Corporación Justicia y Dignidad, Calle 9 número 24-19, Santiago de Cali (2026)

21/05/2026

Elecciones en manos de exconvictos

Dicen que en Colombia lo increíble dura poco porque enseguida se vuelve costumbre. Y aquí estamos otra vez: confiando las elecciones de la república a una estructura privada rodeada de viejos fantasmas judiciales, mientras el país discute memes, bailes y coreografías.
Los hermanos Bautista Palacio, mencionados en expedientes judiciales de Estados Unidos por fraudes bancarios en los años ochenta, aparecen históricamente vinculados al grupo controlador de Thomas Greg & Sons, empresa que ha hecho de la contratación estatal una larga especialidad. Y adivinen a quién terminan contratando para contar los voticos de la democracia.
En cristiano: quienes fueron relacionados con estafas a bancos gringos —no cualquier banco, bancos gringos— aparecen hoy orbitando el negocio de contar votos en Colombia. Es como poner a un ratón a cuidar el queso y luego pedirle certificado de transparencia.
Terminamos otra vez dependiendo de firmas privadas para asuntos que deberían ser sagrados: los votos de los ciudadanos.
El registrador Hernán Penagos dice que no hace falta tanta alarma, que todo está bajo control, que no se necesita auditoría forense del software electoral con todas las de la ley. Traducido al castellano: “confíen”. En Colombia siempre piden confianza quienes administran lo que no muestran.
¿Y qué es el famoso código fuente? En cristiano: la receta del programa. Las líneas de instrucciones que le dicen al sistema cómo sumar, cómo transmitir, cómo ordenar, cómo reportar resultados y cómo reaccionar ante errores. Lo que uno ve en pantalla es la vitrina. El código fuente es la cocina.
Si la cocina permanece cerrada, el ciudadano solo puede oler desde afuera y esperar que no lo envenenen.
Nadie serio pide subirlo a internet como folleto parroquial. Lo que se exige es una auditoría forense real: expertos independientes, revisión profunda, trazabilidad de cambios, pruebas técnicas, cadena de custodia digital. Lo mínimo cuando se trata del voto popular.
Y se han escuchado rumores de reuniones del equipo de Abelardo de la Espriella, promesas de contratos de pasaportes y conversaciones sobre “torcer” software electoral. Rumores, precisamente, que en una democracia sana deberían disiparse con una sola medicina: auditorías serias, públicas y verificables.
Por eso hacen falta controles reales. Y por eso resulta grave que se minimice el debate. El propio Consejo de Estado ya advirtió en decisiones pasadas la necesidad de mayores garantías y trazabilidad sobre los sistemas electorales.
Pero aquí preferimos la liturgia tropical: ruedas de prensa, comunicados tranquilizadores y funcionarios ofendidos porque alguien osa pedir transparencia.
Mientras tanto, la campaña avanza y lo visible no parece precisamente una marea conservadora. Iván Cepeda llena plazas. Aída Quilcué convoca multitudes. Del otro lado, unos amenazan con sacar hasta la última piedra en nombre del extractivismo y otros hacen el ridículo bailando como si la presidencia fuera concurso de talentos.
De modo que la preocupación no es paranoica. Si las encuestas fallan, si las plazas hablan distinto, si el entusiasmo popular se mueve hacia el progresismo, más vale que las elecciones no queden convertidas en una caja negra administrada por contratistas intocables.
Porque en este país, cuando todo depende de confiar, conviene desconfiar.
Y si desde la autoridad se dice que en ningún país del mundo se revisa o verifica el código fuente, no solo se exagera: se desinforma. En muchas democracias existen mecanismos de auditoría técnica, acceso controlado o supervisión independiente.
Si la cocina no se deja revisar, el problema no es la curiosidad del comensal. El problema es lo que estén preparando adentro.
Solo Diosito, y dos millones de testigos electorales, impedirán que le roben el triunfo al voto ciudadano.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

04/05/2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, vinculado al narcotráfico a través de Noboa Trading

En Ecuador, el narcotráfico ya no es un rumor de puertos lejanos ni un eco de las guerras de carteles en México o Colombia. Tiene nombre y apellido. Se llama Noboa Trading S.A., la empresa del presidente Daniel Noboa, y sus contenedores de banano han terminado convertidos en vehículos de co***na hacia Europa y Estados Unidos.

