Abogados contencioso administrativo

12/10/2026

El incumplimiento de la obligación legal de exhibir la bandera oficial de España en un Ayuntamiento de Cataluña no puede justificarse en meras dificultades materiales o de seguridad.

La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sec. 5ª, de 9 de septiembre de 202...

09/10/2026

Posibilidad de que los enfermeros sean directores y subdirectores de Zonas de salud (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, nº 1052/2026, de 23 de septiembre de 2026, Rec. 988/2024).

Plazas de director y subdirector de Zonas de Salud. Atribución a personal sanitario del Grupo A-1 o Grupo A-2. Si las funciones atribuidas en la correspondiente Administración sanitaria autonómica afectan o condicionan el desarrollo global del proceso asistencial no podrán ser encomendadas a personal sanitario del Grupo A-2 porque el núcleo de la actuación médica debe estar a salvo de instrucciones de quienes no son médicos. El criterio de la sentencia 480/2023, 17 Abr. no puede ser aplicado con independencia de las funciones atribuidas en cada Administración autonómica.

07/10/2026

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a rechazar el desalojo de la acampada de Sol solicitado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no ha quedado acreditada una inactividad de la Delegación del Gobierno que justifique la adopción de la medida cautelar.

El TSJM rechaza el desalojo de la acampada de Sol solicitado por Ayuso, un nuevo golpe a la estrategia de la Comunidad de Madrid.

25/09/2026

El TSJ de Castilla y León permite a una farmacéutica deducirse el gasto de un detective privado a fin de poder probar la irregular actuación de ciertas oficinas de farmacia que podrían mermar sus ingresos (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Burgos, Sección 2ª, nº 61/2026, de 15 de mayo de 2026, Rec. 111/2025).

Deducibilidad del gasto relativo a la contratación de los servicios de un detective privado por la titular de una farmacia a fin de poder probar la irregular actuación de ciertas oficinas de farmacia que podrían mermar sus ingresos. El hecho de que dos de las denuncias presentadas no hayan prosperado no impide su deducibilidad. Sin embargo, no se admite el gasto de telefonía pues no se distingue el importe que se satisface por el servicio de televisión y el que se abona por los servicios de telefonía e internet.

24/09/2026

La AN anula la sanción impuesta a una empresa que no atendió las notificaciones electrónicas porque no recibió los avisos (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 2ª, nº 564/2026, de 29 de junio de 2026, Rec. 667/2020).

Anulación de la sanción impuesta por incumplimiento de requerimientos de información relacionados con el modelo 347 notificados electrónicamente sin aviso de puesta a disposición. La controversia se centra en determinar si la falta del aviso previsto en el artículo 41.6 de la LPAC puede excluir la culpabilidad exigible para sancionar conforme al artículo 203 de la LGT cuando el obligado desconoció los requerimientos. Si bien la ausencia del aviso no invalida formalmente la notificación, no se está ante una negligencia o conducta dolosa tendente a la obstrucción a la labor inspectora, pues el interesado confía en que la Administración tributaria remite habitualmente un aviso de puesta a disposición de las notificaciones.

24/09/2026

Los locales comerciales no pueden convertirse en viviendas libres en edificios calificados como VPO (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Sevilla, Sección 2ª, nº 536/2026, de 20 de julio de 2026, Rec. 905/2022).

Denegación de licencia para convertir un local comercial en vivienda libre, en un edificio donde el uso residencial está sometido, según el planeamiento vigente, al régimen de vivienda de protección oficial. Aunque el local era de régimen libre, la nueva vivienda debe quedar sometida al mismo régimen de protección que las ya existentes en el resto del edificio, asumiendo las condiciones urbanísticas del planeamiento, es decir, la VPO.

El local no puede conservar la condición de libre adquiriendo al mismo tiempo el uso residencial. Rechazo de la pretendida inaplicación del plan urbanístico por obsolescencia o contradicción con la legislación estatal y autonómica y de la vulneración del principio de igualdad.

