11/04/2026
El subintendente Edward Murillo Mosquera interpuso una tutela contra Iván Elías Cardona Orjuela y la Veeduría de Movilidad de Pereira, alegando que la grabación y difusión en redes de un procedimiento policial afectó su honra, su buen nombre, su dignidad y su seguridad personal. Según su versión, los videos descontextualizaron lo ocurrido, provocaron comentarios hostiles y expusieron indebidamente su imagen, por lo que pidió eliminar el contenido de Facebook, TikTok, Instagram y otras plataformas, ordenar rectificación, disculpas públicas y reconocer la legalidad de su actuación.La respuesta de Iván Cardona fue directa, firme y de fondo. Explicó que la transmisión fue en vivo, sin montajes, sin edición y sin manipulación, y que lo que vio la ciudadanía fue exactamente lo que ocurrió en ese momento. Sostuvo además que documentar procedimientos de la autoridad en espacio público hace parte del control ciudadano y del derecho constitucional a informar. También recordó que la incomodidad de un servidor público frente al escrutinio no equivale a una violación de derechos fundamentales y que, por el contrario, quienes ejercen funciones públicas están sometidos a un mayor nivel de vigilancia por parte de la ciudadanía. Incluso puso sobre la mesa un punto delicado: un registro en la PDA no equivale, por sí solo, a una orden judicial formal. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira negó la tutela. La decisión no solo rechazó las pretensiones del uniformado, sino que dejó un mensaje importante: grabar, cuestionar y difundir actuaciones oficiales no puede convertirse automáticamente en censura. El fallo reconoce que este tipo de discusiones se mueven en el terreno de la libertad de expresión, el derecho a informar y la vigilancia ciudadana sobre el poder público. Ahora el policía impugnó la sentencia y el caso será resuelto en segunda instancia. Todo indica que ese fallo debería confirmarse, porque en una democracia no se puede coartar la libertad de expresión ni permitir que los servidores públicos actúen de manera clandestina, lejos de la mirada de la gente. Cuando la ciudadanía observa, registra y denuncia, no debilita las instituciones: les exige transparencia.