Entre 2020 y 2022, la policía ecuatoriana incautó cerca de 700 kilos de co***na escondidos en los cargamentos de esta firma. No se trató de un episodio aislado: en años recientes, al menos otros 400 kilos de droga han sido interceptados bajo la misma marca exportadora. Los registros judiciales y los reportajes de investigación coinciden en un punto: el apellido que hoy ocupa la presidencia también aparece en las bodegas de los buques que transportan co***na a gran escala.

Noboa y su familia poseen más de la mitad de las acciones de la compañía. El presidente no ha asumido responsabilidades. Por el contrario, se ha refugiado en una estrategia conocida en toda América Latina: el argumento de la “contaminación” de contenedores, como si el narcotráfico actuara en soledad, sin cómplices, sin redes, sin protección política.

Pero los números cuentan otra historia. La droga salió de los mismos puertos, de las mismas cadenas logísticas, bajo las mismas razones sociales. El patrón es demasiado nítido para explicarse solo como coincidencia. La empresa ha seguido operando, blindada por el poder presidencial y la indiferencia del norte global.

Y aquí la contradicción se vuelve obscena: a estas empresas jamás se les llama cartel. No se les persigue, no se les descertifica. Nadie coloca a Noboa Trading en las listas negras del Departamento de Estado. Nadie amenaza con sanciones económicas ni exige cabezas políticas. La etiqueta de “narcotráfico” se reserva, cuidadosamente, para gobiernos incómodos, sobre todo los de izquierda. La “guerra contra las drogas” se convierte, entonces, en un instrumento para castigar a quienes desafían la hegemonía, no a quienes inundan de co***na las calles de Estados Unidos y Europa.

La paradoja es brutal: mientras Washington predica la lucha contra el crimen organizado y presiona a países como México, Colombia o Venezuela, calla cuando la droga viaja en barcos que llevan el apellido de un presidente aliado. Ecuador, desde sus muelles, alimenta el mercado global de co***na con la venia del poder político.

El mensaje es claro. El cartel no siempre se esconde en la selva, ni se camufla en caravanas clandestinas. A veces está en los directorios de empresas respetables, en sociedades registradas en Panamá, en presidentes que sonríen en las cumbres internacionales. En Ecuador, el cartel está en el norte.

Por Justicia & Dignidad / Periodismo independiente e investigativo

https://justiciaydignidad.org/2025/09/20/el-presidente-de-ecuador-daniel-noboa-vinculado-al-narcotrafico-a-traves-de-noboa-trading/

29/04/2026

7.837 falsos positivos y 26.000 NN: los cementerios donde Colombia todavía no termina de contar a sus mu***os

La cifra llegó como llegan las verdades en Colombia: tarde, corregida y todavía incompleta. La Jurisdicción Especial para la Paz elevó a 7.837 las víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Son hombres, jóvenes en su mayoría, arrancados de barrios pobres, veredas olvidadas y terminales de transporte para ser convertidos en estadísticas de guerra. Los vistieron con camuflado, les pusieron armas ajenas, los fotografiaron como enemigos derrotados y los enterraron con nombres falsos o sin nombre. Durante años, la patria los contó como victorias.

Pero 7.837 no es una cifra cerrada. Es la cifra de lo que ha logrado reconstruir la justicia con expedientes fragmentados, archivos incompletos, silencios institucionales y miedo persistente. Es el número de los que alcanzaron a aparecer entre papeles, testimonios y fosas abiertas. No es el universo total. En Colombia, los mu***os tardan décadas en entrar a las estadísticas.

Por eso otra cifra duele como una puerta entreabierta: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas informó que existen alrededor de 26.000 cuerpos no identificados en cementerios y entidades estatales, distribuidos en centenares de camposantos del país.

