Sergio Antonio Ramírez Mena "su asesor laboral le escucha"

Sergio Antonio Ramírez Mena "su asesor laboral le escucha" Asesor Laboral
www.4gasesores.blogspot.com.es/
Correo electrónico: [email protected]

Asesoría y Auditoria Laboral, Mediación Laboral, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Despidos, Negociación, Elaboración y Descuelgues de Convenios Colectivos de Empresas, etc.

Fuente: autónomos& emprendedores https://www.facebook.com/share/1o3rgA4yue/
10/06/2026

Fuente: autónomos& emprendedores

https://www.facebook.com/share/1o3rgA4yue/

Una sentencia confirma que las dietas tienen carácter compensatorio y no salarial. Por ello, cuando el trabajador no tiene que asumir realmente el gasto de l...

Fuente: El EspañolReino Unido da una lección a España con los autónomos: cuota cero si facturas por debajo del mínimo fi...
09/06/2026

Fuente: El Español

Reino Unido da una lección a España con los autónomos: cuota cero si facturas por debajo del mínimo fijado

La comparación entre ambos modelos muestra hasta qué punto la fiscalidad puede impulsar o, por el contrario, obstaculizar el crecimiento de un negocio. Más información: Alfonso, funcionario de la Seguridad Social: "Quien retrase un año su jubilación podrá recibir un pago de 8.500 euros"

19/04/2026

COMUNICADO INFORMATIVO URGENTE (2026)

Regularización extraordinaria de extranjeros: impacto práctico y criterios de tramitación

Tras la aprobación por el Gobierno de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, vigente desde abril de 2026, se introduce una vía excepcional de acceso a residencia y trabajo, independiente del régimen ordinario del Real Decreto 1155/2024.

Nos encontramos ante la medida más relevante en materia de extranjería en los últimos años.

1. Naturaleza de la medida: regularización masiva excepcional

Se trata de un proceso extraordinario que permite:

Obtener autorización de residencia y trabajo

Desde el inicio del procedimiento

Con carácter inicial de 1 año

Dirigido a personas que:

Se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025

Acrediten una permanencia mínima (aprox. 5 meses)

Carezcan de antecedentes penales

Ministerio de Inclusión

Se prevé un volumen muy elevado de solicitudes (hasta 500.000 expedientes).

2. Diferencia clave respecto al sistema ordinario

Aquí está el punto jurídico importante:

ANTES (modelo ordinario)

Arraigo (2 años, contrato, informe social…)

Procedimientos complejos

Alta carga probatoria

AHORA (regularización extraordinaria)

No se exige contrato previo en muchos casos

Se prioriza la realidad de permanencia en España

Procedimiento simplificado

Es una vía paralela al reglamento, no sustitutiva

3. Presentación de solicitudes: cómo se está tramitando realmente

Inicio del procedimiento

Vía telemática desde mediados de abril 2026

Vía presencial pocos días después (oficinas habilitadas)

4. Documentación clave (criterio práctico de éxito)

Aquí está lo importante en despacho:

A) Prueba de permanencia (elemento esencial)

Debe acreditarse estancia en España antes del 31/12/2025 mediante:

Certificado de empadronamiento

Informes médicos

Envíos de dinero

Documentación bancaria

Cualquier documento público o privado válido

Ministerio de Inclusión

No hay un único documento obligatorio

Se admite prueba combinada

B) Identificación

Pasaporte completo en vigor

En su defecto: documento identificativo válido

C) Antecedentes penales

Certificado del país de origen

Declaración responsable en algunos casos

D) Solicitudes de asilo (clave en 2026)

Se permite acceso a esta regularización si:

La solicitud es anterior a 31/12/2025

Supone una salida directa del “limbo administrativo”

5. Criterios reales que se están aplicando (muy importante)

Desde la práctica administrativa:

La Administración está priorizando:

Existencia real en España

Trazabilidad documental

Coherencia del expediente

Y está rechazando:

Pruebas débiles o aisladas

Empadronamientos recientes sin continuidad

Documentación “fabricada” o inconsistente

6. Plazos y gestión del procedimiento

Plazo de solicitud: limitado (hasta verano 2026 aprox.)

