04/03/2025
En México, los derechos humanos se violan constantemente y de diversas maneras, lo que genera una crisis de graves violaciones. Esto se debe a la impunidad, que permea en las instituciones de justicia, las policías y muchas procuradurías.
Las políticas migratorias, en muchos casos, no garantizan un trato digno a quienes las viven en carne propia. En la práctica, el hecho de ser migrante suele asociarse erróneamente con ser delincuente, traficante o incluso asesino. Este prejuicio generalizado provoca que las personas en situación de movilidad sean detenidas de manera arbitraria y, en muchas ocasiones, encarceladas sin justificación alguna. Lo más preocupante es que quedan aisladas de sus familias y, en algunos casos extremos, son sometidas a torturas con el propósito de obligarlas a aceptar delitos que nunca cometieron.
El caso de Ángel*, es solo un ejemplo mínimo dentro de un sinfín de injusticias que ocurren en México. Aunque estos abusos no deberían suceder, la realidad es que la migración no se originaría con tanta frecuencia si los países de origen de estas personas ofrecieran mejores oportunidades de empleo y condiciones de vida dignas. Los gobiernos tienen la responsabilidad de generar oportunidades laborales bien remuneradas que reduzcan la necesidad de emigrar. Solo así podrían evitarse muchas de estas situaciones dolorosas.
En México, la ley debería proteger por igual a todas las personas, sean migrantes o ciudadanos nacionales. Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. En la práctica, el sistema legal permite que las autoridades justifiquen detenciones bajo el argumento de una “duda razonable”. Esto significa que cualquier persona puede ser privada de su libertad con base en la interpretación subjetiva de un oficial, sin necesidad de pruebas contundentes, in-convencionalmente bajo los niveles de contacto y el control preventivo provisional, donde en muchos casos, esto abre la puerta a abusos como la siembra de sustancias ilegales para fabricar culpables.
Cuando la persona detenida es migrante, sus derechos se ven aún más comprometidos. A pesar de que existen normas que establecen el debido proceso, en la práctica no siempre se respetan. En teoría, las oficinas de migración en México deberían garantizar asesoría legal para proteger los derechos de cada migrante. No obstante, los defensores públicos, que deberían velar por la justicia, muchas veces solicitan algún tipo de beneficio económico para hacer su trabajo, lo que deja en evidencia la deficiencia del sistema en materia de derechos humanos.
El trato hacia los migrantes en México refleja una falla estructural en el sistema de justicia y en el respeto a los derechos humanos. Es urgente cambiar la percepción errónea que criminaliza la migración y reformar las leyes para garantizar que ningún ser humano sea tratado con injusticia por el simple hecho de buscar una vida mejor. Asimismo, los gobiernos de los países de origen tienen la responsabilidad de generar mejores condiciones de vida para que migrar no sea la única opción de supervivencia. Solo con voluntad política y empatía se podrá construir un sistema más justo y humano para todos.
*sujeto de estudio
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