Muchos de ellos reposan en bolsas, osarios, gavetas improvisadas o tumbas marcadas apenas con NN. No todos corresponden a falsos positivos, sería irresponsable afirmarlo. Pero entre ellos pueden estar cientos o miles de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate que jamás entraron a ningún proceso judicial. La diferencia entre una cifra y otra no es matemática: es la distancia entre lo documentado y lo oculto.

La modalidad se repitió con una precisión industrial. Reclutadores ofrecían trabajo en otra ciudad: finca, construcción, seguridad privada. El muchacho salía con una muda de ropa y la promesa de volver con dinero. En el camino lo entregaban. Horas o días después aparecía mu**to a cientos de kilómetros, reportado como guerrillero dado de baja en combate. A veces había botas nuevas sin uso. A veces el fusil no tenía huellas. A veces el supuesto combate no dejó un solo rastro en la maleza. A veces la familia lo buscaba mientras el Estado ya lo había felicitado mu**to.

Hubo también habitantes de calle, campesinos, personas con discapacidad, migrantes internos, jóvenes con problemas de adicción. El criterio no era ideológico: era la vulnerabilidad. Se necesitaban cuerpos para mostrar resultados. Donde la guerra pedía inteligencia, algunos respondieron con carnicería administrativa.

Las madres de Soacha lo entendieron antes que el país. Buscaron a sus hijos desaparecidos y los encontraron enterrados en Ocaña como insurgentes mu***os. Desde entonces Colombia supo que había una maquinaria.

Hoy la cifra de 7.837 es una estación, no una meta. Falta abrir archivos militares, cruzar bases de datos, exhumar cementerios, identificar NN, escuchar a quienes callan y proteger a quienes hablan. Cada cuerpo identificado desordena una mentira oficial. Cada nombre recuperado le quita una medalla al olvido.

En Colombia no solo desaparecieron personas. También desaparecieron dentro de informes de operaciones exitosas. Y todavía hay cementerios esperando hablar.

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29/04/2026

Geografía del miedo: así transcurre este 28 de abril en el Cauca

El 28 de abril amanece en Cauca como si alguien hubiera borrado los nombres de los pueblos y los hubiera reemplazado por alertas. No es Irán. No es la guerra de Vietnam. Es el Cauca, donde la noticia suele llegar primero como rumor, luego como humo y al final como parte diario del miedo.
En Popayán la mañana abre con un cuerpo envuelto en una sábana en la salida norte, sector Parque Industrial de Popayán. Una sábana blanca sobre el asfalto y alrededor la ciudad intentando fingir normalidad.
Pero en medio del miedo también camina la dignidad. En Popayán, Pescador, Mondomo y Santander de Quilichao, pueblos indígenas, organizaciones sociales y comunidades marchan por la vida. Allí está Aída Quilcué recordando que pedir paz en esta tierra sigue siendo un acto valiente.
En otro punto de la ciudad, Paloma Valencia ofrece rueda de prensa en la Terminal de Transportes de Popayán para hablar de seguridad. Afuera, la gente hace cuentas de rutas cerradas, familiares demorados y llamadas sin responder.
Horas después, la carretera comienza a hablar con fuego. En La Agustina, sobre la Vía Panamericana, reportan la explosión e incendio de un camión. En El Cofre, cerca del antiguo Parador La Fresa, circulan versiones sobre la quema de la estación Texaco. En Rosas se informa de enfrentamientos armados. Más al sur, en el sector del río Mayo, entre Cauca y Nariño, alertan sobre explosivos en el puente. Los puentes, que nacieron para unir, también aprenden aquí a ser blanco de guerra.
Y cuando parece suficiente, reportan otro vehículo incinerado: un recolector de basura de la empresa Urbaser en la vía hacia La Yunga, zona rural de Popayán. Sería el segundo vehículo quemado en menos de un mes en el mismo sector. Hasta la basura, en esta tierra, viaja escoltada por el miedo.
Mientras tanto, los señores de la guerra —ese brazo armado que durante décadas sirve a intereses del narcotráfico y de la extrema violencia colombiana— difunden un comunicado atribuido a las llamadas FARC-EP. En él reconocen “errores” y “dolor” por la muerte de civiles en El Túnel de Cajibío, hablan de “efectos colaterales”, ofrecen condolencias y tratan de vestir la tragedia con retórica política. La vieja fórmula: matar primero, redactar después.
Dicen que fue un error táctico. Pero siguen cometiendo errores desde hace décadas: error secuestrar, error sembrar minas, error reclutar menores, error dinamitar carreteras, error asesinar líderes, error desplazar comunidades, error convertir al campesino en escudo humano. En Colombia los violentos llaman error a aquello que repiten demasiado.
Ese mismo día también se reporta la captura de un señalado cabecilla conocido como alias “Mi Pez”, vinculado por autoridades a ataques recientes en el suroccidente. La guerra, como siempre, produce comunicados de un lado y capturas del otro, mientras en la mitad queda la gente.
Cuando cae la tarde llegan mensajes de alarma: posibles atentados nocturnos, presencia de hombres armados en la Vía Panamericana, recomendación de no salir de casa. Luego otro aviso: una persona que viene de Timbío asegura haber visto presencia guerrillera a solo diez minutos de Popayán. Diez minutos: menos de lo que tarda enfriarse un café.
También suspenden obras de la doble calzada. En el Cauca hasta el progreso aprende a detenerse cuando pasa la guerra.
Y mientras anochece, el Cauca vuelve a hacer lo que lleva décadas haciendo: resistir con miedo, esperar con rabia y soñar con una paz que siempre prometen lejos, pero que aquí siguen necesitando urgente.