Refuerzo administrativo con cientos de funcionarios

Tramitación masiva → posibles retrasos

7. Efectos jurídicos de la concesión

La autorización concedida:

Permite trabajar desde el inicio

Tiene duración inicial de 1 año

Obliga posteriormente a integrarse en el sistema ordinario

(arraigo, modificación, etc.)

Ministerio de Inclusión

8. Riesgos y errores críticos (visión de despacho)

Esto es lo que va a marcar la diferencia:

Presentar expedientes sin prueba suficiente de permanencia

No estructurar la documentación

Confiar en “subsanar después”

No justificar continuidad temporal

En esta regularización, el punto crítico es uno solo:

demostrar que ya estabas en España antes de la fecha clave

9. Conclusión profesional

Estamos ante un escenario dual en 2026:

1. Sistema ordinario (Reglamento RD 1155/2024)

Más técnico

Más estructurado

2. Sistema extraordinario (regularización 2026)

Más accesible

Pero igualmente exigente en prueba.

Esta regularización no es automática

No es “papeles para todos”

Es un procedimiento probatorio

Y en la práctica:

El expediente se gana o se pierde en la acreditación documental de la permanencia en España.

Sergio Ramírez

Graduado Social



Sergio A. Ramírez Mena

Asesor Laboral

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19/04/2026

COMUNICADO INFORMATIVO URGENTE (2026)
Regularización extraordinaria de extranjeros: impacto práctico y criterios de tramitación
Tras la aprobación por el Gobierno de una regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular, vigente desde abril de 2026, se introduce una vía excepcional de acceso a residencia y trabajo, independiente del régimen ordinario del Real Decreto 1155/2024.
Nos encontramos ante la medida más relevante en materia de extranjería en los últimos años.
1. Naturaleza de la medida: regularización masiva excepcional
Se trata de un proceso extraordinario que permite:
Obtener autorización de residencia y trabajo
Desde el inicio del procedimiento
Con carácter inicial de 1 año
Dirigido a personas que:
Se encontraban en España antes del 31 de diciembre de 2025
Acrediten una permanencia mínima (aprox. 5 meses)
Carezcan de antecedentes penales
Ministerio de Inclusión
Se prevé un volumen muy elevado de solicitudes (hasta 500.000 expedientes).

2. Diferencia clave respecto al sistema ordinario
Aquí está el punto jurídico importante:
ANTES (modelo ordinario)
Arraigo (2 años, contrato, informe social…)
Procedimientos complejos
Alta carga probatoria
AHORA (regularización extraordinaria)
No se exige contrato previo en muchos casos
Se prioriza la realidad de permanencia en España
Procedimiento simplificado
Es una vía paralela al reglamento, no sustitutiva
3. Presentación de solicitudes: cómo se está tramitando realmente
Inicio del procedimiento
Vía telemática desde mediados de abril 2026
Vía presencial pocos días después (oficinas habilitadas)
4. Documentación clave (criterio práctico de éxito)
Aquí está lo importante en despacho:
A) Prueba de permanencia (elemento esencial)
Debe acreditarse estancia en España antes del 31/12/2025 mediante:
Certificado de empadronamiento
Informes médicos
Envíos de dinero
Documentación bancaria
Cualquier documento público o privado válido
Ministerio de Inclusión
No hay un único documento obligatorio
Se admite prueba combinada
B) Identificación
Pasaporte completo en vigor
En su defecto: documento identificativo válido
C) Antecedentes penales
Certificado del país de origen
Declaración responsable en algunos casos
D) Solicitudes de asilo (clave en 2026)
Se permite acceso a esta regularización si:
La solicitud es anterior a 31/12/2025
Supone una salida directa del “limbo administrativo”
5. Criterios reales que se están aplicando (muy importante)
Desde la práctica administrativa:
La Administración está priorizando:
Existencia real en España
Trazabilidad documental
Coherencia del expediente
Y está rechazando:
Pruebas débiles o aisladas
Empadronamientos recientes sin continuidad
Documentación “fabricada” o inconsistente
6. Plazos y gestión del procedimiento
Plazo de solicitud: limitado (hasta verano 2026 aprox.)
Refuerzo administrativo con cientos de funcionarios
Tramitación masiva → posibles retrasos
7. Efectos jurídicos de la concesión
La autorización concedida:
Permite trabajar desde el inicio
Tiene duración inicial de 1 año
Obliga posteriormente a integrarse en el sistema ordinario
(arraigo, modificación, etc.)
Ministerio de Inclusión
8. Riesgos y errores críticos (visión de despacho)
Esto es lo que va a marcar la diferencia:
Presentar expedientes sin prueba suficiente de permanencia
No estructurar la documentación
Confiar en “subsanar después”
No justificar continuidad temporal
En esta regularización, el punto crítico es uno solo:
demostrar que ya estabas en España antes de la fecha clave
9. Conclusión profesional
Estamos ante un escenario dual en 2026:
1. Sistema ordinario (Reglamento RD 1155/2024)
Más técnico
Más estructurado
2. Sistema extraordinario (regularización 2026)
Más accesible
Pero igualmente exigente en prueba.

