09/07/2026
Hay noticias que exigen reflexión.
Un hombre ha pasado 18 años privado de libertad por dos violaciones que nunca cometió. No porque hoy hayan aparecido pruebas nuevas, sino porque una prueba pericial esencial, que ya obraba en la causa, simplemente no fue valorada. El propio Tribunal Supremo ha calificado ese error judicial de "inequívoco y cualificado".
Quienes ejercemos el Derecho sabemos que juzgar es, probablemente, la función más delicada que puede desempeñar un ser humano. Porque cuando un juez se equivoca, no yerra sobre un papel: puede destruir una vida.
Los juristas romanos situaban la prudencia en el centro de la Justicia. No bastan el conocimiento técnico ni la autoridad del cargo. Hace falta humildad. La conciencia permanente de que uno puede equivocarse. El peligro comienza cuando el juzgador deja de buscar la verdad y empieza a creer que ya la posee.
En estos tiempos, la Justicia recibe demasiadas críticas desde trincheras políticas. Pero existe otra crítica, mucho más serena y, quizá por ello, más necesaria: preguntarnos qué Administración de Justicia queremos.
Porque el Estado de Derecho no es infalible. Los derechos fundamentales también pueden ser vulnerados por quienes tienen el deber de protegerlos. Y cuando eso ocurre, llegar al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, una carrera imposible.
Hoy este hombre recibirá una indemnización de 2,5 millones de euros. Es lo que corresponde en Derecho. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda:
¿Cuánto vale perder 18 años de tu vida siendo inocente?
Y una segunda, todavía más importante:
¿Qué mecanismos existen para que un error de esta magnitud no vuelva a repetirse?
La Justicia necesita independencia. Pero también necesita autocrítica, prudencia y una cultura de responsabilidad. Porque la confianza de los ciudadanos no se exige: se gana. Y cada error de esta magnitud la pone a prueba.
