R & L Abogados Asociados

25/10/2026

🧑🏻‍⚖️ Civil 🧑🏻‍⚖️: Quien alega no haber recibido la notificación electrónica debe probarlo en el trámite de nulidad: su juramento no basta.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia STC20068-2026, ha abordado el problema jurídico relacionado con la carga de la prueba en la nulidad por indebida notificación personal por medios electrónicos, así como con los límites de la tutela frente a la valoración probatoria del juez ordinario.

🎙️ Síntesis de los hechos

En un proceso verbal de simulación, la parte demandante acreditó el envío del auto admisorio como mensaje de datos al correo electrónico del demandado. Este solicitó la nulidad por indebida notificación, con fundamento en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso, y manifestó bajo juramento que nunca recibió el mensaje. El juzgado negó la nulidad y el tribunal superior confirmó, al considerar que, probado el envío, le correspondía al demandado desvirtuar la presunción. Inconforme, el demandado acudió a la tutela, alegando que se tomó la simple constancia de envío como prueba suficiente de una notificación cuya efectividad estaba controvertida, sin prueba objetiva de recepción o acceso.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ El envío del mensaje de datos genera una presunción legal

Al demandante le corresponde acreditar el envío al canal idóneo. Con ello la notificación se entiende surtida dos días hábiles después. No debe probar la recepción ni el acceso, y el acuse de recibo es facultativo.

2️⃣ El enteramiento y el inicio del término son momentos distintos

Una cosa es cuándo se entiende realizada la notificación y otra el hito en que empiezan a correr los términos, que puede verse afectado si se demuestra que el destinatario no recibió el mensaje.

3️⃣ La nulidad es el escenario para debatir la recepción

La efectividad del enteramiento se discute en el trámite de nulidad, no en la etapa inicial del proceso. Allí cobran importancia las pruebas que las partes aporten para demostrar la recepción o su ausencia.

4️⃣ Quien alega la irregularidad debe probarla y su juramento no basta

Rige el régimen general de las nulidades procesales y el deber de cada parte de probar los supuestos de hecho de sus afirmaciones. La manifestación bajo juramento no lo exime de demostrar el vicio alegado.

5️⃣ Negar la recepción de un mensaje determinado no es una negación indefinida
Afirmar que no llegó un correo enviado en un día, una hora y un buzón concretos es una negación apenas aparente, susceptible de prueba. Como no existe prueba solemne, rige la libertad probatoria: cualquier medio lícito, conducente y pertinente, como la muestra de los correos de la bandeja de entrada, el informe del servidor, capturas de pantalla, audios o videograbaciones.

⚖️ Decisión de la Corte

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, negó el amparo al considerar que la decisión del tribunal fue razonable y no arbitraria, y que el accionante solo proponía una interpretación distinta.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que la presunción de notificación derivada del envío no es irrebatible, pero que quien la controvierte debe demostrar con prueba concreta que el mensaje no llegó, sin que baste su juramento. Insiste también en que la tutela no es una instancia paralela para reabrir el debate probatorio. Queda sin precisarse qué grado de prueba es suficiente para desvirtuar la presunción, y si exigir informes del proveedor del correo no puede resultar una carga de difícil cumplimiento para el destinatario, pues la Corte se limitó a verificar que la decisión del juez ordinario fuera razonable.

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25/10/2026

Gravedad de los delitos y desprecio por la ley exigen enviar mensaje de intolerancia institucional frente a estas conductas.

25/10/2026

🧑🏻‍⚖️ Civil 🧑🏻‍⚖️: Prescrita la acción cambiaria, la hipoteca desaparece si no se prueba otra obligación vigente y exigible que la sostenga.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de tutela proferida recientemente, ha abordado el problema jurídico relacionado con los efectos de la prescripción de la acción cambiaria sobre la garantía hipotecaria, así como con la carga de demostrar una obligación principal subsistente y con los límites del control constitucional frente a la interpretación del juez ordinario.

