Luis Vinicio Cueva- Gobiernos Autónomos Descentralizados

18/08/2026

La Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del artículo 118, incisos primero y cuarto, del COPLAFIP, examinando si la facultad de reajustar las asignaciones de los GAD es compatible con la predecibilidad de sus recursos, su autonomía y el carácter descentralizado del Estado.

11/08/2026

En el proceso de inscripción de candidaturas han surgido interrogantes constitucionales y electorales respecto de si las autoridades en funciones deben renunciar o solicitar licencia para postularse a otra dignidad, así como sobre la situación de sus suplentes que no ejercen funciones, cuestiones que deben analizarse conforme a los derechos de participación y las normas de incompatibilidad electoral.

02/08/2026

De conformidad con el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral, del 2 al 17 de agosto transcurre el período para la inscripción de candidaturas dentro del proceso electoral. En este contexto, han surgido diversas inquietudes respecto del régimen jurídico aplicable a la concesión de licencias para las servidoras y los servidores públicos que aspiren a participar como candidatos.

16/07/2026

Existe una duda sobre si una autoridad de elección popular que fue elegida como suplente y luego asumió definitivamente otro cargo por subrogación debe ser considerada en reelección cuando vuelve a postularse para esa misma dignidad.

La principal interrogante es si el tiempo ejercido en el cargo subrogado genera efectos para aplicar el régimen de reelección.

En síntesis, el problema jurídico consiste en determinar si el ejercicio definitivo de un cargo por un período inferior a dos años o más constituye o no una reelección al momento de inscribir una nueva candidatura para esa misma dignidad.

18/06/2026

El artículo 336 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador (Código de la Democracia) establece una limitación legítima al derecho de postulación de los afiliados y adherentes permanentes, con el propósito de garantizar la estabilidad, coherencia e institucionalidad de las organizaciones políticas. En virtud de esta disposición, quienes deseen ser candidatos por una organización distinta deberán haber renunciado a su afiliación con al menos noventa días de anticipación al cierre de inscripciones o contar con autorización expresa de la organización a la que pertenecen, promoviendo así la transparencia y la lealtad política dentro del sistema democrático.

10/06/2026

Bajo la vigencia de la Constitución de 2008, el período iniciado con las elecciones generales de 2009 constituye el primer período constitucional para el cómputo de la reelección de las autoridades de elección popular. En consecuencia, los mandatos ejercidos con anterioridad no se consideran para este efecto, garantizando la aplicación del artículo 114 de la Constitución conforme a los principios de supremacía constitucional y seguridad jurídica.

29/05/2026

24/05/2026

La Contribución Especial de Mejoras (CEM) tiene como finalidad recuperar la inversión pública efectivamente realizada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en la ejecución de obras de utilidad pública o interés social, cuando estas hayan sido ejecutadas y recibidas a satisfacción conforme a las normas que regulan la contratación pública, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera y la reinversión en nuevas obras en beneficio colectivo. En consecuencia, su exigibilidad debe sujetarse estrictamente a las modalidades de gestión previstas en el artículo 275 del COOTAD y a los principios constitucionales de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica y justicia tributaria consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

15/05/2026

10/05/2026

Los valores que percibe el Registro de la Propiedad por sus servicios no constituyen tributos, sino aranceles registrales de naturaleza sui géneris, creados por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Por tanto, aunque los municipios ejercen potestad tributaria como administración tributaria seccional, el cobro de estos valores responde a un régimen legal especial y no al ejercicio de dicha potestad.