Abogados contencioso administrativo

08/06/2026

La pensión por incapacidad permanente total (o jubilación por incapacidad para el servicio) de un funcionario varía drásticamente dependiendo del régimen de cotización al que pertenezca (Clases Pasivas o Régimen General) y de sus años de servicio.

El cálculo exacto depende de su situación concreta:

1º) Régimen de Clases Pasivas (Funcionarios de carrera anteriores a 2011)En este régimen (muy común en funcionarios de carrera), no existe el porcentaje fijo del 55%. La cuantía de la pensión se calcula aplicando un porcentaje sobre el haber regulador del cuerpo funcionarial. Este porcentaje depende estrictamente de los años trabajados:

- Con 15 años de servicio: Se cobra el 26,92% del haber regulador.

- Años adicionales: El porcentaje aumenta progresivamente por cada año trabajado (por ejemplo, con 20 años se cobra el 45,19% y con 30 años el 81,73%).

- Con 35 años o más: Se cobra el 100% del haber regulador.

2º) Régimen General de la Seguridad Social (Funcionarios interinos, a partir de 2011, etc.)
En este caso, la pensión equivale de forma general al 55% de la base reguladora.
Este porcentaje puede aumentar al 75% si el funcionario tiene más de 55 años y se encuentra desempleado (lo que se conoce como incapacidad total cualificada). [1]

05/06/2026

El Tribunal Constitucional ampara a una magistrada con depresión sancionada disciplinariamente por acumular retrasos en el juzgado (Sentencia de la Sala Primera del TC, de 25 de mayo de 2026, Rec. 2394/2022).

29/05/2026

Anulada la sanción impuesta a una empresa de alquiler de vehículos por transportes realizados sin autorización por la arrendataria (Sentencia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del TI de Albacete, plaza nº 2, sentencia nº 3/2026, de 12 de enero de 2026, Proc. 110/2025).

Anulación de la multa impuesta a una empresa por realizar transportes de mercancías o discrecionales de viajeros sin cumplir las condiciones legales. Existen elementos probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de certeza y veracidad de la denuncia formulada por el agente, que acreditan que la mercantil recurrente no es la autora de los hechos constitutivos de la infracción imputada. Su objeto social es el alquiler de vehículos sin conductor y había suscrito un contrato de alquiler del vehículo objeto de la sanción, por el que el arrendatario se hacía responsable de las sanciones de tráfico impuestas. El boletín de denuncia se formuló mientras estaba vigente el contrato y el día de los hechos el transporte lo realizaba la arrendataria, que sería la responsable de la infracción imputada.

29/05/2026

La Audiencia Nacional justifica la instalación de una piscina municipal de agua salada en el litoral canario y ordena otorgar la concesión para ocupar el terreno (Sentencia Sala de lo Contencioso-administrativo, de la AN, Sección 1ª, nº 117/2026, 11 de febrero 2026, Rec. 254/2023).

Ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a una piscina municipal de agua de mar e instalaciones auxiliares, con el fin de legalizar la instalación, que se encuentra en funcionamiento sin título habilitante. Necesidad de ubicar la piscina en la ribera del mar, dado que su esencia es aprovechar los beneficios del aire marino para la salud y permitir el baño en condiciones de seguridad en un entorno costero de fuerte oleaje, especialmente para colectivos vulnerables. Además, no se impide uso público del litoral, porque solo se acota una pequeña parte de la costa que coexiste con zonas de baño libres de pago, destinándose el cobro de las tasas municipales a cubrir los costes de mantenimiento. Por otra parte, las instalaciones de cloración de la piscina no pueden equipararse a las estaciones de tratamiento de aguas residuales de saneamiento, ya que no tienen un impacto visual destacable ni producen olores intensos, no siendo de aplicación la prohibición de emplazamiento en los primeros 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Otorgamiento de la concesión condicionada al respeto de la servidumbre de paso y a la obtención de autorización de vertidos.

29/05/2026

Los grupos municipales tienen derecho a ser oídos y a formular alegaciones en el procedimiento para declarar la inviabilidad sobrevenida de presupuestos participativos (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sección 3ª, nº 498/2026, de 23 de abril de 2026, rec. 5820/2023).

El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a la luz del principio de democracia local consagrado en el artículo 140 de la Constitución y del derecho de participación política enunciado en el artículo 23.1 de la Constitución, determina que el concepto de interesado establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deba interpretarse en el sentido de que los grupos municipales, en cuanto integran a los concejales, miembros de la Corporación, adscritos a una determinada formación política, tienen derecho a que se les confiera un tramite de audiencia y a formular alegaciones en los procedimientos incoados con el objeto de declarar la inviabilidad sobrevenida de presupuestos participativos que habían sido aprobados previamente por el Pleno de la Corporación Municipal.

28/05/2026

El recurso especial en materia de contratación es aplicable a las licitaciones de contratos de concesión de transporte público regular de viajeros por carretera (Sentencia de la Sala Contencioso-administrativo del TS, Sección 4ª, nº 303/2026, de 11 de marzo de 2026, Rec. 8523/2023).

Transporte público regular de viajeros por carretera. Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, conforme al art. 44 LCSP, los actos y decisiones recaídos en licitaciones relativas a contratos de concesión de transporte público regular de viajeros por carretera.

21/05/2026

El Tribunal Supremo ha anulado el registro único de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado carece de competencia para establecer esta regulación de manera «exhaustiva».

El Alto Tribunal considera que se superpone a los registros autonómicos ya existentes donde se inscriben inmuebles destinados a arrendamientos turí...

20/05/2026

El TSJ de Murcia condena a la Administración regional a indemnizar con 4.000 euros por daño moral a un padre por la separación prolongada de su hija menor, por no adoptar las medidas suficientes para favorecer la reunificación familiar, tras más de una década sin contacto con la menor, en acogimiento preadoptivo.

Noticias Judiciales

18/05/2026

La Audiencia Nacional ha confirmado que el Estado debe indemnizar con 73.692 euros a una mujer por "funcionamiento anormal" de la Administración de Justicia, por la subasta indebida de su vivienda en un procedimiento seguido en un juzgado de Santander.

La AN ha confirmado que el Estado debe indemnizar con 73.692 euros a una mujer por "funcionamiento anormal" de la Administración de Justicia.

12/05/2026

El Tribunal Supremo ha fijado un nuevo criterio que permite que determinados empleados públicos temporales puedan adquirir la condición de fijos si, pese a haber aprobado una oposición, no obtuvieron plaza y continuaron encadenando contratos temporales de forma abusiva.

El Tribunal Supremo abre la puerta a que algunos trabajadores temporales de la Administración puedan convertirse en fijos tras años de contratos encadenados