Esta regularización no es automática
No es “papeles para todos”
Es un procedimiento probatorio
Y en la práctica:
El expediente se gana o se pierde en la acreditación documental de la permanencia en España.
Sergio Ramírez
Graduado Social

08/03/2026

España bloquea el oxígeno fiscal a los autónomos… y Canarias vuelve a pagar el precio.....

Hay decisiones políticas que revelan con claridad cómo entiende un Gobierno la economía real. El retraso en la aplicación de la directiva europea que permitiría eximir de IVA a millones de pequeños autónomos es una de ellas. No es un simple retraso administrativo. Es una declaración de prioridades.
Mientras Alemania, Francia o Italia ya han aplicado la directiva europea 2020/285 —pensada precisamente para aliviar la carga fiscal y burocrática de los pequeños profesionales—, España sigue sin trasponerla. Y no por incapacidad técnica. El motivo es mucho más prosaico: el Gobierno teme perder entre 3.000 y 5.000 millones de euros de recaudación.
Dicho de otro modo: se prefiere seguir exprimiendo al pequeño empresario antes que facilitar la actividad económica.
La lógica es conocida. Cuando el gasto público crece sin freno, el Estado busca ingresos donde sabe que no habrá grandes mecanismos de defensa: en el pequeño empresario, en el profesional autónomo, en el microemprendedor que no tiene un departamento fiscal ni un ejército de asesores.
Son ellos los que sostienen buena parte del tejido productivo de proximidad. Los que levantan la persiana cada mañana. Los que crean empleo local. Los que mantienen viva la economía de barrios, pueblos y ciudades.
Y, sin embargo, siguen siendo tratados como una simple fuente de recaudación.
Una España que compite peor
La directiva europea permite que los pequeños autónomos queden exentos de IVA hasta determinados niveles de facturación, con un límite máximo de 85.000 euros anuales.
Italia ha optado precisamente por ese máximo.
Francia aplica el sistema para determinados sectores.
Alemania mantiene también su propio umbral.
España, en cambio, sigue anclada en la inacción.
El resultado es evidente: los autónomos españoles compiten en peor posición que sus colegas europeos. Más burocracia, más obligaciones fiscales, más tiempo dedicado a cumplir con la Administración que a desarrollar su actividad.
En un mercado europeo abierto, esta desventaja no es menor. Es estructural.
Canarias: el doble problema
Si el retraso ya es perjudicial en el conjunto de España, en Canarias adquiere una dimensión aún más preocupante.
El archipiélago tiene una estructura económica especialmente basada en pequeños autónomos, microempresas, profesionales independientes y negocios de proximidad, muchos de ellos vinculados al turismo, al comercio o a los servicios.
Es decir, exactamente el tipo de tejido empresarial que la directiva europea pretendía proteger.
Además, Canarias ya cuenta con un sistema fiscal propio —el IGIC— que, sobre el papel, debería facilitar la actividad económica y compensar la insularidad. Pero en la práctica, la carga burocrática sigue siendo elevada para los pequeños negocios.
La consecuencia es evidente: mientras en otros países europeos se simplifican las obligaciones fiscales para los pequeños emprendedores, en Canarias miles de profesionales siguen atrapados entre modelos trimestrales, obligaciones formales y costes administrativos que para un negocio pequeño resultan desproporcionados.
En un territorio donde la pequeña empresa es la norma y no la excepción, esta inacción legislativa pesa aún más.
El miedo a perder recaudación
El argumento del Gobierno es conocido: la exención podría reducir los ingresos por IVA.
Pero la experiencia de otros países indica justo lo contrario. Simplificar obligaciones fiscales suele aumentar el cumplimiento voluntario y reducir la economía sumergida.
Cuando la burocracia se vuelve asfixiante, muchos pequeños negocios terminan funcionando en los márgenes del sistema. Cuando el sistema se simplifica, la actividad aflora.
Pero para comprender esto hay que conocer cómo funciona la economía real.
Y ahí está el problema.
El autónomo como sospechoso fiscal
España sigue arrastrando una vieja cultura administrativa: la de considerar al empresario —especialmente al pequeño— como un potencial defraudador al que hay que vigilar, en lugar de como un actor esencial para el crecimiento económico.
De ahí la obsesión normativa, la burocracia interminable y la presión fiscal constante.
El resultado es un país donde emprender sigue siendo más difícil que en muchos de nuestros vecinos europeos.
Una señal preocupante
Que la Comisión Europea haya abierto expediente sancionador a España por no aplicar la directiva debería ser una llamada de atención.
Pero lo preocupante no es solo la sanción. Es lo que revela sobre la orientación de la política económica.
Mientras en Europa se entiende que apoyar al pequeño empresario es fortalecer la economía, en España sigue prevaleciendo la lógica inversa: recaudar primero, pensar después.
Y mientras tanto, millones de autónomos —muchos de ellos en lugares como Canarias, donde la pequeña empresa es la columna vertebral de la economía— siguen esperando algo tan simple como poder trabajar con menos obstáculos.
No están pidiendo subvenciones.
Solo piden que se les deje respirar.
Porque cuando el Estado asfixia al pequeño empresario, no solo pierde el autónomo.
Pierde toda la economía.
Sergio R.