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28/04/2026

Popayán huele a miedo, pero pide paz

Desde el atentado en el sector El Túnel, donde murieron veinte personas, Popayán volvió a caminar con los nervios afuera. Un carro mal parqueado ya no es solo un carro: puede ser una bomba en la imaginación de cualquiera. Una bolsa abandonada vacía una cuadra. Un estruendo hace correr miradas. La ciudad vive en zozobra.

El miedo ya tiene direcciones concretas. El Centro Comercial Campanario, uno de los lugares más concurridos de la ciudad, ha sido objeto de alertas y rumores de amenaza. El Batallón José Hilario López, que quedó rodeado por el crecimiento urbano y hoy está prácticamente dentro de la ciudad, fue escenario de la neutralización de drones explosivos. Muy cerca de allí funciona también el comando de la Policía Metropolitana, igualmente bajo medidas de máxima alerta. En el centro fueron evacuados de manera preventiva el Edificio Negret y las oficinas de la Lotería del Cauca, mientras se verificaban riesgos. En varios sectores se restringió el parqueo y aumentaron los controles.

Primero llegaron los panfletos. Después las amenazas. Luego las muertes selectivas. Ahora el terror difuso: ese que no siempre explota, pero paraliza. El que viaja por cadenas de WhatsApp, por rumores, por un paquete olvidado, por una motocicleta detenida demasiado tiempo. Es un miedo más confuso y más agudo que el de otras épocas.

Las víctimas del Túnel ya tienen nombre: Nereida Mosquera Angulo, José Edinson Sánchez Farfán, Nidia Mosquera Angulo, Patricia Mosquera, Carmen Lazo de Dorado, María Libia Flor Sánchez, Francisco Javier Olave Balcázar, Andrea Golondrino Yonda, Daniela Valencia Holguín, Liliana María Valenzuela Valencia, María Etelvina Valencia, Luz Dary Valencia Solarte, José Ciro Puliche, Teodomira Salazar Navia, María Clemencia Valencia Valencia, Alirio Medina Medina, Jarol Jair Bojorge Escobar, Gloria Patricia Riascos Chantre, Florinda Camayo Méndez y Virgelina Valencia Valencia.

No eran cifras. Eran vidas.

Mientras la ciudad entierra a sus mu***os, otros convierten el miedo en campaña. Apenas estalla el terror, aparecen los vendedores de guerra ofreciendo más plomo como solución. Pero el Cauca ya conoce ese libreto.

Conviene escuchar a la calle y no a los micrófonos del odio. Popayán no está pidiendo guerra. Popayán pide paz. El Cauca pide paz. La guerra no se calma con más guerra: se calma con justicia, oportunidades y respeto por la vida.

