Una sociedad donde sus leyes continuamente se ven modificadas, derogadas o incumplidas, sin el tiempo suficiente para que los órganos jurisdiccionales competentes puedan aclarar las posibles lagunas a través de las interpretaciones que hacen los tribunales en sus resoluciones, es una sociedad paralizada, donde los sujetos de derechos, los ciudadanos, se encuentran indefensos ante otros ciudadanos
y sobre todo ante el Estado. El estudio de las variaciones de la jurisprudencia a lo largo del tiempo es la forma más segura de conocer las posibles evoluciones en la aplicación de las leyes. Por otro lado, tenemos derecho a la educación, al trabajo, a la sanidad, a una vivienda, a unas leyes socialmente justas y, por supuesto, a pagar nuestros impuestos en función de nuestras capacidades económicas reales. Los impuestos son ineludibles, eso es inevitable, pero una buena planificación jurídica y fiscal nos pueden permitir ahorros sustanciales en nuestras obligaciones tributarias. Por eso es tan importante dejarse asesorar al objeto de valorar las posibles consecuencias fiscales que nuestras actividades económicas producen, y de esta forma elegir, en la medida de lo posible, las alternativas más ventajosas para nuestros intereses.
