30/01/2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de confirmar algo MUY LÓGICO al validar el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales:
Dijo, en pocas palabras, que si un abogado defensor muestra una incapacidad técnica grave y repetida, el juez puede promover su cambio, porque una mala defensa pone en riesgo los derechos humanos de la persona imputada.
Pero no se debe tratar de errores aislados o que al juez no le guste la estrategia, sino de incapacidad técnica manifiesta y sistemática que deja a la persona realmente desprotegida.
Hasta aquí, el mensaje es sencillo: la incapacidad técnica sí importa cuando pone en riesgo derechos humanos.
Ahora viene la pregunta importante:
¿Y SI ESA INCAPACIDAD TÉCNICA NO ESTÁ EN EL ABOGADO… SINO EN QUIEN JUZGA?
Peor aún, ¿si está en quienes están hasta arriba del sistema judicial?
La Constitución y los tratados internacionales dicen algo muy básico: no basta con que exista un tribunal, no basta con que alguien tenga toga, no basta con que una sentencia esté escrita.
La justicia tiene que ser competente, efectiva y real.
Si el propio máximo tribunal reconoce que la incapacidad técnica sí importa porque afecta derechos humanos, entonces ese mismo estándar debería aplicarse hacia arriba, no solo hacia abajo.
Porque piensa esto como ciudadano:
Si quienes deciden los asuntos más importantes del país no entienden bien los derechos que están juzgando, confunden opinión con derecho o razonan de forma pobre y repetida (y eso se ve en sesiones públicas que son hechos público y notorios que puede verificar cualquier persona) entonces el problema ya no es político.
Es un problema de derechos humanos. La justicia no solo debe existir. Debe funcionar bien.
Y ahora que la propia Corte aceptó que la incapacidad técnica destruye la defensa, está aceptando algo más grande, aunque no lo diga explícitamente:
La incapacidad técnica destruye la justicia.
No porque alguien sea “malo”, no porque piense distinto, sino porque no alcanza el nivel mínimo que exige decidir sobre la libertad, el patrimonio y los derechos de millones de personas.
En palabras simples: Si una mala defensa es injusta, una mala impartición de justicia es todavía peor.