Popayán no quiere miedo. Popayán quiere paz.

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27/04/2026

La encuesta marca ventaja, pero las urnas hay que cuidarlas

Las plazas tienen memoria. Saben distinguir entre un mitin armado con buses alquilados y una multitud que llega por convicción. En estos días, mientras la campaña presidencial entra en calor, las imágenes se repiten de ciudad en ciudad: Iván Cepeda convocando concentraciones numerosas, Aída Quilcué despertando un entusiasmo popular que ningún otro nombre a la vicepresidencia ha logrado encender. Donde ella aparece, la gente llega. Donde habla, la calle responde. Ninguno de los otros candidatos a la Vicepresidencia llena plazas. Aída sí.
No es un dato menor. En Colombia, donde durante años se creyó que la política debía hablar desde los clubes y no desde los barrios, ver movilización popular es ver también una disputa por el relato del país. La encuesta Invamer conocida esta semana muestra a Cepeda liderando con 44,3%, seguido por Abelardo de la Espriella con 21,5% y Paloma Valencia con 19,8%. Son números que indican ventaja clara, pero no victoria consumada. Para ganar en primera vuelta se necesita superar el 50% de los votos válidos. Traducido a cifras reales: entre 11 y 12 millones de votos, dependiendo de la participación.
Es decir: hoy las encuestas sonríen, pero no alcanzan.
Y aquí empieza la otra historia, la que no sale en los jingles. Las elecciones colombianas siguen dependiendo de sistemas tecnológicos tercerizados, contratos opacos y una confianza pública siempre exigida, pocas veces merecida. El ciudadano pone el voto; otros ponen la cocina donde se cuenta. Thomas Greg & Sons, histórica contratista del Estado, vuelve a orbitar el proceso electoral entre viejas controversias. Mientras tanto, desde la Registraduría se pide calma, como si en este país la calma institucional no hubiera precedido tantos escándalos.
Cuando la calle se mueve hacia un lado y las élites tiemblan, conviene vigilar la caja negra.
Por eso no basta con celebrar encuestas favorables ni plazas rebosadas. Hace falta voto masivo. Hace falta desbordar las urnas con participación. Hace falta una red inmensa de testigos electorales que cuide cada mesa, cada formulario, cada transmisión de datos. Porque si algo enseña la historia nacional es que la trampa suele vestirse de procedimiento.
Cepeda y Aída llenan plazas. Ahora toca llenar las urnas.

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26/04/2026

Terror con fines electorales

El país amaneció entre explosiones y humo. En El Tambo, Cauca, atacaron con drones el radar de Santana. En Mercaderes, una carga explosiva golpeó la vía Panamericana y alcanzó vehículos de transporte público. En Miranda y Corinto hubo hostigamientos. Y en Cajibío, sector El Túnel, una bomba abrió la carretera entre Popayán y Cali, destrozó vehículos y dejó entre 13 y 14 mu***os, además de decenas de heridos.
Las víctimas, como siempre, fueron los de abajo: el pasajero del bus intermunicipal, el campesino que iba en la chiva, el conductor que madrugó a trabajar, la familia que viajaba por necesidad. Nunca cae la élite en la carretera dinamitada. Nunca viajan allí los poderosos. El terror en Colombia casi siempre escoge al pueblo.
Mientras el país contaba mu***os y heridos, apareció la política. Álvaro Uribe Vélez salió a trinar sobre los atentados, hablando de criminales y reclamando mano dura. Apenas huele pólvora, revive. El miedo ajeno parece ser su combustible más fiel.
Y como si faltara algo, Paloma Valencia anunció que en un eventual gobierno suyo nombraría a Uribe ministro de Defensa. Admirable sinceridad: ni siquiera disimulan el proyecto. Ofrecen el regreso del mismo libreto que convirtió la seguridad en negocio electoral y la guerra en herramienta de poder.
Los victimarios aparecen con siglas armadas y fusiles, pero los beneficiarios suelen salir en televisión, dar entrevistas y pedir votos. Se siembra miedo en carreteras y pueblos para luego vender seguridad en campaña. Unos ponen las bombas; otros ponen los micrófonos.
Y no se diga de Abelardo de la Espriella, ansioso por posar de caudillo tropical, copiando a Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele o Benjamin Netanyahu. Ya conocemos ese catálogo: odio, hambre social, violencia y culto al hombre fuerte.
Y digámoslo sin eufemismos: si cada bomba les suma votos, si cada masacre les mejora las encuestas, si cada jornada de terror fortalece su discurso, entonces no solo son beneficiarios de la violencia. Son sus responsables políticos.