🎙️ Síntesis de los hechos

Una sociedad promovió un proceso ejecutivo para la efectividad de la garantía real, con base en un pagaré y en una escritura pública de hipoteca abierta. El juzgado de primera instancia declaró probada la prescripción de la acción cambiaria, pero se abstuvo de extinguir la hipoteca, al considerar que la acreedora conservaba otros mecanismos para reclamar la deuda. La deudora apeló únicamente ese punto, y el juzgado del circuito modificó el fallo: concluyó que no se acreditó una obligación autónoma, vigente y exigible distinta de la incorporada en el pagaré, declaró extinguida la hipoteca y ordenó su cancelación registral. La sociedad acudió a la tutela por defecto fáctico y sustantivo, sosteniendo que el pagaré era apenas uno de los instrumentos de una única operación de financiación de vivienda pactada a nueve años. El tribunal negó el amparo y la accionante impugnó.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ La hipoteca es un derecho real accesorio y no puede subsistir sola

Conforme a los artículos 65 y 1499 del Código Civil, la garantía existe para asegurar una obligación principal. Si esta se extingue, desaparece la hipoteca de pleno derecho, y la función del juez se limita a constatar esa extinción, declararla y ordenar la cancelación registral.

2️⃣ La acción hipotecaria prescribe con la obligación a la que accede

Los artículos 2457 y 2537 del Código Civil consagran que la hipoteca se extingue junto con la obligación garantizada. Por eso, una vez declarada la prescripción de la acción cambiaria, corresponde examinar si existe otra prestación que justifique mantener el gravamen.

3️⃣ La prescripción del título valor repercute en la obligación originaria

Según el artículo 789 del Código de Comercio, la acción cambiaria directa prescribe en tres años contados desde el vencimiento. Conforme al artículo 882 del mismo código, la obligación originaria se extingue cuando el acreedor deja prescribir o caducar el título valor recibido para su pago.

4️⃣ Quien pretende conservar la garantía debe probar otra obligación vigente, cierta y exigible

No basta afirmar que el acreedor dispone de otros mecanismos judiciales de cobro.

Mantener indefinidamente el gravamen sobre la base de una expectativa eventual o abstracta de cobro futuro no es jurídicamente admisible.

5️⃣ La extinción de la hipoteca puede resolverse como excepción de mérito dentro del ejecutivo

No es atendible remitirla a un proceso independiente cuando fue propuesta como excepción en el mismo proceso ejecutivo. Además, quien alega que varios documentos integran una sola operación de financiación debe precisar qué hecho concreto de esas pruebas demostraría una obligación principal subsistente. El mero desacuerdo con la interpretación razonable del juez no configura vía de hecho.

⚖️ Decisión de la Corte

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, confirmó el fallo que negó el amparo: la tutela era improcedente por incuria frente a la prescripción cambiaria no apelada, y la decisión que extinguió la hipoteca no fue arbitraria.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que la hipoteca sigue la suerte de la obligación principal: declarada la prescripción de la acción cambiaria, el acreedor que quiera conservar la garantía debe demostrar otra obligación vigente y exigible que la respalde. También deja una lección práctica: quien no apela la declaratoria de prescripción difícilmente podrá discutirla luego por vía de tutela. Queda sin resolver, de fondo, si el pagaré agota la relación obligacional o es solo uno de los instrumentos de una operación de financiación a largo plazo con una obligación subsistente. La Corte no entró en esa discusión, pues concluyó que, aun aceptando esa premisa, la accionante no precisó qué hecho concreto la sustentaba.

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25/10/2026

🧑‍🧑‍🧒 Familia 🧑‍🧑‍🧒: Haber adquirido una deuda durante la sociedad conyugal no basta para inventariarla como pasivo social.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia de tutela proferida recientemente, ha abordado el problema jurídico relacionado con los requisitos para inventariar obligaciones bancarias como pasivo social y para reconocer recompensas derivadas de su pago, así como con los límites del control constitucional sobre la valoración probatoria del juez ordinario.

