20/12/2011
UN NUEVO DERECHO
En la revista Consigna, hace 10 años señalábamos que la “judicialización de la política”, o, la “politización de la justicia” eran frases casi prohibidas dentro del catecismo de la Revolución Francesa, caracterizado por la ‘supremacía’ del Poder Legislativo.
Sin embargo, con el paso del tiempo ha dejado de ser blasfemo aceptar que la función judicial sí tiene ‘núcleo político’.
Se ha ido creando un ‘nuevo derecho’ tras los avances impresionantes de la ciencia: la biología, en primer lugar. Una ‘revolución gradualizada’ de muchas normas e instituciones que se consideraban intocables. Con cierta irreverencia podría afirmarse que el portentoso esquema del señor Montesquieu empieza a tambalear y a demandar una reingeniería de verdad.
Hoy advertimos tres corrientes muy bien identificadas: la una, defendiendo la ‘invasión’ o ‘expansión’ de la justicia, y la otra haciendo ‘exorcismos’ sobre los peligros que traería consigo el ‘gobierno de los jueces’ y, por consiguiente, partidaria de retornar el poder judicial a sus antiguas competencias. Y otra, menos polarizada, haciendo las veces de ‘tercera vía’.
En aquel entonces escuchamos, en la Tadeo, brillantes intervenciones de López Michelsen, De la Calle, Carlos Gaviria, Sáchica, Peces Barba, Baltasar Garzón, M. J. Cepeda y Hernando Yepes. Personalmente, optamos por la posición asumida por el jurista italiano Carlo Guarnieri en su célebre libro Los jueces y la política, cuando afirma citando a Peltason, que “la separación del sistema judicial del político sólo es relativa (...), lo que distingue a los actores judiciales de los políticos no es que estén fuera del sistema, sino que están vinculados a él de un modo distinto”.
El descaecimiento de la institución parlamentaria, agravada por la incompetencia y deshonestidad de algunos de sus miembros, ha venido acelerando la refundación del concepto tradicional de Estado con el fin de hacerlo más moderno, fuerte, eficiente: obviamente, con justicia social y derechos humanos.
Y es aquí donde el Poder Judicial puede y debe jugar un rol trascendental. Naturalmente, con los diques necesarios –severas limitaciones en su radio de acción, selección rigurosa de sus miembros y estricto profesionalismo– que evite aquellos desbordamientos que podrían degenerar en ‘dictadura judicial’, ‘populismo judicial’, o, lo que sería peor, convertir al magistrado en ‘factótum’ de cuanto conflicto surja en la vida comunitaria.
La intervención de la magistratura en el cambio es un hecho político, social y económico.
De lo que se trata es de regular y fijar funciones que sirvan de contrapeso entre los tres poderes y garantice conexiones interinstitucionales adecuadas. En la era del genoma y de la guerra terrorista, carece de toda validez seguir caminando con los ojos vendados.
