02/10/2025
Crisis Estructural, Impunidad Estatal y la Deuda de la Perspectiva de Género
El femicidio en Ecuador no es solo un indicador criminal, sino la manifestación más extrema y brutal de una crisis social y política profundamente arraigada en el país, marcada por la inacción histórica del Estado y una cultura machista que tolera la violencia.
Esta violencia letal afecta de manera desproporcionada a mujeres que ya se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad: aquellas que provienen de hogares violentos, que viven en la extrema pobreza, o que han sido víctimas de abuso y explotación desde temprana edad.
Estos factores de marginación social se entrelazan con la violencia de género, creando un ciclo de desprotección y riesgo de muerte.
La respuesta estatal ha sido históricamente deficiente. La falta de inversión en educación con enfoque de género, la ausencia de políticas públicas efectivas para erradicar la pobreza y la marginación, y la negativa a realizar un análisis profundo y proponer soluciones a corto, mediano y largo plazo, condena a la sociedad ecuatoriana a la naturalización de la violencia machista.
La Metástasis de la Violencia: Machismo, Crimen Organizado y Saña
El tejido social ecuatoriano, profundamente machista, instrumentaliza el cuerpo de las mujeres y niñas. En este contexto, las mujeres son vistas como una moneda de cambio o un medio para enviar mensajes violentos entre grupos criminales rivales.
Esta utilización de niñas, adolescentes y mujeres ha provocado un incremento de los femicidios, caracterizados por una saña y violencia extrema contra sus cuerpos. Este patrón de crueldad evidencia la misoginia implícita en la violencia, que busca no solo la muerte sino la deshumanización de la víctima, un rasgo distintivo del femicidio: quitar la vida solo por el hecho de ser mujer.
La Fundación Aldea, en acuerdo con la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, ha clasificado los casos de femicidio para reflejar la realidad del país:
· Femicidios en entornos íntimos, familiares o sexuales: Aquellos perpetrados por parejas, exparejas o conocidos, arraigados en la dinámica tradicional de la violencia de género.
· Femicidios en sistemas criminales: Casos vinculados a disputas de bandas delictivas y crimen organizado.
Esta distinción es crucial, pues los datos revelan una alarmante tendencia:
· Según el registro de la Fundación Aldea, entre el 1 de enero y el 15 de marzo se contabilizaron al menos 82 femicidios.
Aproximadamente 50 ocurrieron dentro del sistema criminal.
31 fueron en entornos íntimos, familiares o sexuales.
· La organización ha indicado que, en el período reciente de 2024, la cantidad de femicidios en el sistema criminal supera a los de los entornos íntimos.
Esto demuestra que la escalada de violencia generalizada en Ecuador tiene un marcado componente de género, elevando el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres dentro del conflicto armado y la criminalidad.
La Brecha de las Cifras y la Negligencia Institucional
La gravedad de la situación se subraya al contrastar las cifras de la sociedad civil con las oficiales. La Fiscalía General del Estado (FGE) registró, entre el 1 de enero y el 22 de agosto de 2023, 484 muertes de mujeres en contexto delictivo, de estas, solo 37 fueron clasificadas como femicidios por la FGE.
Esta significativa disparidad evidencia la problemática social que atraviesa Ecuador y sugiere una subtipificación de la violencia de género, restando la debida seriedad a la desprotección de niñas, mujeres y adolescentes.
En lugar de abordar las causas estructurales como la protección integral y la erradicación de la pobreza, la agenda política actual se ha centrado en reformas como la pretendida modificación al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia para bajar la edad de imputabilidad. Esta medida punitivista desvía la atención de la obligación del Estado de:
1. Crear entornos seguros para la infancia.
2. Proteger a este grupo vulnerable.
3. Terminar con las desigualdades estructurales que perpetúan la violencia.
La omisión y la priorización de una respuesta penal sobre una de prevención y protección integral convierten a la sociedad en cómplice de estos crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres, al permitir que la violencia machista siga siendo una política de facto en el país.
Fuentes de los Estudios y Datos:
· https://www.youtube.com/watch?v=NMyiNJOleEk
· https://www.fundacionaldea.org/mapas
· https://www.fiscalia.gob.ec/analitica-muertes-de-mujeres-en-contexto-delictivo/