🎙️ Síntesis de los hechos

En un proceso de liquidación de sociedad conyugal, uno de los excónyuges relacionó como pasivo social dos tarjetas de crédito y un crédito de consumo rotativo, adquiridos durante la vigencia de la sociedad. El otro excónyuge objetó las partidas por considerarlas obligaciones personales. El juzgado las excluyó, junto con las recompensas derivadas de sus pagos, y el tribunal superior confirmó esa exclusión al estimar que no se probó el destino de los recursos y que algunas deudas ya estaban canceladas. Inconforme, el excónyuge acudió a la tutela, alegando violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad, una indebida inversión de la carga de la prueba y una errónea valoración de los soportes aportados.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ La adquisición durante la vigencia de la sociedad conyugal es necesaria, pero no suficiente

La fecha de contratación de la obligación es un indicio de socialidad, no una prueba de ella. Debe establecerse que la deuda benefició a la sociedad o a la familia, y no exclusivamente a uno de los cónyuges.

2️⃣ La inclusión en el pasivo exige formalidades

La partida debe constar en título ejecutivo y no ser objetada, o ser aceptada expresamente por la contraparte. Si hay objeción, la discusión se traslada al terreno probatorio.

3️⃣ La posición probatoria de quien contrajo la deuda incide en la distribución de la carga

Aunque la regla general apunta a que quien pretende excluir la deuda acredite el beneficio exclusivo de un cónyuge, el juez puede valorar quién estaba en mejor condición de demostrar el destino de los recursos. Quien contrató el producto financiero conserva, por lo general, el acceso a los soportes que lo explican.

4️⃣ El destino de los recursos exige soportes descriptivos y no meras certificaciones

Los extractos con conceptos genéricos y las certificaciones de saldo no permiten inferir que los consumos satisficieron necesidades familiares. Los movimientos posteriores a la disolución tampoco se presumen sociales, y las operaciones de refinanciación deben vincularse probatoriamente con la obligación original.

5️⃣ La obligación debe ser actualmente exigible, y su exclusión arrastra la de las recompensas derivadas

Conforme al artículo 501 del Código General del Proceso, la deuda debe ser clara, expresa y exigible. Si el propio interesado afirma que fue cancelada, no puede inventariarse, y la recompensa por los pagos asociados queda sin sustento en el inventario.

⚖️ Decisión de la Corte

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, negó el amparo al considerar que la decisión del juez ordinario no era irrazonable y que el juez constitucional no actúa como autoridad de instancia.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que el pasivo social no se presume por el solo hecho de que la deuda nació durante la sociedad conyugal: debe cumplir formalidades, ser exigible y contar con prueba del destino familiar de los recursos. Además, deja claro que la tutela no es el escenario para reabrir la valoración probatoria, salvo vulneración superlativa de derechos. Queda sin resolver, de fondo, la discusión sobre cómo se distribuye la carga probatoria entre quien reclama y quien objeta la deuda, pues la Corte se limitó a declarar que la postura del juez ordinario era razonable.

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24/10/2026

🧑🏻‍⚖️ Civil 🧑🏻‍⚖️: La promesa de compraventa no acredita por sí sola la posesión necesaria para levantar el embargo y secuestro de un inmueble.

La Sala Unica de un Tribunal Superior del Distrito Judicial, a través de auto notificado el 22 de octubre de 2026, analizó si la promesa de compraventa y otros elementos probatorios permiten acreditar la posesión material de un inmueble y obtener el levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro, o si resulta indispensable demostrar los elementos constitutivos de la posesión conforme al artículo 762 del Código Civil y al numeral 8 del artículo 597 del Código General del Proceso.

🎙️ Síntesis de los hechos

En un proceso ejecutivo hipotecario, un tercero solicitó el levantamiento del embargo y secuestro de un inmueble, alegando que ejercía la posesión material sobre este. Para respaldar su petición, aportó contratos de arrendamiento, recibos de servicios públicos, facturas de materiales de construcción, fotografías y declaraciones testimoniales, además de invocar una promesa de compraventa. El juzgado negó la solicitud al considerar que las pruebas presentaban inconsistencias y no demostraban la posesión anterior a la práctica del secuestro. El interesado apeló, argumentando que la Ley 1183 de 2008 flexibilizaba la acreditación de la posesión de determinados inmuebles y que la promesa de compraventa constituía un título aparente suficiente para demostrarla.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ La posesión como requisito para levantar las cautelas.