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25/04/2026

Día de terror en el Cauca

El 25 de abril de 2026 el Cauca volvió a medir el tiempo no por el reloj, sino por las detonaciones. Desde la madrugada hasta la tarde, distintos puntos del departamento quedaron marcados por explosivos, hostigamientos, cierres viales y miedo. La gente común —la que madruga a vender, viajar o trabajar— terminó otra vez atrapada en una guerra que nunca pidió.
A las 6:30 de la mañana llegó el primer golpe. En el cerro Santana, jurisdicción de El Tambo, el sistema radar fue atacado con drones cargados con explosivos. La estación quedó fuera de servicio temporalmente. Golpear un radar no es solo dañar una estructura: es enviar el mensaje de que también pueden tocar lo estratégico, lo que se supone protegido, lo que vigila desde arriba.
Mientras el departamento apenas despertaba, en Mercaderes, al sur del Cauca, varios vehículos de transporte público quedaron en medio de una explosión sobre la vía Panamericana. Un bus intermunicipal y una chiva resultaron alcanzados. Hubo heridos, pasajeros aturdidos, personas corriendo entre humo y esquirlas. En estas guerras, los civiles siempre terminan viajando en primera fila.
Durante la mañana llegaron reportes de hostigamientos en Miranda y Corinto. Las ráfagas no solo espantan: también bajan puertas metálicas, vacían calles, suspenden clases, obligan a las familias a encerrarse antes de tiempo. En el Cauca, cuando suenan disparos, también se detiene la rutina.
Hacia el mediodía la tensión se trasladó a Cajibío, en el sector de El Túnel sobre la vía Panamericana entre Cali y Popayán. Hombres armados detuvieron el tráfico, atravesaron vehículos y sembraron zozobra en la principal arteria del suroccidente colombiano. Conductores quedaron inmovilizados sin saber si avanzar, devolverse o esperar lo peor.
Horas después llegó lo peor. Una carga explosiva detonó en ese mismo corredor vial. El estallido alcanzó vehículos que cruzaban la zona, dejó mu***os, numerosos heridos y la carretera convertida en un escenario de guerra. Vidrios rotos, láminas retorcidas, llamadas desesperadas, ambulancias abriéndose paso entre el caos.
La Panamericana no solo conecta ciudades. Conecta hospitales, cosechas, mercados, citas médicas, trabajos y familias. Cuando la revientan, revientan mucho más que asfalto.
Las disidencias de las Farc, hoy degradadas en estructuras criminales sin proyecto político visible, han hecho del terror una forma de control territorial. Pero cada atentado produce además otra rentabilidad: la electoral, la que se alimenta del miedo. Apenas estalla una bomba, aparecen figuras como Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella y los alfiles del uribismo prometiendo orden en discursos reciclados, como si la tragedia fuera tarima.
En esa ecuación perversa, unos ponen los explosivos y otros recogen los votos.
El Cauca cerró la jornada entre humo, retenes, hospitales en alerta y comunidades paralizadas. Otra vez la población civil quedó en medio. Otra vez el terror tuvo horario. Otra vez la pregunta quedó flotando entre sirenas: ¿quién protege realmente a la gente común?

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24/04/2026

Cuando dejaron crecer al monstruo

Crónica con fechas sobre lo que el mundo dejó pasar y lo que costó después
Europa venía cansada. La Primera Guerra Mundial había dejado cementerios llenos, ciudades rotas y madres vestidas de negro. Los hombres que gobernaban en los años treinta hablaban de paz con la voz temblorosa de quien ya vio demasiados mu***os. Por eso, cuando el peligro apareció con botas, brazalete y discurso encendido, muchos prefirieron no mirarlo de frente.
El 30 de enero de 1933, Adolf Hi**er fue nombrado canciller de Alemania. No entró disparando. Entró por la puerta legal. Lo acompañaban industriales temerosos del comunismo, políticos conservadores que creyeron poder usarlo y ciudadanos heridos por la inflación y el desempleo. Pensaron que lo controlarían. Fue al revés.