18/09/2026

Reconocimiento de gran invalidez sobrevenida después de la jubilación por incapacidad permanente de una funcionaria (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia, Sección 2ª, nº 325/2026, de 2 de julio de 2026, Rec. 381/2024).

Reconocimiento de gran invalidez a una funcionaria jubilada en situación de incapacidad permanente que lo solicitó antes de alcanzar la edad para la jubilación forzosa, tras un agravamiento de la sintomatología por esclerosis múltiple, haciéndola dependiente y necesitada de ayuda de terceros para las actividades básicas de la vida diaria. El informe pericial aportado por la recurrente desvirtúa la presunción de legalidad y acierto del informe de valoración del EVI que concluyó que la recurrente no necesitaba esa ayuda de otras personas. Derecho al complemento de gran invalidez del 50% de la pensión de jubilación.

18/09/2026

Denegada la petición de conocer el nombre de las personas jurídicas grandes tenedores de vivienda por facilitar la ocupación (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Sección 3ª, nº 756/2026, de 17 de junio de 2026, Rec. 2337/2024).

1. El límite contemplado en el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha de interpretarse en el sentido de que el perjuicio para la seguridad pública puede consistir en la generación o el incremento de un riesgo para las personas o los bienes, aun cuando no llegue a producirse un daño efectivo, si bien su aplicación requiere que quien lo invoque aporte elementos objetivos que permitan apreciar que dicho riesgo se encuentra vinculado a la divulgación de la concreta información solicitada y que su realización es razonablemente previsible; apreciada su concurrencia, deberá ponderarse con el eventual interés público o privado que pueda justificar el acceso, quedando la restricción circunscrita exclusivamente a la información respecto de la que resulte acreditado el riesgo, conforme a los artículos 14.2 y 16 de la Ley 19/2013.

2. La divulgación de la identidad de las personas jurídicas titulares de más de diez viviendas puede conllevar un perjuicio para la seguridad pública cuando, atendidas las circunstancias del caso, ese dato, puesto en relación con el número de viviendas de cada titular, los municipios en los que se encuentran y la información que pueda obtenerse de otras fuentes, facilite la posterior localización de los inmuebles e incremente de modo relevante el riesgo de ocupación ilegal; acreditado ese perjuicio, el interés público en conocer la identidad de aquellas personas jurídicas deberá ponderarse atendiendo a la restante información facilitada y la limitación del acceso habrá de quedar circunscrita al dato afectado por el riesgo.

18/09/2026

Suspensión cautelar a efectos electorales de los nacionalizados al amparo de la conocida como Ley de nietos (AUTO de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sección 4ª, de 10 de septiembre de 2026, Rec. 1013/2026).

Suspensión de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) o de los derechos electorales de los ya inscritos hasta que dicte sentencia sobre el fondo, a las personas a quienes se haya otorgado la nacionalidad española al amparo del derecho de opción previsto en la Disposición adicional 8ª.1 inciso primero de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Se deja fuera de la suspensión a las personas que acrediten el cumplimiento de la Ley mediante la aportación de una certificación expedida por los Encargados de los Registros Consulares que acredite que son hijos o nietos de personas que originariamente hubiesen sido españolas y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, sin que se pueda aplicar la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 2022 de la DGSJFP. Órdenes relacionadas dirigidas a la Junta Electoral Central y Oficina del Censo Electoral. ADMISIBILIDAD. No existe inactividad de la Administración, ni es un supuesto de derecho de petición ni de desviación procesal.

16/09/2026

La Audiencia Nacional ha instado al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, a que no habilite el campamento que planea instalar para acoger a un millar de inmigrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición de un sindicato policial de que no se ubique en ese emplazamiento.

El Sindicato Unificado de Policía pidió la suspensión cautelar de la instalación de 16.000 metros cuadrados prevista para acoger a un millar de inm...