El numeral 8 del artículo 597 del Código General del Proceso exige demostrar la posesión material del inmueble al momento de perfeccionarse la medida cautelar. La carga probatoria corresponde a quien solicita su levantamiento, conforme al artículo 167 del mismo código.

2️⃣ Los elementos constitutivos de la posesión.

El artículo 762 del Código Civil exige la concurrencia del corpus, entendido como el poder material sobre el bien, y el animus domini, consistente en la intención de actuar como señor y dueño sin reconocer dominio ajeno.

3️⃣ El alcance de la Ley 1183 de 2008.

Esta normativa no eliminó los requisitos civiles de la posesión ni estableció una excepción general a su régimen probatorio. Su finalidad es facilitar la formalización de determinados inmuebles urbanos de interés social, sin eximir al interesado de demostrar los actos posesorios correspondientes.

4️⃣ La insuficiencia de la promesa de compraventa.

La sola invocación de una promesa como título aparente no demuestra la posesión. Es necesario acreditar actos públicos, inequívocos y autónomos de dominio. Además, el artículo 1611 del Código Civil exige que la promesa de celebrar un contrato conste por escrito para producir los efectos jurídicos previstos legalmente.

5️⃣ La valoración conjunta de las pruebas.

Los contratos de arrendamiento, recibos de servicios públicos, facturas, fotografías y testimonios deben permitir identificar el inmueble y demostrar actos posesorios anteriores a la cautela. La ocupación material, el pago de servicios o las reparaciones, considerados aisladamente, no acreditan necesariamente el ánimo de señor y dueño.

⚖️ Decisión del Tribunal

El Tribunal confirmó la decisión que negó el levantamiento del embargo y secuestro, al concluir que no se acreditaron suficientemente los elementos de la posesión material. También condenó en costas de segunda instancia al recurrente.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que el levantamiento de las medidas cautelares sobre un inmueble exige demostrar una posesión material anterior a la práctica de la cautela, integrada tanto por el ejercicio efectivo de poder sobre el bien como por el ánimo de señor y dueño. La promesa de compraventa no sustituye esa carga probatoria ni convierte automáticamente al interesado en poseedor. Por ello, los documentos, testimonios y demás elementos de convicción deben valorarse conjuntamente para establecer la existencia de actos posesorios autónomos, inequívocos y temporalmente anteriores al embargo y secuestro. Esta exigencia permite proteger los derechos de terceros sin debilitar la eficacia de las medidas cautelares decretadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

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24/10/2026

🧑🏻‍⚖️ Procesal 🧑🏻‍⚖️: La falta de publicación del contenido de la valla en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia genera una nulidad que el juez puede declarar de oficio.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de auto notificado el 23 de octubre de 2026, analizó si en un proceso verbal de pertenencia la ausencia de inclusión del contenido de la valla en el registro público correspondiente configura una nulidad declarable de oficio, aun cuando el asunto llegó a segunda instancia solo para decidir sobre la admisión de una apelación. También estudió el alcance de esa nulidad y las medidas de saneamiento que debe adoptar el juzgado de origen.

🎙️ Síntesis de los hechos

Una demandante promovió un proceso de pertenencia sobre un inmueble. El juzgado admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de las personas indeterminadas. Las fotografías de la valla se incorporaron al expediente en agosto de 2024, pero el despacho no las valoró ni dispuso la inclusión de su contenido en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia. Además, el video de la inspección judicial practicada en agosto de 2024 duraba cerca de cuatro minutos y no correspondía al acta del mismo acto. El juzgado dictó sentencia en audiencia el 24 de septiembre de 2026 y la demandante apeló. Antes de admitir el recurso, el Tribunal revisó el expediente y la consulta en el registro público: solo constaba el emplazamiento del auto admisorio, sin el contenido de la valla.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ El emplazamiento de las personas indeterminadas es una garantía esencial en la pertenencia.

El artículo 375 del Código General del Proceso, en sus numerales 6 y 7, ordena emplazar a quienes se crean con derechos sobre el bien, porque la declaración de pertenencia produce efectos erga omnes.

2️⃣ La valla tiene un contenido legal obligatorio.