El 27 de febrero de 1933 ardió el Reichstag. El incendio sirvió de excusa para suspender libertades, perseguir opositores y encarcelar disidentes. El mundo observó con diplomacia fría. Se dijo que eran asuntos internos. Esa frase, tantas veces repetida, suele preceder a las tragedias.

En 1934, durante la Noche de los Cuchillos Largos, Hi**er eliminó rivales dentro de su propio movimiento. Ya no quedaban dudas sobre el método: miedo por dentro, propaganda por fuera. Sin embargo, varios gobiernos siguieron enviando embajadores, cerrando negocios y posando para fotografías oficiales.

En 1935 llegaron las Leyes de Núremberg. Los judíos perdieron ciudadanía, derechos civiles y dignidad pública. Se les convirtió en extranjeros dentro de su propia patria. Hubo condenas tibias, editoriales indignados, discursos elegantes. Pero no sanciones reales, no aislamiento efectivo, no ruptura seria. El odio, cuando no encuentra freno, aprende a caminar.

El 7 de marzo de 1936, tropas alemanas entraron en la Renania, zona prohibida por tratados internacionales. Los generales alemanes llevaban órdenes secretas: si Francia respondía, debían retirarse. Francia no se movió. Reino Unido pidió calma. Hi**er entendió la lección: el riesgo rendía frutos.

El 12 de marzo de 1938 ocurrió el Anschluss. Austria fue absorbida entre desfiles, amenazas y plebiscitos vigilados. Europa habló de autodeterminación. Detrás de las cámaras empezaron humillaciones, saqueos y listas negras.

En septiembre de 1938, en la Conferencia de Múnich, las potencias cedieron los Sudetes de Checoslovaquia a Hi**er sin invitar a los checos a decidir sobre su propio territorio. El papel firmado fue vendido como triunfo de la paz. Era apenas la prórroga de la guerra.

El 9 y 10 de noviembre de 1938 llegó la Kristallnacht. Sinagogas incendiadas, vitrinas rotas, comercios destruidos, miles de judíos arrestados. El mundo ya no podía alegar ignorancia. Sabía. Pero siguió calculando.

El 15 de marzo de 1939, Hi**er ocupó el resto de Checoslovaquia. Ya no se trataba de revisar fronteras: era expansión desnuda. Aun así, la reacción llegó tarde.

El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Dos días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra. Lo que no quisieron detener pequeño, tuvieron que enfrentarlo gigantesco.

Las consecuencias se escribieron con números que no caben en la conciencia: decenas de millones de mu***os, ciudades arrasadas, campos de exterminio como Auschwitz, desplazamientos masivos y una generación marcada por ruinas visibles e invisibles.

La historia enseña poco a quien no quiere escucharla. El nazismo no cayó del cielo como tormenta súbita. Lo dejaron crecer entre excusas, negocios, miedo y cálculos. Primero se toleró la mentira. Luego la humillación. Después la violencia. Al final hubo que enfrentar un incendio que pudo apagarse cuando apenas era chispa.

Y hoy, en 2026, los monstruos envejecen, enferman, tropiezan con su propia sombra y aun así siguen mandando. Uno, extraviado entre lapsus y códigos nucleares. Otro, cercado por la enfermedad y orden de captura de la CPI por el genocidio en vivo. Ni la decadencia del cuerpo ni el desgaste de la mente parecen frenar a quienes hicieron del dolor ajeno una estrategia.

Mientras tanto seguimos mirando pantallas. Gaza es arrasada, el sur de Líbano vuelve a sangrar y nuevas guerras amenazan con tragarse más fronteras. Todo ocurre a plena luz, frente a gobiernos que condenan con palabras y comercian con hechos.

