Dominguez Argüello Abogados

31/07/2026

14/07/2026

El Pleno del Tribunal Supremo fija doctrina: cortar el agua o la electricidad a los okupas no es un delito de coacciones

La sentencia lo dice sin rodeos: cuando el ocupante carece de cualquier título sobre la vivienda «porque ha usurpado el bien», las circunstancias aconsejan excluir la responsabilidad penal del propietario que decide no mantener los suministros o dejar de pagarlos.

Dicho para que se entienda, si el que está en tu casa entró por las bravas y no tiene ningún papel que lo ampare, puedes cortarle la luz o el agua tranquilamente, que la justicia no te va a meter en un lío penal por eso.

18/06/2026

La UniónEuropea acaba de aprobar el nuevo Reglamento de Retornos, la ley más dura en décadas para acelerar y multiplicar las deportaciones de inmigrantes irregulares
Los ciudadanos de países de fuera de la Unión que hayan recibido una orden de retorno estarán obligados a cooperar con las autoridades. Para preparar su retorno, podrán ser detenidos, tras una evaluación individualizada, por ejemplo, si no cooperan, si existe riesgo de fuga o si suponen un riesgo de seguridad. La detención deberá ser ordenada por una autoridad administrativa o judicial, y podrá alargarse 24 meses, prorrogables hasta seis meses más si cambian las circunstancias, surge nueva información o mejora la cooperación con un país de fuera de la Unión. Si un nacional de un país de fuera de la Unión se traslada a otro Estado miembro, podrá aplicarse un nuevo período de detención. Los Estados miembros podrán exigir la presentación periódica ante las autoridades, o la obligación de residir en un lugar designado. También podrán imponerse alternativas a la detención, como una garantía financiera o la vigilancia electrónica.

05/05/2026

El Gobierno aprueba que todos los menores sean escuchados por los jueces sin importar su edad
El Gobierno reforma la ley de la infancia y elimina el límite de edad para declarar en un proceso judicial. También contempla la negación de la custodia compartida para proteger al menor de edad.
Con esta medida, se pretende garantizar que los menores sean escuchados en aquellos procesos judiciales en los que estén involucrados. Hasta el momento, era obligatorio a partir de los 12 años o en aquellos casos de menores con "madurez suficiente".
En el caso de que un menor manifieste rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas para así protege al menor de edad. No podrá establecerse custodia compartida si esta decisión puede afectar negativamente a los hijos.
A partir de la ampliación de esta ley, "los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género serán también consideradas víctimas de violencia de género".