Abogados de familia

03/06/2026

Cabe una interpretación flexible de la legitimación activa en los procedimientos de protección de menores cuando concurre un interés directo y legítimo de miembros de la familia extensa, aun cuando no hayan ejercido previamente funciones de guarda.

Esta interpretación se fundamenta en la preferencia legal por la integración del menor en su familia biológica y en el principio del interés superior del menor (Sentencia de la Sala de lo Civil del TS, nº 589/2026, de 16 de abril de 2026).

27/05/2026

El Tribunal Supremo ha aclarado a quién le corresponden los gastos de una vivienda tras una separación, declarando que el IBI y los gastos de la comunidad son «obligaciones de los propietarios», y no del usuario de la vivienda.

«Al tratarse de deudas derivadas de impuestos que recaen sobre la propiedad de la vivienda, son de cuenta de la titular de la vivienda, aquí representada por la sociedad de gananciales que se liquida»,

Un fallo en el que el alto tribunal diferencia entre los gastos derivados del uso de la vivienda, y aquellos que se derivan de la propiedad de la misma.

La propiedad de la vivienda es determinante para marcar quién debe hacerse cargo de las obligaciones dinerarias de la misma.

18/05/2026

La Sección Quinta de la AP de Murcia ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la madre y ha confirmado íntegramente la sentencia que declaró que el demandante no es el padre biológico de la menor, acordó la nulidad de la filiación inscrita y reconoció su derecho a ser indemnizado por los perjuicios sufridos.

La Sección 5 considera que la ocultación de dudas sobre la filiación puede generar responsabilidad civil aun sin dolo.

30/04/2026

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la obligación de una mujer de pagar a su expareja casi 13.000 euros por engañarle durante años haciéndole creer que era el padre de su hija. Concretamente, tendrá que abonarle la cuantía de 7.932 euros en concepto de daños materiales, por las cantidades satisfechas por él en concepto de pensiones de alimentos y de gastos de guardería, y la cantidad de 5.000 euros en concepto de daño moral.

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la obligación de una mujer de pagar a su expareja casi 13.000 euros por engañarle durante años haciéndole creer que era el padre de su hija. Concretamente, tendrá que abonarle la cuantía de 7.932 euros en concepto de daños materiales, por las ca...

28/04/2026

Exoneración de responsabilidad del tutor por los daños causados por una persona con la capacidad modificada judicialmente al no existir obligación de vigilancia y control (Sentencia de la Sala de lo Civil del TS, Sección Pleno, nº 560/2026, de 13 de abril de 2026, Rec. 4189/2021).

Responsabilidad del tutor por daños causados por un tutelado con enfermedad mental. Arrojó una televisión por la ventana de la vivienda en la que residía, perteneciente a una fundación que tenía concertado un convenio de colaboración con la Diputación Foral, a la que está adscrito el Instituto Tutelar que había sido nombrado tutor en la sentencia de incapacitación, estallando el aparato muy cerca del actor. Responsabilidad ex art. 1903 del CC en la redacción anterior a la Ley 8/2021. Exoneración del tutor. Valoración del canon de diligencia que le es exigible partiendo de las funciones asumidas en la sentencia de incapacitación y del nuevo marco conformado por la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad (en vigor cuando sucedieron los hechos). Imprevisibilidad de la conducta del tutelado.

Ausencia de razones que permitan apreciar que fuera exigible al tutor adoptar algún tipo de vigilancia y control dirigido a evitar que sucediera un hecho como el acontecido. De la sentencia de incapacitación no resulta que asumiera una labor de vigilancia y control de una persona violenta, peligrosa o agresiva por razón de su enfermedad. Inexistencia de culpa in eligendo o in vigilando por actos supuestamente negligentes de la fundación.

24/03/2026

El derecho de uso de la vivienda familiar atribuido a la madre en proceso matrimonial es oponible a la hija, dueña de la vivienda por donación del padre (Sentencia de la AP de Vizcaya, Sección 5ª, nº 422/2025, de 18 de diciembre de 2025, Rec. 482/2023).