04/03/2026

Fuente: Maspalomas 24h

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El tejido empresarial de Mogán se diversifica: el ránking de las empresas más solventes
GARA HERNÁNDEZ - M24HLUNES, 23 DE FEBRERO DE 2026
El municipio de Mogán, epicentro del desarrollo turístico en el sur de Gran Canaria, consolida su músculo económico a través de un directorio empresarial que refleja la creciente especialización de sus sociedades limitadas. El registro actual de empresas locales muestra una presencia predominante de entidades dedicadas a la gestión de activos alojativos, el ocio nocturno y la explotación de servicios en zonas estratégicas como Playa de Mogán, Puerto Rico y Amadores. Entre las sociedades que vertebran el sector hotelero destaca Amadores Aparthotel SL, una pieza clave en la oferta de alojamiento de calidad en uno de los acantilados más cotizados de la zona.

La diversificación del sector servicios es palpable en el ámbito de la restauración y el ocio de alto valor añadido. Empresas como Stratton River Club SL, Barrapesca SL y Café de Mogán SL ilustran la apuesta por conceptos gastronómicos y de entretenimiento que buscan captar el gasto del turista europeo. A este ecosistema se suman firmas orientadas a la gestión de experiencias y marcas, como Dajisi Image (empresa del jugador de fútbol David Silva, con 25 millones de euros de capital social, y la nordica Cervus Enterprise SL, así como entidades vinculadas a la actividad náutica y el aprovechamiento de los recursos marinos, representadas por Aquatribe SL y Mar Abierto SL, esta última en fase de desguace.

Más allá del turismo de masas, el directorio empresarial moganero revela actividades industriales y logísticas de gran calado. Un ejemplo significativo es Tauro Export SL, cuya denominación apunta a la proyección exterior de productos desde el valle de Tauro. Por otro lado, la inversión en infraestructuras y suministros especializados queda patente con la presencia de Elite Pavan SL, mientras que sociedades como Crown Premium Group SL y Lorimar Sur (Tomás Lorenzo) sugieren una estructura de holding o gestión de grupos empresariales que operan de forma transversal en el sur de la isla.

El desarrollo local se asienta sobre sociedades con fuerte arraigo geográfico, como Lomoquiebre SL, vinculada directamente a uno de los barrios históricos y residenciales del Puerto de Mogán. Completan este mapa corporativo entidades como Kurtprotion SL y ATR Tuno Indio Global SL, esta última con un nombre que evoca productos autóctonos y su comercialización bajo parámetros de innovación. En conjunto, estas quince empresas seleccionadas del directorio provincial de Las Palmas definen un Mogán que, si bien sigue dependiendo del sol y la playa, está profesionalizando cada vez más su estructura societaria para afrontar los retos del mercado global.

