16/06/2026
Estoy a favor de las evaluaciones psicológicas en los juicios de guarda y custodia, porque considero que brindan al juez herramientas objetivas para tomar decisiones más justas y mejor fundamentadas.
Cuando está en juego el bienestar de niñas, niños y adolescentes, no debe privilegiarse una estrategia legal para ganar un procedimiento, sino la búsqueda de la mejor solución para su desarrollo emocional, psicológico y familiar.
Las evaluaciones psicológicas permiten conocer aspectos que muchas veces no son visibles en documentos o testimonios, ayudando a que las resoluciones se enfoquen verdaderamente en el interés superior de la niñez.
Las niñas, niños y adolescentes no son una estrategia procesal. Su bienestar debe ser siempre la prioridad.
‼️ MÁS REFORMAS O MEJORES HERRAMIENTAS ⁉️
❌ Ya no solo se trata de crear nuevas leyes, como ocurrió con la denominada “Ley Vicente”. Ahora se pretende reformar un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ni siquiera ha sido implementado plenamente en el Estado de Baja California.
Recientemente se presentó una iniciativa para hacer obligatorias las evaluaciones psicológicas en todos los juicios de guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes.
A primera vista, la propuesta puede sonar razonable. Después de todo, nadie discutiría la importancia de valorar el entorno emocional de quienes ejercen funciones parentales. Sin embargo, el debate jurídico merece un análisis más profundo.
Yo me pregunto 😪 ¿realmente estamos frente a una necesidad jurídica o ante OTRA… reforma impulsada SIN ANALIZAR las herramientas que ya existen❓
Actualmente, los jueces familiares 👨🏻⚖️ cuentan con AMPLIAS FACULTADES para ordenar evaluaciones psicológicas, periciales, intervenciones interdisciplinarias y cualquier otra medida necesaria cuando las circunstancias del caso lo justifican ❕LA FACULTAD YA EXISTE❕
Lo que se propone no es otorgar una nueva herramienta al juzgador, sino convertirla en un requisito obligatorio para todos los casos, independientemente de su naturaleza. ❌ Y AHÍ SURGE EL PROBLEMA.
👉🏼👉🏼👉🏼 NO TODOS LOS ASUNTOS DE GUARDA Y CUSTODIA INVOLUCRAN VIOLENCIA FAMILIAR, DAÑO PSICOLÓGICO O CUESTIONAMIENTOS SOBRE LAS CAPACIDADES PARENTALES.
Muchos conflictos tienen origen en DESACUERDOS ECONÓMICOS, incumplimientos de obligaciones, cambios de residencia, problemas de comunicación entre los progenitores o disputas derivadas de la propia ruptura familiar…
Entonces ¿por qué imponer la misma carga procesal a todos los casos❓❓❓ Además, existe una realidad que pocas veces se menciona en las exposiciones de motivos.
🏛️ EL ESTADO ACTUALMENTE NO CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, EL PERSONAL ESPECIALIZADO NI LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA ABSORBER EVALUACIONES PSICOLÓGICAS OBLIGATORIAS EN CADA PROCEDIMIENTO DE CUSTODIA.
Si hoy los servicios periciales ya enfrentan cargas importantes de trabajo, ¿qué ocurrirá cuando la ley exija una evaluación obligatoria en todos los asuntos?
La consecuencia podría ser exactamente la contraria a la que se pretende ⛔️ mayor duración de los procedimientos, sobrecarga de los servicios periciales, incremento en los costos institucionales, dependencia de una infraestructura que actualmente no existe en muchas regiones, riesgo de convertir una herramienta probatoria en una formalidad procesal obligatoria…
⚠️ Este debate no es nuevo. De hecho, propuestas similares ya habían sido planteadas anteriormente bajo distintos enfoques legislativos. Sin embargo, seguimos observando la misma tendencia, proponer nuevas reformas sin realizar primero un diagnóstico serio sobre la eficacia de las herramientas que actualmente existen en nuestro sistema jurídico.
Además, una evaluación psicológica no determina por sí sola quién es mejor padre o madre. Se trata de un elemento más dentro de un análisis integral que debe realizar la autoridad judicial a partir de todas las pruebas disponibles y siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.
📌 La protección de la infancia no se construye acumulando requisitos procesales. Se construye fortaleciendo las instituciones, profesionalizando a los operadores jurídicos y dotando de recursos reales a quienes deben intervenir en estos asuntos.
Una “buena” intención legislativa no siempre se traduce en una buena reforma. ❌ Y antes de seguir modificando leyes y códigos, quizá deberíamos preguntarnos si las herramientas que ya existen están funcionando como deberían…
