07/07/2021
Los economistas y empresas piden mecanismos de detección temprana de insolvencias.
El Consejo General de Economistas (CGE) y Cepyme piden para la futura reforma concursal un sistema de alertas de detección temprana de insolvencias y limitar los privilegios de los créditos públicos
El sistema concursal español arroja que la mayor parte de los concursos de acreedores, cerca del 95%, finaliza en liquidación, siendo además procesos largos con una duración media de entre cuatro o cinco años, unas cifras que han propiciado múltiples reformas desde la entrada en vigor del actual marco regulatorio de la Ley Concursal.
Sin embargo, los economistas y las pymes consideran que no se ha logrado todavía que el sistema cuente con una normativa “eficiente” o, al menos, se produzca una mejora sustancial. Así las cosas, queda aún pendiente el Estatuto de la Administración concursal y la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
Con las alertas tempranas se pretende evitar la liquidación concursal, con el objeto de que se tomen las medidas a tiempo para favorecer la continuación de la empresa en evitación del concurso. Eso sí, para conseguir su objetivo, los Estados miembros de la Unión Europea deberán desarrollar una serie de herramientas que permitan detectar estas necesidades de reestructuración.
También piden incluir para la reforma concursal que verá la luz próximamente modificaciones en materia de segunda oportunidad para que el procedimiento sea más rápido y menos formalista.
A su vez, ven necesario introducir medidas que hagan más atractivas para las empresas las soluciones alternativas al concurso, entre las que destacan la necesidad de limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social), como ya propusieron sucesivos informes del FMI y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como facilitar la venta de unidades productivas para mantener el tejido empresarial español.