10/04/2024
La reciente sentencia 2006-18-EP/24 emitida por la Corte Constitucional del Ecuador ha suscitado un debate acalorado sobre el alcance de la justicia y la protección de los derechos fundamentales. En este contexto, resulta innegable que la Corte ha optado por una interpretación que genera desencanto y preocupación en diversos sectores de la sociedad.
En este fallo, la Corte, haciendo uso de su facultad de mérito, establece una regla general que dictamina que los procesos laborales contra el Estado en contratos ocasionales y nombramientos provisionales deberán ser tramitados en el contencioso administrativo, excepto en casos de graves vulneraciones. Este enfoque parece sugerir que la justicia constitucional es adecuada únicamente para casos sencillos de demostrar, como los relacionados con discapacidad o período de lactancia, mientras que deja de lado aquellos casos que implican graves violaciones de derechos, como la falta de notificación o la ausencia de concurso de méritos, así como la discriminación salarial bajo el principio de igual trabajo - igual remuneración, vulneraciones a la seguridad jurídica y otras del día a día.
Esta decisión, aunque busca establecer una distinción clara en materia de garantías, podría tener consecuencias adversas al desestimar acciones jurisdiccionales sin considerar la esencia de las pretensiones constitucionales y contenciosas, que son diferentes.
Al privilegiar el contencioso administrativo en ciertos casos, la Corte corre el riesgo de alejarse del precedente constitucional que ella misma ha establecido, así como de desnaturalizar la acción judicial, dejando a ciertos sectores de la población extraordinariamente desprotegidos.
La sentencia en cuestión genera inquietud en cuanto a la efectividad de la protección de los derechos fundamentales y la garantía de acceso a una justicia imparcial y equitativa. En lugar de fortalecer la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, esta decisión podría socavar la confianza en el sistema judicial y en las instituciones encargadas de salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
La sentencia 2006-18-EP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador plantea serias interrogantes sobre el compromiso del poder judicial con la defensa de los derechos fundamentales. Las altas cortes deben revisar detenidamente sus decisiones y asegurar que estas estén alineadas con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos, para garantizar una justicia verdaderamente inclusiva y equitativa para todos los ciudadanos.
