02/02/2026
La insistencia en incorporar en Costa Rica una “extinción de dominio” como figura novedosa parte de una lectura incompleta —o interesada— del ordenamiento vigente. Desde hace años, el sistema penal costarricense dispone de herramientas para neutralizar patrimonios injustificados mediante el tratamiento de capitales emergentes, especialmente en el contexto de investigaciones por legitimación de capitales. En la práctica, el Estado ya puede perseguir bienes cuya procedencia lícita no se acredita de forma razonable, activar mecanismos de inmovilización, control judicial y eventual comiso, sin necesidad de crear un régimen paralelo que, por su sola etiqueta, sugiere una supuesta “mano dura” inexistente.
En términos de finalidad, capitales emergentes cumple lo que se promete con la extinción de dominio: atacar el provecho económico del delito, impedir el disfrute de bienes injustificados y recuperar activos para el interés público. La diferencia esencial no está en el contenido, sino en la nomenclatura y en la estrategia política de mercadeo normativo. Pretender lo contrario equivale a presentar como carencia del sistema lo que ya existe, y a vender como innovación un reempaque legislativo que puede abrir tensiones constitucionales serias: duplicidad de procedimientos, confusión de estándares probatorios, riesgo de afectación al debido proceso y erosión de garantías que deben mantenerse incluso frente al crimen organizado.
Por eso, impulsar un proyecto de “extinción de dominio” con el discurso de que “Costa Rica no tiene herramientas” resulta inconveniente y, peor aún, engañoso para la ciudadanía. Es una forma de populismo político-legislativo: se construye una narrativa de salvación jurídica para captar adhesión inmediata, mientras se omite deliberadamente que el ordenamiento ya permite perseguir patrimonios injustificados con control judicial. Si se quiere mejorar la respuesta estatal, el debate serio no es inventar nombres, sino fortalecer capacidades técnicas (trazabilidad financiera, pericias contables integrales, coordinación interinstitucional) y aplicar con rigor las figuras existentes, en lugar de prometer “nuevas leyes” para efectos publicitarios.