Debe indicar el juzgado, el nombre del demandante y del demandado, la radicación, que se trata de un proceso de pertenencia, el emplazamiento de quienes se crean con derechos y la identificación del predio.

3️⃣ La publicación no se agota con instalar la valla.

Una vez inscrita la demanda y aportadas las fotografías, el juez debe ordenar la inclusión de su contenido en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia. Aportar las fotografías sin proveer sobre ellas no cumple la exigencia legal.

4️⃣ Los registros nacionales son públicos y buscan el acceso a la información.

El Acuerdo PSAA14-10118 de 2014 los dispone para consulta general en la página web de la Rama Judicial, de modo que cualquier interesado pueda ubicar el proceso en el que es convocado. Así se materializa el derecho de contradicción y defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

5️⃣ La nulidad por indebido emplazamiento puede declararse de oficio y debe ser proporcional.

Con fundamento en el artículo 61, el numeral 8 del artículo 133 y el inciso final del artículo 134 del Código General del Proceso, el juez puede declarar la nulidad aunque ninguna parte la alegue. Debe limitarla al acto viciado y a los posteriores que dependan de él, y puede conservar las pruebas respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirlas.

⚖️ Decisión del Tribunal

El Tribunal declaró de oficio la nulidad de lo actuado desde la sentencia de primera instancia, inclusive, y devolvió el expediente al juzgado de origen para que realice los registros de emplazamiento, publique el contenido de la valla y adecue el expediente, en especial con la inspección judicial. Las pruebas practicadas conservan validez frente a quienes pudieron controvertirlas.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que, en la pertenencia, el emplazamiento de las personas indeterminadas es una garantía de publicidad cuyo cumplimiento debe constar en el expediente y en el registro público. Una sentencia dictada sin acreditar la publicación del contenido de la valla desconoce el debido proceso y el derecho de defensa de quienes podrían oponerse a una declaración con efectos frente a todos. Al declarar la nulidad desde la sentencia y no desde el inicio del proceso, el Tribunal equilibra la protección de esas garantías con la economía procesal, conserva las pruebas válidas y evita repetir actuaciones que no tuvieron falencias. La decisión recuerda a los jueces de instancia que cada incorporación de fotografías de la valla exige un pronunciamiento expreso y la verificación del registro, y que el expediente debe estar completo y ser consultable.

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24/10/2026

🧑🏻‍⚖️ Civil 🧑🏻‍⚖️: Que los vehículos hayan sido movidos antes de la llegada de la autoridad no le resta valor probatorio al croquis de tránsito.

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, a través de sentencia STC19989-2026, ha abordado el problema jurídico relacionado con el valor probatorio del informe policial y del croquis en un accidente de tránsito cuando la escena fue alterada, así como con los límites del control constitucional sobre la valoración probatoria del juez ordinario.

🎙️ Síntesis de los hechos

En un proceso de responsabilidad civil extracontractual, la madre de un motociclista fallecido en un accidente de tránsito, junto con otros demandantes, reclamó indemnización a la empresa transportadora, a la aseguradora y al conductor de un microbús. El juzgado negó las pretensiones al encontrar probadas la culpa exclusiva de la víctima y el hecho determinante de un tercero, y el tribunal superior confirmó esa decisión. Inconforme, la madre acudió a la tutela, alegando que el informe y el croquis se elaboraron con los vehículos y las víctimas ya retirados, que se basaron en suposiciones y relatos de terceros, y que se desconoció su situación de vulnerabilidad.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ La alteración de la escena no invalida por sí sola el croquis

Que los vehículos o los lesionados hayan sido movidos antes de la llegada de la autoridad es una circunstancia connatural a este tipo de procedimientos. Por sí sola, no desvirtúa el valor del documento.

2️⃣ El croquis es un documento público de alcance técnico y descriptivo

Está sometido a contradicción y a la libre apreciación del juez. Que el agente de tránsito no haya presenciado el accidente y lo haya documentado después no constituye irregularidad. Es el actuar ordinario y reglado de la autoridad, que debe hacer las anotaciones de rigor, levantar el informe y formular una hipótesis razonable según la evidencia objetivamente hallada.