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20/02/2026

Subir el SMI con la caja ajena: la realidad que no cabe en un titular

“Si no puedes, no eres ‘sólido’: el desprecio al pequeño empresario en una frase”

En los últimos días hemos escuchado a la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmar que “si una pequeña empresa no puede pagar 37 euros más al mes a un trabajador, no es una empresa sólida”. Una frase que, más allá de su impacto mediático, refleja una preocupante desconexión con la realidad del tejido empresarial español, formado en su inmensa mayoría por microempresas, autónomos y pequeños negocios que sostienen el empleo en este país.
El debate no es si los trabajadores deben cobrar más. Nadie discute la necesidad de salarios dignos. El problema es cómo se toman las decisiones y, sobre todo, quién asume el coste real de esas medidas. Porque la subida del salario mínimo no son “37 euros”. Ese es solo el titular. La realidad es mucho más compleja.
Cuando sube el SMI, no solo aumenta el salario bruto. También lo hacen las cotizaciones a la Seguridad Social, los costes asociados, los arrastres sobre escalas salariales internas, las indemnizaciones, los complementos vinculados al mínimo y la presión fiscal indirecta. Para una gran empresa, esto puede diluirse. Para un pequeño comercio, un bar de barrio o un autónomo empleador, puede marcar la diferencia entre contratar o no hacerlo.
Por eso, la crítica de la patronal, de la CEOE, de CEPYME y de las asociaciones de autónomos no responde a una oposición ideológica al progreso, sino a una realidad económica: subir salarios sin aliviar los costes asociados equivale a hacer política con la caja ajena. Se anuncia la medida desde el poder, pero el pago efectivo recae sobre quien genera empleo.
Además, se ha instalado un discurso simplista que enfrenta a trabajadores y empresarios, cuando ambos forman parte del mismo sistema productivo. La mayoría de los pequeños empresarios no son grandes fortunas ni multinacionales. Son profesionales que arriesgan su patrimonio, adelantan impuestos, soportan burocracia creciente, cambios normativos constantes y una incertidumbre regulatoria que dificulta cualquier planificación.
Resulta especialmente llamativo que desde el Gobierno se ignore este contexto mientras se utiliza un tono moralizante que caricaturiza a la pequeña empresa como insolidaria. Sin embargo, la verdadera irresponsabilidad sería destruir el tejido productivo que sostiene el empleo, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios, donde el margen es reducido y la competencia feroz.
Si el objetivo es mejorar las condiciones laborales, la vía inteligente no pasa únicamente por subir el salario mínimo, sino por acompañar esas medidas con políticas coherentes: reducción de cotizaciones en los tramos bajos, incentivos reales a la contratación, simplificación administrativa y seguridad jurídica. Lo contrario genera un efecto perverso: menos contratación, más economía sumergida y mayor precariedad.
España necesita un debate laboral serio, sin eslóganes ni simplificaciones. Porque el empleo no se crea desde los titulares ni desde los platós de televisión. Se crea en miles de pequeñas empresas que, día a día, intentan sobrevivir en un entorno cada vez más exigente.
La frase “si no puedes, no eres sólido” no fortalece el mercado laboral. Solo demuestra una visión parcial y desconectada de la economía real. Y mientras se mantenga esta brecha entre quien legisla y quien paga, seguiremos repitiendo el mismo error: anunciar avances sociales sin medir sus consecuencias.
Porque al final, la verdadera solidez de un país no se mide por los discursos, sino por la capacidad de su tejido empresarial para generar empleo estable, riqueza y oportunidades. Y eso no se consigue gobernando desde una burbuja, sino escuchando a quienes están cada día al frente de una nómina.
Sergio R.

17/02/2026

En mi opinión como asesor laboral....

"El peligro de reducir el debate económico a comparaciones simplistas."