Los monstruos modernos no usan siempre uniforme. A veces hablan de seguridad, de defensa, de daños colaterales. Cambian de traje, no de método.

¿Hasta cuándo los dejaremos operar? Hasta que entendamos que la barbarie no se detiene sola. Porque cuando una casa arde y nadie lleva agua, el humo siempre encuentra otra ventana.

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23/04/2026

Elecciones en manos de exconvictos

Dicen que en Colombia lo increíble dura poco porque enseguida se vuelve costumbre. Y aquí estamos otra vez: confiando las elecciones de la república a una estructura privada rodeada de viejos fantasmas judiciales, mientras el país discute memes, bailes y coreografías.
Los hermanos Bautista Palacio, mencionados en expedientes judiciales de Estados Unidos por fraudes bancarios en los años ochenta, aparecen históricamente vinculados al grupo controlador de Thomas Greg & Sons, empresa que ha hecho de la contratación estatal una larga especialidad. Y adivinen a quién terminan contratando para contar los voticos de la democracia.
En cristiano: quienes fueron relacionados con estafas a bancos gringos —no cualquier banco, bancos gringos— aparecen hoy orbitando el negocio de contar votos en Colombia. Es como poner a un ratón a cuidar el queso y luego pedirle certificado de transparencia.
Terminamos otra vez dependiendo de firmas privadas para asuntos que deberían ser sagrados: los votos de los ciudadanos.
El registrador Hernán Penagos dice que no hace falta tanta alarma, que todo está bajo control, que no se necesita auditoría forense del software electoral con todas las de la ley. Traducido al castellano: “confíen”. En Colombia siempre piden confianza quienes administran lo que no muestran.
¿Y qué es el famoso código fuente? En cristiano: la receta del programa. Las líneas de instrucciones que le dicen al sistema cómo sumar, cómo transmitir, cómo ordenar, cómo reportar resultados y cómo reaccionar ante errores. Lo que uno ve en pantalla es la vitrina. El código fuente es la cocina.
Si la cocina permanece cerrada, el ciudadano solo puede oler desde afuera y esperar que no lo envenenen.
Nadie serio pide subirlo a internet como folleto parroquial. Lo que se exige es una auditoría forense real: expertos independientes, revisión profunda, trazabilidad de cambios, pruebas técnicas, cadena de custodia digital. Lo mínimo cuando se trata del voto popular.
Y se han escuchado rumores de reuniones del equipo de Abelardo de la Espriella, promesas de contratos de pasaportes y conversaciones sobre “torcer” software electoral. Rumores, precisamente, que en una democracia sana deberían disiparse con una sola medicina: auditorías serias, públicas y verificables.
Por eso hacen falta controles reales. Y por eso resulta grave que se minimice el debate. El propio Consejo de Estado ya advirtió en decisiones pasadas la necesidad de mayores garantías y trazabilidad sobre los sistemas electorales.
Pero aquí preferimos la liturgia tropical: ruedas de prensa, comunicados tranquilizadores y funcionarios ofendidos porque alguien osa pedir transparencia.
Mientras tanto, la campaña avanza y lo visible no parece precisamente una marea conservadora. Iván Cepeda llena plazas. Aída Quilcué convoca multitudes. Del otro lado, unos amenazan con sacar hasta la última piedra en nombre del extractivismo y otros hacen el ridículo bailando como si la presidencia fuera concurso de talentos.
De modo que la preocupación no es paranoica. Si las encuestas fallan, si las plazas hablan distinto, si el entusiasmo popular se mueve hacia el progresismo, más vale que las elecciones no queden convertidas en una caja negra administrada por contratistas intocables.
Porque en este país, cuando todo depende de confiar, conviene desconfiar.
Y si desde la autoridad se dice que en ningún país del mundo se revisa o verifica el código fuente, no solo se exagera: se desinforma. En muchas democracias existen mecanismos de auditoría técnica, acceso controlado o supervisión independiente.
Si la cocina no se deja revisar, el problema no es la curiosidad del comensal. El problema es lo que estén preparando adentro.
Solo Diosito, y dos millones de testigos electorales, impedirán que le roben el triunfo al voto ciudadano.

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