3️⃣ La posición final de los vehículos no puede ser la única base de la reconstrucción

Cuando está acreditado que los vehículos fueron movidos, la carga probatoria no puede descansar exclusivamente en su ubicación final. Se exige un análisis conjunto e integral de los distintos medios de prueba bajo las reglas de la sana crítica.

4️⃣ La hipótesis del informe debe estar respaldada por elementos objetivos

Para que no se reduzca a una suposición, debe apoyarse en evidencia verificable más allá de la versión de una de las partes. Son ejemplos la ubicación de los daños en los vehículos, la posición registrada en video, las lesiones constatadas en la historia clínica, el acta de inspección, el informe de policía judicial y la declaración del agente que atendió el hecho.

5️⃣ Quien controvierte la hipótesis debe desvirtuarla con prueba idónea

Las afirmaciones de personas que no presenciaron los hechos no bastan para sostener una invasión de carril o la falta de distancia prudente. Se requieren testigos presenciales con capacidad real de reconstruir la dinámica del siniestro o estudios periciales con rigor técnico y científico. Además, la presunción de responsabilidad por actividad peligrosa cede ante la demostración de una causa extraña.

⚖️ Decisión de la Corte

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, negó el amparo al considerar que el tribunal accionado valoró razonablemente un conjunto de pruebas objetivas y que la accionante solo proponía una valoración probatoria distinta, lo cual no habilita la intervención del juez constitucional.

🔎 Conclusión

La providencia reafirma que la alteración de la escena de un accidente no priva de valor probatorio al informe policial ni al croquis, siempre que su contenido se contraste con otros medios de prueba objetivos y se valore conforme a la sana crítica. También deja claro que quien pretende desvirtuar la hipótesis de la autoridad debe aportar prueba idónea, como testimonios presenciales o dictámenes periciales, y que la tutela no es el escenario para reabrir el debate probatorio. Queda sin precisarse si, ante una escena alterada, la prueba pericial es indispensable para controvertir el croquis, pues la Corte se limitó a verificar que la valoración del juez ordinario era razonable.

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24/10/2026

🧑‍🧑‍🧒 Familia 🧑‍🧑‍🧒: La incorporación de un proceso ejecutivo a la sucesión no define la inclusión del crédito en el pasivo sucesoral.

La Sala de Familia de un Tribunal Superior del Distrito Judicial, a través de auto notificado el 23 de octubre de 2026, examinó la procedencia del recurso de apelación contra una providencia que negó la incorporación de un proceso ejecutivo independiente al trámite de una sucesión, delimitando además la oportunidad procesal para discutir pasivos y reconocer acreedores.

🎙️ Síntesis de los hechos

Dentro de un proceso de sucesión intestada, el apoderado de la cónyuge sobreviviente y de algunos herederos relacionó una letra de cambio y sus intereses como pasivo en la audiencia de inventarios y avalúos, la cual fue objetada por el demandante. Posteriormente, un tercero solicitó ordenar la inclusión de un proceso ejecutivo de mínima cuantía adelantado ante otro despacho judicial aportando el mandamiento de pago. El juzgado de primera instancia negó dicha incorporación al considerar superada la oportunidad para incluir pasivos y señalar que la interesada adelantaba un proceso ejecutivo separado. Intersados interpusieron recursos de reposición y apelación, los cuales fueron concedidos en el efecto devolutivo, correspondiendo al superior examinar su procedencia a la luz de las normas procesales.

📌 Aspectos relevantes

1️⃣ El principio de taxatividad en la apelación de autos.

La concesión de un recurso por parte del juez de primera instancia no crea una vía de impugnación que la ley no contempla; el superior debe verificar obligatoriamente su procedencia conforme al artículo 321 del Código General del Proceso.

2️⃣ Diferencia sustancial entre el cobro ejecutivo y la objeción de inventarios.

Un proceso ejecutivo persigue el cobro judicial de una obligación, mientras que en la sucesión se debe determinar si la acreencia integra el pasivo inventariado, tratándose de cuestiones procesales independientes.

3️⃣ Alcance estricto de las causales de impugnación.

