tiene como finalidad última la de dotar de certeza y seguridad jurídica de la realidad humana y no constituir un obstáculo al pleno ejercicio de este derecho, de modo que, los formalismos y requisitos legales no deben llegar al extremo de hacerlo nugatorio. Es decir, se debe admitir la posibilidad jurídica de modificar la fecha de nacimiento y nombre, contenida en el acta de nacimiento, conforme a su realidad social. Lo anterior, siempre y cuando no se observe la existencia de algún indicio de mala fe para querer utilizar ese cambio para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones en perjuicio de terceras personas.

Aspectos clave sobre la rectificación y realidad social:

Fundamento: Se basa en la autonomía de la voluntad y el derecho a la identidad personal, permitiendo que la identificación jurídica refleje la realidad social.

Cambio de Apellidos: La SCJN ha permitido el cambio o reordenamiento de apellidos (materno antes que paterno) para evitar la perpetuación de estereotipos de género, avalando su modificación cuando esté justificado por la realidad familiar.

Procedencia: Procede incluso si el nombre no afecta el estatus jurídico, siempre que corresponda a cómo la persona se identifica y es conocida socialmente.

Límites: La modificación no debe afectar la filiación de la persona ni tener fines de fraude, pero sí debe adecuarse a la realidad humana.

En resumen, la postura de la SCJN, prioriza la identidad real de la persona sobre los formalismos registrales, permitiendo la actualización de documentos para alinear el nombre con la vida cotidiana y el contexto familiar.