18/09/2026
Entra en vigor la regla con la que Trump busca limitar las ‘green cards’: estas son las claves para entenderla
La Administración de Donald Trump puso en efecto este viernes una regla que amplía qué beneficios públicos y circunstancias personales pueden revisar los funcionarios antes de aprobar determinadas visas de inmigrante y las solicitudes de residencia permanente o green cards. La medida afronta ya una demanda de ciudades que buscan frenarla en los tribunales.
La llamada regla de “carga pública” permite a las autoridades determinar si, a su juicio, un migrante podría depender de ayudas del Gobierno en el futuro. Con el nuevo marco, esa evaluación puede incluir programas como Medicaid, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) o determinadas ayudas de vivienda. Recibir uno de estos beneficios no implica automáticamente el rechazo de una solicitud.
El cambio también llega en medio de una pausa temporal de entrevistas para visas de inmigrante en embajadas y consulados, mientras el Departamento de Estado capacita a sus funcionarios para aplicar las nuevas directrices.
¿Qué es la “carga pública” dentro de las normas migratorias?
La “carga pública” es un criterio que permite a las autoridades estadounidenses negar la admisión al país o la residencia permanente cuando consideran que una persona podría convertirse en una carga pública en algún momento.
La evaluación no depende de un único elemento. Los funcionarios pueden analizar la edad, el estado de salud, la situación familiar, los recursos económicos, la educación y las habilidades de una persona. En determinados casos también se toma en cuenta el respaldo financiero de un patrocinador.
La nueva política amplía el margen para considerar la solicitud, aprobación o recepción de determinados beneficios públicos sujetos a comprobación de ingresos.
¿Qué beneficios pueden ser considerados?
Entre los programas que pueden entrar en la evaluación están Medicaid, SNAP, CHIP y determinadas ayudas de vivienda, además de otros beneficios sujetos a comprobación de ingresos administrados por gobiernos federales, estatales, tribales, territoriales o locales.