Negar la incorporación de un expediente judicial independiente no equivale a resolver las objeciones a los inventarios ni constituye un auto que decida de fondo sobre la exclusión definitiva del pasivo bajo las reglas del artículo 501 del Código General del Proceso.

4️⃣ Inadmisibilidad de pretensiones extemporáneas en los recursos.

El reconocimiento de terceros como intervinientes o acreedores no puede debatirse por primera vez mediante la interposición de recursos contra un auto que no resolvió sobre dicho tópico.

5️⃣ Competencia del juzgador de origen.

Las controversias sobre pasivos debidamente denunciados y las solicitudes de intervención pendientes deben ser resueltas por el juez de primera instancia en la oportunidad procesal correspondiente, sin que el superior adelante pronunciamientos de fondo ajenos al objeto de la providencia impugnada.

⚖️ Decisión del Tribunal

El Tribunal declaró inadmisibles los recursos de apelación concedidos contra el auto que negó la incorporación del proceso ejecutivo, al tratarse de una providencia no susceptible de alzada conforme al artículo 321 del Código General del Proceso. Advirtió que la decisión no resuelve las objeciones pendientes sobre el pasivo ni la solicitud de intervención, las cuales corresponden al juez de origen. Sin condena en costas.

🔎 Conclusión

La providencia ratifica que la intervención y el reconocimiento de acreedores, así como la discusión de pasivos en el trámite sucesoral, están sometidos a cauces procedimentales específicos que no pueden suplirse mediante la simple solicitud de incorporar expedientes ejecutivos externos. El principio de taxatividad de los recursos impide extender la alzada a providencias que se limitan a rechazar acumulaciones o incorporaciones improcedentes, salvaguardando la competencia del juez de primera instancia para resolver de fondo las objeciones surgidas en la etapa de inventarios y avalúos bajo las directrices del estatuto procesal.

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23/10/2026

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SIMULACIÓN ABSOLUTA DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y VALORACIÓN CONJUNTA DE INDICIOS PARA DEMOSTRAR EL ACUERDO SIMULATORIO.

Los demandantes promovieron proceso de simulación para que se declarara que la compraventa de un inmueble denominado Lote #1 Miracely, celebrada mediante escritura pública del 12 de junio de 2008 entre Alejandro César Anaya López y varios de sus hijos, era absolutamente simulada. Sostuvieron que la operación fue utilizada para sustraer el inmueble de la masa sucesoral y evitar que otros hijos del causante participaran en la herencia. Subsidiariamente solicitaron que se reconociera una simulación relativa, bajo la consideración de que realmente se había realizado una donación. Los demandantes fundamentaron la simulación, entre otros aspectos, en el parentesco entre los contratantes, la ausencia de una necesidad real de vender, la falta de acreditación efectiva del pago del precio, la permanencia del vendedor en la posesión del inmueble, el ocultamiento de la negociación y las circunstancias particulares del testamento otorgado posteriormente.

El juez de primera instancia declaró absolutamente simulado el contrato y ordenó la restitución del inmueble, además del pago de frutos civiles. El Tribunal Superior de Montería confirmó la declaración de simulación, pero revocó la condena de $2.220.560.077 por frutos civiles, al considerar que el juramento estimatorio no demostraba por sí mismo la existencia del daño o de los frutos reclamados. La Corte Suprema mantuvo la decisión. Explicó que la simulación debe demostrarse mediante un análisis conjunto de los elementos probatorios y que los indicios graves, precisos, concordantes y convergentes pueden conducir a establecer la existencia del acuerdo simulatorio.

Entre los comportamientos que pueden resultar indicativos de simulación están la ausencia de una verdadera necesidad de vender, la falta de acreditación del pago, la inexistencia de una entrega efectiva del bien, las relaciones cercanas entre los contratantes, las cláusulas inusuales y la existencia de una posible causa simulandi. Además, la Corte precisó que los frutos, mejoras e indemnizaciones deben estar efectivamente acreditados, pues el juramento estimatorio permite establecer el quantum, pero no sustituye la prueba de la existencia del concepto reclamado. Finalmente, la Corte NO CASÓ la sentencia del Tribunal Superior de Montería y no impuso costas.

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