De no ser oponible a la demandante el derecho de uso de la vivienda atribuido a su madre en proceso matrimonial. Desestimación. La jurisprudencia ha establecido una serie de causas de extinción de un derecho de uso y que se concretan en el fallecimiento del beneficiario, el cambio positivo en la situación económica del beneficiario y la convivencia con una nueva pareja que rompe la naturaleza de "vivienda familiar". En el caso de autos no concurre ninguna de estas circunstancias. La convivencia en la vivienda de otro hijo de la demandada, nacido de un matrimonio anterior, no responde a la creación de una nueva familia, sino a una situación asistencial derivada de la avanzada edad y estado de salud de la beneficiaria.

La demandante es propietaria del inmueble por donación de su padre y conocía la existencia del derecho de uso atribuido a su madre, que además constaba inscrito en el Registro de la Propiedad. Por ello, no ostenta la condición de tercero de buena fe del art. 34 LH, siendo dicho derecho plenamente oponible conforme a la sentencia que lo configuró.

24/03/2026

Legitimación activa del marido para desahuciar a la hija de la vivienda ganancial en la que conviven, cuyo uso exclusivo le fue atribuido en virtud de acuerdo alcanzado con la esposa tras separarse (Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 272/2026, 20 febrero 2026, Rec. 9968/2024).

Sobre vivienda ganancial cuyo uso exclusivo ostenta el demandante por acuerdo con su exmujer (con arreglo al cual, al poner fin a su relación, se repartieron la posesión de sus dos viviendas gananciales). Acción ejercitada frente a la hija común (personada en la vivienda tras separarse de su pareja y cuya posesión toleró inicialmente el progenitor). Estimación de la demanda. Legitimación del cotitular de la comunidad postganancial que tiene el uso de la vivienda para ejercitar la acción frente a un tercero, sin necesidad del acuerdo o autorización del otro cotitular, e incluso con la oposición del mismo, siempre que actúe en beneficio de la comunidad o conforme al título que resulte de la voluntad de las propias partes.

Legitimación pasiva de la hija. Inexistencia de título que ampare su posesión. Invalidez del supuesto contrato verbal concertado con la madre por el que le habría cedido el uso de la vivienda sin pagar renta durante 10 años. Tal cesión requeriría el acuerdo de la mayoría y, además, existe un uso exclusivo, asumido y consentido pacíficamente por ambos cotitulares durante varios años, lo que determina que se esté ante una situación consolidada y pacíficamente admitida por ambos que no puede ser alterada unilateralmente a posteriori por la cotitular no poseedora. Abuso de derecho por parte de ésta, que impone al excónyuge una coposesión con un tercero contraria a la situación asumida y en su perjuicio.

12/02/2026

La AP Murcia acepta el burofax con una propuesta de negociación como medio para cumplir con el requisito de acudir a un MASC en un proceso de divorcio (Auto de la AP de Murcia, Sección 4ª, nº 72/2026, de 5 de febrero de 2026, Rec. 1949/2025).

08/02/2026

Las sentencias del Tribunal Supremo nº 1070/2025, de 30 de diciembre, y STS nº 767/2025, de 24 de septiembre, establecen que la desatención de una resolución judicial relativa al régimen de visitas de menores mediante una conducta decidida, terminante y grave en cuanto al incumplimiento, pueden ser constitutivas de un delito de desobediencia ex. artículo 556 del Código Penal (CP).

Las sentencias del Tribunal Supremo 1070/2025, de 30 de diciembre, y 767/2025, de 24 de septiembre, establecen que la desatención de una resolución judicial relativa al régimen de visitas de menores mediante una conducta decidida, terminante y grave en cuanto al incumplimiento, pueden ser constit...

30/01/2026

El canon reforzado de motivación que reclama la protección del interés superior de los menores en contextos de violencia familiar, es igualmente exigible cuando quien genera ese contexto es la nueva pareja de uno de ellos (Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, nº 1881/2025, de 17 de diciembre de 2025).