En los últimos días hemos escuchado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, criticar que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, cobre 23 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Un argumento que, aunque llamativo, refleja un problema cada vez más frecuente en el debate público: la simplificación de la realidad económica a través de comparaciones emocionales.
Resulta sorprendente que quien apela constantemente a la justicia social recurra precisamente a este tipo de mensajes. Porque, si seguimos esa lógica, también podríamos comparar el salario de cualquier alto cargo público con el SMI y obtener titulares similares. Sin embargo, ese no es el verdadero debate. No se trata de cuánto gana una persona concreta, sino de cómo se genera riqueza, empleo y oportunidades.
Reducir la discusión a porcentajes entre salarios solo contribuye a fomentar la confrontación social. España no es un país dominado por grandes multinacionales. Es un país de pymes, autónomos y pequeños empresarios que no tienen sueldos millonarios ni estructuras complejas. Son ellos quienes sostienen el empleo y quienes sufren cada incremento de costes, cada cambio normativo y cada incertidumbre regulatoria.
Desde la práctica diaria de los asesores laborales, vemos una realidad muy distinta a la que se proyecta en los discursos políticos. Empresas que intentan pagar mejores salarios, pero que se enfrentan a cotizaciones crecientes, burocracia, falta de estabilidad normativa y un entorno cada vez más complejo. Cada reforma anunciada genera expectativas y preocupación, y muchas veces ni siquiera llega a materializarse, dejando a profesionales y empresas en una posición incómoda.
Hablar de “democratizar las empresas” puede sonar atractivo, pero corre el riesgo de trasladar modelos rígidos que no encajan en nuestro tejido empresarial. La participación de los trabajadores es positiva cuando nace del diálogo, la confianza y la negociación, no de la imposición.
Si realmente queremos mejorar los salarios, el foco debería estar en la productividad, la innovación, la formación y la estabilidad. Porque los países que mejor pagan no son los que más confrontación generan, sino los que crean un marco de seguridad y crecimiento.
España necesita menos titulares fáciles y más rigor.
Menos polarización y más soluciones.
Menos comparaciones simplistas y más políticas eficaces.
Porque la economía no se construye enfrentando a unos contra otros, sino generando confianza.
Sergio R.

09/02/2026

El registro horario eterno: cuando legislar se convierte en anunciar
Otra vez el registro horario. Otra vez el anuncio. Otra vez el ruido. Y otra vez… nada. El Gobierno —con Yolanda Díaz como cara visible— lleva meses (años, en realidad) jugando al “ahora sí” con una reforma del registro horario que nunca termina de aprobarse ni publicarse. Mucha rueda de prensa, mucho titular y mucho mensaje político, pero cero seguridad jurídica para empresas y profesionales.
El problema no es solo que no se legisle, sino cómo se genera una expectativa normativa permanente sin norma alguna. Se filtran borradores, se anuncian sanciones futuras, se trasladan mensajes ambiguos a la Inspección y a los sindicatos, y mientras tanto las empresas quedan en un limbo: ¿invertir en nuevos sistemas?, ¿esperar?, ¿cumple lo actual o mañana será insuficiente? Nadie lo aclara.
Pero hay un daño colateral del que casi nadie habla: los profesionales asesores laborales. Somos nosotros quienes informamos a los clientes de la insistencia gubernativa en implantar la medida, quienes advertimos de los cambios que “vienen”, quienes pedimos prudencia o adaptación preventiva… para que luego no se apruebe nada. El resultado es perverso: el asesor queda como alarmista, exagerado o poco fiable, cuando en realidad solo está trasladando mensajes oficiales del propio Gobierno. Así se erosiona la confianza profesional y se banaliza el rigor técnico.
Gobernar no es anunciar reformas eternamente ni convertir cada modificación laboral en un teaser permanente. Gobernar es aprobar, publicar y dar plazos razonables de adaptación. Todo lo demás es propaganda normativa que se paga cara: inseguridad jurídica, costes innecesarios y desgaste profesional. El registro horario no puede seguir siendo un titular reciclado ni una herramienta política. O se legisla de una vez, o se deja de marear. Porque lo que hoy existe no es protección real al trabajador: es confusión, improvisación y una profunda falta de respeto hacia empresas y asesores que sí hacen su trabajo.

Dirección

San Bernardo, Nº8
Las Palmas De Gran Canaria
35003

Horario de Apertura

Lunes 09:00 - 17:00
Martes 09:00 - 15:00
Miércoles 09:00 - 15:00
Jueves 09:00 - 15:00
Viernes 09:00 - 15:00

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